En 2005, la Ley de Hidrocarburos 3058, promulgada por el presidente de la época, Hormando Vaca Díez, aprobó la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con una tasa equivalente al 32% sobre el valor producido, ello asociado al 18% de regalías. Algunos campos en Bolivia podían (y pueden) soportar este impuesto, pero para otros (pequeños o medianos) la situación es poco rentable.
Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.
La nacionalización
En 2006, el presidente Evo Morales Ayma aprobó un decreto supremo que obligó a las empresas a renegociar contratos de exploración y explotación. Resultado de dicha negociación, el Estado logró una participación adicional en la renta de los hidrocarburos, manteniendo lo establecido en la Ley 3058. Gobierno y empresas petroleras se sentaron alrededor de una mesa y acordaron tablas (distintas según cada contrato) de participación para YPFB en función a la recuperación de la inversión y del nivel de producción. Naturalmente, en los campos pequeños y medianos la renegociación de contratos fue menos agresiva, donde en lugar del 40% se tuvieron porcentajes mucho menores, llegando incluso al 1%.
Los porcentajes de participación estatal. Si solo tomamos en cuenta los campos grandes (solo hay cuatro en Bolivia) y consideramos el área neta de costos como un 100%, el Estado obtiene el
87%; pero si consideramos el 100% de los ingresos brutos en boca de pozo, lo que para unos es un 87% para otros es un 67%, lo curioso es que cuando se dijo que se intercambiaría (gracias al proceso de nacionalización) la relación 18%-82% a 82%-18% se hablaba del porcentaje sobre el ingreso bruto
¿Quiénes se benefician de estos porcentajes? La nacionalización genera recursos a YPFB (que dicho sea de paso, alcanzan los $us 1.000 millones por año), pero el 50% beneficia a otros.
Si eliminamos el porcentaje de la nacionalización, realmente no se afectarán los ingresos de municipios, gobernaciones, fondo indígena, etc.
El problema en nuestro país es la poca progresividad de la participación estatal en la renta petrolera.
Como usualmente lo digo, pensar que todo el sector de hidrocarburos puede pagar un 50% o más, es como querer que todos los bolivianos tengan la misma talla de terno (traje de saco y pantalón) para los pequeños (como yo) les quedará grande, a los altos les quedará pequeño... un sistema tributario progresivo, es tener un ‘traje a medida’
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