Economistas prevén una depresión económica con repartija de regalías

Los municipios, las subgobernaciones, los sectores sociales… En Tarija virtualmente todos piden un porcentaje de las regalías departamentales que se obtienen de la renta hidrocarburífera, sin embargo varios economistas consultados advierten que esta intención de repartirse los recursos económicos podría profundizar la recesión que vive el departamento hasta llegar a una depresión económica, al no haber un norte común de desarrollo.

En economía la depresión económica es la fase económica subsiguiente a la crisis, que se manifiesta por un incremento anormal del desempleo, la restricción del crédito, reducción de la producción y de la inversión, quiebras, falta de comercio e hiperinflación. Técnicamente se resume en la disminución del Producto Interno Bruto durante, al menos, seis meses seguidos
Para el economista José Luis Porcel, esta es la situación que se avizora si se accede a repartir porcentajes y no se deja conducir a la Gobernación el destino económico del departamento. Esto tomando en cuenta el contexto de crisis que persiste, a lo que se suma la emergencia de sectores sociales, municipios y subgobernaciones, más la presión que ejerce el Estado mediante débitos automáticos.
Actualmente Tarija recibe un 11 por ciento de lo que percibe Bolivia por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías de la exportación de hidrocarburos a países vecinos. Internamente esos ingresos se distribuyen en un 45 por ciento para la provincia Gran Chaco que consta de 3 municipios y 55 por ciento para el resto del departamento, donde existen 8 municipios. Modificar aún más este reparto interno, según Porcel, sería algo inconstitucional y conllevaría a dejar a la Gobernación como una entidad obsoleta.
“Lo que se ve son sectores y actores políticos que tratan de estrangular la actual gestión de la Gobernación. En caso de progresar, el panorama pasará de la recesión económica a la depresión económica, con índices de pobreza que aumentarán estrepitosamente, no habrá circulante y los problemas como la delincuencia y el comercio informal se agudizarían. En tres años los precios del petróleo no pasarán de 55 dólares, pero dividir los porcentajes crearía un escenario aún peor”, explicó.
Para el economista Luis Fernando García, la coyuntura actual da cuenta de que los sectores sociales, entidades gubernamentales y actores políticos toman a la renta petrolera como “un botín de guerra”, empero –señaló- llama la atención que si bien exponen que quieren porcentajes, no especifican técnicamente para qué, siendo su prioridad solamente manejar los porcentajes y acceder al poder político y económico que ello implicaría, panorama que, según el analista, profundizaría la crisis actual.
García expresó que en 10 años de bonanza económica no se han tenido resultados, pero tampoco se avizora una mejoría pues no se están aplicando correctamente los instrumentos políticos para lograrlo. En ese marco sostuvo que si tantos recursos no produjeron desarrollo concentrados, menos producirán si están desconcentrados pues se necesita de organización, planificación y objetivos claros para el departamento.
El asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza, indicó que se está entrando en una lógica peligrosa de coartar la renta departamental y sacarle los ingresos a la Gobernación por porcentajes, lo que no permite encarar las prioridades departamentales, subordinando los intereses generales a los de carácter particular.
Por su parte el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Fernando Barrientos, sostuvo que la situación surge por una crisis política que hace que los actores políticos del oficialismo, generen procesos de mucha sensibilidad social a título de reivindicación, siendo la estrategia el descuartizamiento del presupuesto para quebrar la unidad departamental, la institucionalidad y la gobernabilidad.

Se debe generar escenario de diálogo

Tanto economistas como autoridades consultadas, coincidieron en que llegó el momento de genera una instancia de dialogo departamental que derive en un pacto económico, que debe ser impulsado por la Asamblea Legislativa y la Gobernación. Sin embargo, el economista Porcel dijo que además es necesario en este proceso el rol que cumple la población, que eligió a un gobernante para que conduzca el destino del departamento y su unidad financiera, social y económica.