Achá firmó incremento en Bs 417 millones al costo referencial para la compra de taladros

El 3 de junio de 2016, el Presidente interino de YPFB, firmó la modificación del precio referencial para la adquisición del equipamiento de exploración y explotación hidrocarburífera, que coincidió con el contrato para la compra de tres taladros a la italiana Drillmec.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en su calidad de máxima autoridad ejecutiva de la estatal, autorizó el incremento en 417,1 millones de bolivianos, el precio referencial para la adquisición del equipamiento de exploración y explotación hidrocarburífera, que contempló la adjudicación de tres taladros a la italiana Drillmec.

La denuncia la hizo conocer el senador Óscar Ortiz (UD) quien en conferencia de prensa mostró documentos de respaldo. “La resolución administrativa de YPFB del 3 de junio de 2016, por la cual el presidente interino de YPFB, Guillermo Achá autoriza el incremento del precio de referencia en 417,1 millones de bolivianos, es uno de los hechos más cuestionados de todo este proceso”, señaló.

Ortiz dijo que con este documento, no queda más duda del conocimiento que tenía Achá sobre el proceso de contratación de Drillmec, así no haya firmado el contrato como tal. “¿Cómo es que se elevó el precio de referencia en más de 60 millones de dólares?, y firma semejante resolución el señor Achá, lo que significa que tenía que tener conocimiento del proceso, nadie tomaría una decisión así sin haberse informado y conocer el proceso”, cuestionó.

La resolución administrativa 000200 del 3 de junio de 2016, señala que el Presidente ejecutivo interino de YPFB en uso de sus facultades resuelve, aprobar el incremento del costo del proyecto denominado “Equipamiento de exploración y explotación hidrocarburífera a nivel nacional” para maquinaria y vehículos de 820,9 millones de bolivianos a un costo reformulado de 1.238 millones de bolivianos; es decir, Bs 417,1 millones adicionales.

En cuanto al costo para los estudios complementarios y acompañamiento también aprobó el costo referencial de menos 10 mil bolivianos a los 6,9 millones de bolivianos aprobados con anterioridad.

Dicha resolución se justifica “en virtud al informe técnico GPC-05 DIC -063/2016 del 2 de junio de 2016 emitido por la Gerencia de Planificación Corporativa (GPC) es necesario el incremento del equipamiento de exploración y explotación hidrocarburífera a nivel nacional”.

De acuerdo a la GPC, se cuenta con el financiamiento asegurado para la viabilidad de la ejecución del proyecto, conforme a la certificación de recursos.

Sin embargo Ortiz insistió que Achá no sólo aprobó los costos referenciales, sino también fue designado por resolución 047/2016 del directorio de YPFB hacerse cargo de la ejecución del proceso. “El presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente”, señala el artículo segundo.

“El principal pecado es que personas que tienen semejante cuestionamiento a cargo de una empresa pública que administra miles de millones de dólares no pueden continuar a cargo de la empresa (…). El Ministro de Justicia ha dado un curso claro, que si bien no hay daño económico, puede haber ya que la solicitada de Drillmec es una advertencia que hace al Estado boliviano, porque se le dio orden de proceder”, manifestó.

A raíz del informe elaborado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Justicia denunció de manera formal a 15 funcionarios de YPFB y a un particular (de Drillmec) ante la Fiscalía General, de haber cometido varias irregularidades durante el proceso de contratación, entre los que figura un supuesto sobreprecio en la oferta de la italiana. Achá quedó fuera de la querella.

La compañía italiana por su parte señaló tanto a través de cartas dirigidas a YPFB y a la cancillería, y a través de solicitadas, que cumplió en “exceso” con los requisitos para presentarse a la convocatoria internacional, que desembolsó 80 millones de dólares a favor del Estado por concepto de boletas de garantía, y que defenderá en las instancias que correspondan la vigencia del contrato, por el cual se dio “orden de proceder” a la fabricación de taladros.