La principal socia de Transredes, TR Holding - que en pasadas horas endosó sus acciones a nombre de YPFB y que fue confirmado por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas-, presentó el arbitraje contra el Estado boliviano por la nacionalización y esa demanda será una de las prioridades del nuevo ministro de responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.
"Ayer (por el pasado jueves) conocimos con el presidente, Evo Morales, un anuncio de arbitraje (conocida como carta disparadora) que presentó la empresa TR Holding, que fue principal accionista de Transredes y que fue nacionalizada", confirmó Arce a una red de televisión nacional.
Dijo que ante ese anuncio y de similar posición de la empresa europea Eurotelecom, el Gobierno decidió crear una estructura de defensa de los intereses del Estado y encarar estos procesos arbitrales en tribunales internacionales.
Arce dijo que el país no aceptará la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) porque la decisión de retirarse de esa instancia fue asumida a fines de mayo de 2007.
Sin precisar nombres de empresas, el ministro Arce añadió: "Tenemos otros anuncios de procesos arbitrales que se están dando de acuerdo a los tratados bilaterales con algunas empresas".
En el Gobierno confirmaron esta información y manifestaron que esa fue una de las causas para acelerar la designación de Arce.
El 1 de mayo, el Gobierno decidió la compra del 2,62% de Transredes, porcentaje que le faltaba a YPFB para lograr la mayoría accionaria, sin embargo, el lunes 2 de junio el Ejecutivo determinó nacionalizar la totalidad de las acciones de TR Holding en el capital social de Transredes, puesto que el decreto del 1 de mayo establecía un plazo de 30 días para las negociaciones, acuerdos que no fueron posibles por la posición de las empresas que conforman TR Holding (Shell y Ashmore).
La autoridad afirmó que encararán el proceso con argumentos legales y jurídicos ya que, según sus explicaciones, el Estado, no adoptó pasos ilegales ni abusivos y que serán expuestos en los procesos a los que asistirá.
Sin embargo, los especialistas en el tema, Carlos Alberto López y Hugo de la Fuente alertan que Bolivia es vulnerable a tres temas: perder el arbitraje ante el Ciadi, ahuyentar las inversiones extranjeras y que a Transredes se le congelen los proyectos de financiamiento de los organismos como la CAF, el BID o el BM.
“Lo que está en cuestión son las cláusulas contractuales que establecen procesos de arbitraje que siguen vigentes y que son de aplicación a las partes que han suscrito ese contrato. En términos legales, se está en un terreno peligroso para tratar de defender la forma en la que se llevó adelante la nacionalización”, afirmó López
Para el ex Delegado Presidencial Para la Revisión y Mejora de la Capitalización, Francesco Zaratti, Arce debe pisar el acelerador para buscar un ‘arreglo amistoso’ antes de abrir la causa.
El presidente de Transredes, Gary Daher, señaló que no tenía información oficial, que las operaciones seguían con total normalidad y que no sabía de ninguna posible decisión de los organismos de congelar financiamientos.
En criterio de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), la firma TR Holding hizo uso de su derecho contractual al verse afectada.
Visión de los expertos
Ex del. pres. para la capitaliz.
Francesco Zaratti
Veo dos consecuencias. La directa es que Bolivia deberá defenderse ante un tribunal arbitral internacional en torno a la violación de acuerdos bilaterales de garantía de las inversiones debido a que la intervención de TR ha sido un acto unilateral. La indirecta es que esa clase de arbitraje afecta a mediano y largo plazo la credibilidad del país para recibir inversiones. Si el país sale airoso (trámite que puede durar años) sólo pagará el monto comprometido ($us 240 millones); si pierde, el monto puede ser muy superior. En todo caso, el país pierde credibilidad internacional.
Ex súper de Hidrocarburos
Hugo de la Fuente
El precedente latinoamericano (Argentina y Ecuador) nos muestra que las resoluciones del Ciadi han sido favorables a las empresas. Esa suerte puede correr Bolivia. El Estado tendrá un trabajo difícil. El nuevo ministro (Arce) tiene que rodearse de personal de primer nivel, de un bufet internacional de abogados que haya tenido esta experiencia. La vida no es tan fácil. Bolivia pertenecía al Ciadi y en el momento de haberse firmado el contrato con TR Holding y el Estado han establecido la jurisdicción del Ciadi, que puede congelar las cuentas externas de Transredes.
Privados: se pagará $us 500 millones
El Gobierno pagará $us 500 millones a transnacionales por la ‘recuperación’ de Transredes y Entel, en lugar de invertir ese monto en la construcción de escuelas y postas sanitarias, deplora el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),Gabriel Dabdoub.
El dirigente se expresó así al indicar que el Gobierno “se está organizando de una manera ordenada” con la creación del Ministerio de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, precisamente, para hacer frente a los millonarios problemas que puedan generar las nacionalizaciones de empresas.
En otro orden de temas, también se pudo conocer que la empresa petrolera Chaco aceptó cerrar la negociación iniciada con el Ejecutivo. / ANF/ MCH
"Ayer (por el pasado jueves) conocimos con el presidente, Evo Morales, un anuncio de arbitraje (conocida como carta disparadora) que presentó la empresa TR Holding, que fue principal accionista de Transredes y que fue nacionalizada", confirmó Arce a una red de televisión nacional.
Dijo que ante ese anuncio y de similar posición de la empresa europea Eurotelecom, el Gobierno decidió crear una estructura de defensa de los intereses del Estado y encarar estos procesos arbitrales en tribunales internacionales.
Arce dijo que el país no aceptará la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) porque la decisión de retirarse de esa instancia fue asumida a fines de mayo de 2007.
Sin precisar nombres de empresas, el ministro Arce añadió: "Tenemos otros anuncios de procesos arbitrales que se están dando de acuerdo a los tratados bilaterales con algunas empresas".
En el Gobierno confirmaron esta información y manifestaron que esa fue una de las causas para acelerar la designación de Arce.
El 1 de mayo, el Gobierno decidió la compra del 2,62% de Transredes, porcentaje que le faltaba a YPFB para lograr la mayoría accionaria, sin embargo, el lunes 2 de junio el Ejecutivo determinó nacionalizar la totalidad de las acciones de TR Holding en el capital social de Transredes, puesto que el decreto del 1 de mayo establecía un plazo de 30 días para las negociaciones, acuerdos que no fueron posibles por la posición de las empresas que conforman TR Holding (Shell y Ashmore).
La autoridad afirmó que encararán el proceso con argumentos legales y jurídicos ya que, según sus explicaciones, el Estado, no adoptó pasos ilegales ni abusivos y que serán expuestos en los procesos a los que asistirá.
Sin embargo, los especialistas en el tema, Carlos Alberto López y Hugo de la Fuente alertan que Bolivia es vulnerable a tres temas: perder el arbitraje ante el Ciadi, ahuyentar las inversiones extranjeras y que a Transredes se le congelen los proyectos de financiamiento de los organismos como la CAF, el BID o el BM.
“Lo que está en cuestión son las cláusulas contractuales que establecen procesos de arbitraje que siguen vigentes y que son de aplicación a las partes que han suscrito ese contrato. En términos legales, se está en un terreno peligroso para tratar de defender la forma en la que se llevó adelante la nacionalización”, afirmó López
Para el ex Delegado Presidencial Para la Revisión y Mejora de la Capitalización, Francesco Zaratti, Arce debe pisar el acelerador para buscar un ‘arreglo amistoso’ antes de abrir la causa.
El presidente de Transredes, Gary Daher, señaló que no tenía información oficial, que las operaciones seguían con total normalidad y que no sabía de ninguna posible decisión de los organismos de congelar financiamientos.
En criterio de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), la firma TR Holding hizo uso de su derecho contractual al verse afectada.
Visión de los expertos
Ex del. pres. para la capitaliz.
Francesco Zaratti
Veo dos consecuencias. La directa es que Bolivia deberá defenderse ante un tribunal arbitral internacional en torno a la violación de acuerdos bilaterales de garantía de las inversiones debido a que la intervención de TR ha sido un acto unilateral. La indirecta es que esa clase de arbitraje afecta a mediano y largo plazo la credibilidad del país para recibir inversiones. Si el país sale airoso (trámite que puede durar años) sólo pagará el monto comprometido ($us 240 millones); si pierde, el monto puede ser muy superior. En todo caso, el país pierde credibilidad internacional.
Ex súper de Hidrocarburos
Hugo de la Fuente
El precedente latinoamericano (Argentina y Ecuador) nos muestra que las resoluciones del Ciadi han sido favorables a las empresas. Esa suerte puede correr Bolivia. El Estado tendrá un trabajo difícil. El nuevo ministro (Arce) tiene que rodearse de personal de primer nivel, de un bufet internacional de abogados que haya tenido esta experiencia. La vida no es tan fácil. Bolivia pertenecía al Ciadi y en el momento de haberse firmado el contrato con TR Holding y el Estado han establecido la jurisdicción del Ciadi, que puede congelar las cuentas externas de Transredes.
Privados: se pagará $us 500 millones
El Gobierno pagará $us 500 millones a transnacionales por la ‘recuperación’ de Transredes y Entel, en lugar de invertir ese monto en la construcción de escuelas y postas sanitarias, deplora el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),Gabriel Dabdoub.
El dirigente se expresó así al indicar que el Gobierno “se está organizando de una manera ordenada” con la creación del Ministerio de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, precisamente, para hacer frente a los millonarios problemas que puedan generar las nacionalizaciones de empresas.
En otro orden de temas, también se pudo conocer que la empresa petrolera Chaco aceptó cerrar la negociación iniciada con el Ejecutivo. / ANF/ MCH
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