La empresa Full Industry, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compró durante la gestión de Santos Ramírez para convertirla en Servicios e Industrias Petroleras SA (YPFB-SIPSA), estaba en posible quiebra técnica. Ésta es una de las razones por las que la estatal presentó una segunda querella contra Santos Ramírez Valverde.
La semana pasada, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció en Santa Cruz que presentaría una segunda querella criminal contra el ex ejecutivo de la estatal petrolera Santos Ramírez y sus colaboradores, por la conformación de YPFB-SIPSA.
A través de una nota de prensa, la estatal informó que la demanda ya fue presentada “por la compra del 100% del paquete accionario de la empresa Full Industry, que ocasionó daño económico al Estado boliviano y que contraviene el Decreto Supremo 29272 (2007)”, del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La primera querella contra Ramírez fue por irregularidades en la firma del contrato con el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
La segunda acción legal se extiende a Misael Gemio, Esther Carmona, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery, que intervinieron en el hecho calificado por Villegas como delictuoso.
La documentación entregada al Ministerio Público ofrece una serie de pruebas, entre las que se señala que cuando se compró las 220 acciones de Full Industry, ésta no contaba con experiencia específica en el rubro petrolero.
Según el informe de YPFB, la empresa atravesaba una posible quiebra técnica, se dedicaba solamente a la recalificación de garrafas y con un incremento de Bs 26.000 pasó a constituirse en una empresa calificada para perforación de pozos, exploración, mantenimiento, equipamiento de campos petrolíferos y otros.
Además, la compañía YPFB-SIPSA, que se dedica a la recalificación de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y al servicio de perforación de pozos petroleros, no tiene infraestructura propia en Santa Cruz, ya que opera en el domicilio de su ex gerente Rogelio Ashimine, según informó el abogado del ex ejecutivo de SIPSA, Gerardo Morales.
De acuerdo con la querella presentada, se imputa a Santos Ramírez por conductas tipificadas en el Código Penal, como asociación delictuosa, malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
En la querella se señala que “de forma totalmente irregular se entregó a Lucy Barbery y Nilda Domínguez dos de las 220 acciones”. Añade que Ashimine y Rolando Aguado dispusieron de “forma discrecional el manejo de fondos de YPFB SIPSA, incluso después de la intervención de YPFB”, que comenzó el 31 de enero.
Demandan a Villegas por robo y allanamiento
El ex gerente de la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras SA) Rogelio Ashimine presentó una demanda en contra del presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y del comandante de la Policia cruceña, Franz Lea Plaza, por robo y allanamiento, entre otros, informó Gerardo Morales, abogado del ex ejecutivo.
Morales explicó que Villegas es el actor intelectual del ingreso violento de la Policía y funcionarios de Yacimientos a las oficinas de YPFB-SIPSA, de propiedad de su cliente, para llevarse maquinaria y documentos.
“La denuncia ya está (desde el 13 de febrero) en la Fiscalía y en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), por allanamiento, asociación delictuosa, robo agravado y atentado contra el derecho al trabajo”, sostuvo.
Morales señaló que a pesar de que YPFB es la propietaria del 99 por ciento de las acciones de SIPSA, no dio a esta empresa oficinas dentro de sus instalaciones, razón por la que Rogelio Ashimine, que fue nombrado gerente de YPFB-SIPSA por el directorio, operaba en su oficina particular.
“Por lo tanto, el domicilio es de una persona jurídica particular... La oficina es de Rogelio Ashmine”. Morales agregó que los efectivos ingresaron sin ninguna orden e hicieron allanamiento, con la sola expresión de que cumplían órdenes de Villegas.
La semana pasada, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció en Santa Cruz que presentaría una segunda querella criminal contra el ex ejecutivo de la estatal petrolera Santos Ramírez y sus colaboradores, por la conformación de YPFB-SIPSA.
A través de una nota de prensa, la estatal informó que la demanda ya fue presentada “por la compra del 100% del paquete accionario de la empresa Full Industry, que ocasionó daño económico al Estado boliviano y que contraviene el Decreto Supremo 29272 (2007)”, del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La primera querella contra Ramírez fue por irregularidades en la firma del contrato con el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
La segunda acción legal se extiende a Misael Gemio, Esther Carmona, Reynaldo Marín, Nelly Salvatierra, Rogelio Ashimine, Rolando Aguado, Nilda Domínguez y Lucy Barbery, que intervinieron en el hecho calificado por Villegas como delictuoso.
La documentación entregada al Ministerio Público ofrece una serie de pruebas, entre las que se señala que cuando se compró las 220 acciones de Full Industry, ésta no contaba con experiencia específica en el rubro petrolero.
Según el informe de YPFB, la empresa atravesaba una posible quiebra técnica, se dedicaba solamente a la recalificación de garrafas y con un incremento de Bs 26.000 pasó a constituirse en una empresa calificada para perforación de pozos, exploración, mantenimiento, equipamiento de campos petrolíferos y otros.
Además, la compañía YPFB-SIPSA, que se dedica a la recalificación de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y al servicio de perforación de pozos petroleros, no tiene infraestructura propia en Santa Cruz, ya que opera en el domicilio de su ex gerente Rogelio Ashimine, según informó el abogado del ex ejecutivo de SIPSA, Gerardo Morales.
De acuerdo con la querella presentada, se imputa a Santos Ramírez por conductas tipificadas en el Código Penal, como asociación delictuosa, malversación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
En la querella se señala que “de forma totalmente irregular se entregó a Lucy Barbery y Nilda Domínguez dos de las 220 acciones”. Añade que Ashimine y Rolando Aguado dispusieron de “forma discrecional el manejo de fondos de YPFB SIPSA, incluso después de la intervención de YPFB”, que comenzó el 31 de enero.
Demandan a Villegas por robo y allanamiento
El ex gerente de la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras SA) Rogelio Ashimine presentó una demanda en contra del presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y del comandante de la Policia cruceña, Franz Lea Plaza, por robo y allanamiento, entre otros, informó Gerardo Morales, abogado del ex ejecutivo.
Morales explicó que Villegas es el actor intelectual del ingreso violento de la Policía y funcionarios de Yacimientos a las oficinas de YPFB-SIPSA, de propiedad de su cliente, para llevarse maquinaria y documentos.
“La denuncia ya está (desde el 13 de febrero) en la Fiscalía y en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), por allanamiento, asociación delictuosa, robo agravado y atentado contra el derecho al trabajo”, sostuvo.
Morales señaló que a pesar de que YPFB es la propietaria del 99 por ciento de las acciones de SIPSA, no dio a esta empresa oficinas dentro de sus instalaciones, razón por la que Rogelio Ashimine, que fue nombrado gerente de YPFB-SIPSA por el directorio, operaba en su oficina particular.
“Por lo tanto, el domicilio es de una persona jurídica particular... La oficina es de Rogelio Ashmine”. Morales agregó que los efectivos ingresaron sin ninguna orden e hicieron allanamiento, con la sola expresión de que cumplían órdenes de Villegas.
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