Cae empresario ligado a YPFB

Wilson Pastor Fernández Torrez, dueño de la empresa Boliq, que hasta hace poco prestaba servicios de transporte a YPFB, fue enviado el jueves al penal de Palmasola por un caso de 2015, cuando en una de sus cisternas que iba hacia Argentina se encontró 135 kilos de cocaína, informó ayer el diputado Tomás Monasterio.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, dijo que los contratistas son responsables de sus actos.

En conferencia de prensa realizada ayer en Santa Cruz, Monasterio dio la información con documentación en mano y recordó que, el 22 de julio de 2015, él mismo denunció este hecho y que, a partir de ese momento, el Ministerio Público actuó de oficio. Es por eso que el pasado jueves, finalmente, la jueza Ana Gloria Rojas determinó la detención preventiva de Fernández.

La incautación, equivalente a dos millones de dólares, fue hecha en 2015 por la Policía argentina.

Tomás Monasterio recordó también que es la segunda vez que se confirma que YPFB tiene vínculos con empresas ligadas al narcotráfico, puesto que tenía como contratista a José Luis Sejas Rosales, propietario de la empresa Creta SRL, quien, según información oficial, habría transportado 40 toneladas de droga a Argentina. En su momento, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que de las 90 cisternas de Sejas Rosales, 44 dieron positivo en las pruebas para verificar si tenían restos de sustancias controladas.

Monasterio, además, calificó como imperdonable el hecho de que Achá tenga una “actitud permisiva” con el narcotráfico porque “no hace nada por controlar, fiscalizar y hacer seguimiento” a las empresas que prestan servicios a la estatal petrolera.

En ese sentido, el diputado de Unidad Demócrata (UD) dijo que el presidente Evo Morales “está en la obligación de destituir” al titular de YPFB.

Por su parte, en otra conferencia de prensa, Achá explicó que el delito cometido por Boliq no tiene nada que ver con el contrato firmado con YPFB porque todas las empresas contratistas tienen la responsabilidad de sus actos y que a YPFB sólo le compete el tránsito de combustible.

Además, dijo que la cisterna a la que se le encontraron los 135 kilogramos de cocaína no estaba prestando servicio para YPFB en el momento de la requisa.

Sin embargo, agregó que al confirmar el delito de Boliq, a través del Ministerio de Gobierno, YPFB determinó poner fin al contrato con esa empresa. “No porque haya incumplido el contrato o porque haya cometido este ilícito, sino porque no podemos, con nuestra responsabilidad, tener una relación contractual con una empresa que cometa algún ilícito”, agregó.

Achá dijo que Monasterio, durante todo el año, ha tratado de involucrar a YPFB con delitos ligados al narcotráfico, sin embargo, aclaró que tales acusaciones son falsas.



MONASTERIO DENUNCIA PERSECUCIÓN

El asambleísta de UD, Tomás Monasterio, dijo que a raíz de las denuncias que hizo respecto a YPFB es víctima de un proceso y que se le han embargado sus bienes, anotado sus cuentas y propiedades, acciones que él considera una persecución política. Dijo que su intención no es manchar la imagen de YPFB, sino más bien lavar la imagen de la estatal.

En ese sentido, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró que “la mayor preocupación que él (Monasterio) debería tener es responder al proceso civil que le hemos abierto”, ya que fue declarado rebelde el pasado 6 de junio, cuando feneció el plazo que tenía para respaldar sus las acusaciones.