Achá culpa a 3 unidades de YPFB y rescinde contrato

En medio de una fuerte presión de los opositores e incluso del ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, y del responsable de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, ayer el presidente de la estatal anunció que rompió el contrato con la italiana Drillmec pese a indicar que él no lo firmó. Además, culpó a tres unidades por la adjudicación del millonario contrato ($us 148,8 millones) para adquirir tres taladros.

Aseguró que el despacho responsable de la transacción fue la Gerencia de Perforación, como unidad gestora que tramitó la compra y actuó en coordinación con la unidad Jurídica y la unidad Administrativa. De igual manera, formalizó la disolución del contrato con la empresa extranjera, pese a que él no firmó el documento.

A una semana de las denuncias, a las 11:15 de ayer, Achá brindó una conferencia en La Paz y admitió el incremento de $us 60 millones para la compra de los taladros. Argumentó que fue aprobado debido a que en la primera convocatoria solo se presentaron empresas ensambladoras, no fabricantes, que ofrecían montos por encima del precio referencial y no garantizaban los equipos, por lo que se decidió presentar una segunda licitación con mayor presupuesto.

“Para precautelar la garantía y operación continua de estos equipos, lo que se hizo fue pedir cotizaciones sobre fabricantes de equipos, por lo que derivó en este incremento de costo", agregó.
Las declaraciones del ejecutivo confirman las denuncias del senador opositor Óscar Ortiz, que el martes reveló documentación de la Resolución Administrativa 000200 de YPFB, fechada el 3 de junio de 2016, con la que Achá aprobó el aumento de $us 117 millones a 177 millones el costo del proyecto Equipamiento de Exploración y Explotación Hidrocarburífera a escala nacional, que incluye la compra de los tres equipos de perforación.

No obstante, Achá se defendió de estas acusaciones y afirmó que el ajuste en el precio se ejecutó dentro de lo que es el procedimiento y los reglamentos internos de YPFB. Sobre los cuestionamientos del Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Transparencia, aclaró que apunta al proceso de contratación.

Disolución del contrato
“Nosotros ya hemos hecho la disolución de este contrato, hemos notificado a la empresa Drillmec y esperaremos una respuesta oficial de esa instancia (empresa)", indicó el ejecutivo de YPFB, que atraviesa por uno de sus peores momentos desde que asumió el cargo.

Advirtió que YPFB tampoco asumirá los gastos realizados por Drillmec, que se adjudicó en febrero la provisión de tres taladros por $us 148,8 millones, en la construcción de estos equipos.
En caso de que Drillmec pudiera iniciar un litigio por la disolución del contrato, Achá señaló: “Nosotros tenemos las instancias correspondientes para defender a la empresa en este caso".

Achá recibió la advertencia el martes del Ministerio de Justicia de que debe asumir su responsabilidad por un probable daño económico al Estado. El Ministerio Público inició procesos en cambio a un vicepresidente de YPFB, a 15 funcionarios y al representante de la empresa petrolera, por presuntas irregularidades en el contrato.

Permanencia y boletas

Consultado sobre el pedido del senador Óscar Ortiz (UD) que sugirió su renuncia al cargo de presidente interino de YPFB y someterse al proceso de investigación que está en manos de la Fiscalía, Achá afirmó que su continuidad en el cargo depende de las instrucciones del presidente Evo.
Respecto a las garantías dijo: “El tema de las boletas de garantías no han sido oficialmente entregadas porque se ha cancelado la ejecución del contrato", señaló Achá, que deslindó responsabilidades sobre los $us 80 millones que depositó Drillmec por concepto de garantías, que deberá gestionar a través de los bancos.

Drillmec

La compañía italiana Drillmec, que se adjudicó la fabricación de tres equipos de perforación, reveló a través de una solicitada de prensa el 20 de abril que el titular de la estatal fue quien autorizó la fabricación de los taladros.
La anterior semana, Achá negó la versión, lo que reiteró ayer. “Esto no es así, lo hace la unidad gestora”, enfatizó.

El martes 18, el ministro de Justicia, Arce Zaconeta, presentó ante la Fiscalía General una denuncia contra 16 personas, una de ellas representante de la firma italiana, por la “compra irregular” de los tres equipos y demandó la disolución del contrato.