El Gobierno nacionalizó ayer con el Decreto Supremo 29586 el total del paquete accionario de la compañía TR Holdings Limitada, dueña de la transportadora de hidrocarburos Transredes, luego de que se frustrara la negociación para la adquisición del 2,6 por ciento de sus títulos.
Con la medida, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumirá el 97,3 por ciento de la firma y, con ello, su administración y gestión. Antes sólo tenía el 47,3 por ciento y estaba sometida a las decisiones de los ejecutivos extranjeros.
El Gobierno procedió con esa medida luego de que el 30 de mayo se cumpliera el plazo de un mes fijado por decreto para la transferencia de las acciones.
Para adquirir los nuevos títulos, el Estado pagará unos 241 millones de dólares, de los cuales se deberán descontar antes las deudas pendientes de la compañía transportadora.
Para encaminar los cambios, YPFB designó al ingeniero eléctrico, poeta y literato Gary Daher Canedo como nuevo presidente de Transredes en reemplazo de Ernesto Blanco.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), a través de un comunicado, lamentó la decisión del Gobierno, pero dijo que espera que la nueva administración dé continuidad a los planes para este año, como la ampliación de la infraestructura de transporte. El Gobierno aseguró que así lo hará y que conseguirá el financiamiento.
Transredes controla unos 6.000 kilómetros de ductos, además de estaciones de compresión y bombeo para el transporte de hidrocarburos en Bolivia. Su importancia radica en que bajo su administración está el sistema de suministro de gas natural al mercado interno así como a Brasil y Argentina.
El decreto garantiza la normal continuidad de las operaciones y la estabilidad laboral para los trabajadores, excepto para los ejecutivos.
Radio Fides dijo que la noticia motivó a un grupo de pobladores de Camiri (Santa Cruz) a tomar simbólicamente una planta.
Según analistas, TR Holdings puede recurrir a un arbitraje y YPFB dijo que se defenderá.
La conspiración
El decreto de nacionalización fue rubricado por los ministros de Estado en un acto celebrado ayer en la sede de Transredes en Santa Cruz al que asistió el Alto Mando militar.
El presidente Evo Morales aseguró que se tomó esa decisión luego de que la compañía se resistiera a conversar con el Estado para llegar a un acuerdo y porque supuestamente conspiró contra su administración.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, aseguró que el diálogo terminó mal porque justo al final del plazo Transredes coordinó con la Prefectura de Tarija políticas de carácter nacional, como la ampliación del gasoducto Villamontes-Tarija, entregada la semana pasada.
El Ejecutivo se encuentra distanciado de las prefecturas de la “media luna” debido al control de los recursos económicos y la visión del poder político.
Negociación
En 2006, YPFB tenía el 33,57 por ciento del paquete accionario de la empresa, luego de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión y Futuro de Bolivia le transfirieran los títulos en el marco del Decreto 28711.
Luego adquirió los títulos de accionistas menores hasta llegar al 47 por ciento. Para alcanzar el 50 por ciento más uno y tener el control mayoritario de la compañía, el Poder Ejecutivo emitió el 1 de mayo el Decreto 29541, mediante el cual obligó a Transredes a transferir a Yacimientos el porcentaje de las acciones que le faltaba.
Aplicó similares procedimientos con la capitalizada Chaco y con la privatizada Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB). Además fijó un plazo de 30 días para concertar los procesos. Según el presidente de YPFB, Santos Ramírez, vencido el plazo sólo Chaco cumplió y con CLHB hubo avances.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, contó que, en cambio, los ejecutivos de TR Holdings se encerraron en su posición y no quisieron admitir las ofertas del Estado por Transredes.
Uno de los problemas que dificultaron el acuerdo fue que TR Holdings quería mantener la administración, la gestión y el control de Transredes. En cambio, YPFB planteó hacerlo de forma conjunta.
Villegas reveló que, durante la negociación, una de las socias de TR Holdings, Shell, aceptó vender el 50 por ciento de su paquete accionario. Sin embargo, ese acercamiento no se materializó porque la otra socia, Ashmore, se opuso.
El Presidente de YPFB señaló que, para llegar al 97 por ciento de participación en Transredes, YPFB adquirirá por decreto el paquete de 5.024.062 acciones de TR Holdings y que por cada una pagará 48 dólares.
Se calcula que eso da un monto de 241.154.976 dólares, de los cuales se debitarán los pasivos ambientales, administrativos, tributarios y otros. El saldo será depositado en una cuenta a nombre de la multinacional.
Hace un mes, La Prensa publicó, basada en los estados financieros de la empresa, que Transredes tenía una deuda de 1.770,5 millones de bolivianos, que triplicaba la utilidad neta (ganancia después del pago de impuestos) de 594,2 millones de bolivianos obtenida en 2007.
El viceministro de Planificación Energética, Jorge Ortiz, informó anoche en una entrevista con el canal estatal de televisión que lo único que queda por dialogar con TR Holdings es el endoso de los títulos.
Los proyectos seguirán
El ministro Villegas aseguró que los planes pendientes previstos por Transredes serán encaminados por la nueva administración. Entre ellos están la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba, que abastecerá al occidente del país, y las ampliaciones de los gasoductos al Altiplano (GAA) y el Villamontes-Tarija (GTV). Este último atenderá al sur de Bolivia.
Ortiz dijo que se financiarán créditos con recursos de la banca y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que serán pagados con el mismo negocio.
El Gobierno cuestionó ayer que la empresa no haya invertido en el país en la ampliación de gasoductos en años anteriores, lo cual ha ocasionado la actual debilidad del sistema.
En cambio, hace un mes, el ex presidente de Transredes Ernesto Blanco dijo a El Deber que la compañía efectuó inversiones por más de mil millones de dólares durante sus 11 años.
El presidente Evo Morales aseguró que la nacionalización garantiza la continuidad de los trabajadores de la empresa, así como los derechos legales adquiridos anteriormente.
Empresarios temen por inversiones
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, consideró que la señal que dio el Gobierno con la expropiación de Transredes constituye un desincentivo a la inversión y a la seguridad jurídica en el país. “Instamos al Gobierno para que pueda promover una nacionalización, pero sin ahuyentar al sector privado nacional e internacional. La imagen que se da con este tipo de negociaciones infructuosas genera inestabilidad jurídica y desincentivos a la inversión”.
Sánchez recordó que la ampliación del nuevo gasoducto al altiplano sufre retrasos y su financiamiento todavía es incierto con la nueva administración.
Samuel Doria Medina, jefe nacional del partido Unidad Nacional (UN), criticó la medida. “El problema es la forma torpe en que se lo ha hecho”. Agregó que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, miente al decir que se habían agotado todos los recursos en las negociaciones con TR Holdings ya que fue el Gobierno el las dio por terminadas de repente.
Para el líder de la agrupación política Podemos, Jorge Quiroga, el hecho estaba calculado como elemento distractivo por los resultados de los dos referendos de estatutos autonómicos de Beni y Pando. “Yo le pido al Gobierno —continuó— provisión alimentaria barata y de carburantes en invierno”.
La recuperación tomó largo tiempo
En 1994, Petrobras tomó los servicios del Credit Suisse First Boston Bank como banco de inversión, un portafolio de negocios especializado en la búsqueda internacional de inversionistas. Esa entidad identificó a ocho potenciales interesados: British Gas, Tenneco, BHP, Total, Enron, Amoco, Novacop y Trans Canada.
De todas ellas, Petrobras seleccionó a British Gas, Tenneco y BHP, en consorcio para la ejecución del ducto en el lado brasileño, y para el tramo boliviano invitó a las mismas empresas seleccionadas a presentar propuestas para ser socios estratégicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada escogió a Enron y firmó, en Miami, un contrato para incluirla en el negocio del gasoducto a Brasil. Enron llegó a Bolivia en 1994 para participar en dicho proyecto. Según el Gobierno de Evo Morales, en el gasoducto Bolivia-Brasil, Enron logró una considerable participación, sin inversión alguna, gracias a un lesivo contrato que suscribió la administración de Sánchez de Lozada.
Enron poseía el 29,5 por ciento de las acciones del gasoducto Bolivia-Brasil en el lado boliviano, donde es administrado por Transredes. En el lado brasileño del ducto, administrado por GTB, la multinacional tenía una participación accionaria de 10 por ciento.
Por su lado, Petrobras posee del 15 por ciento del ducto en el lado boliviano y el 51 por ciento en el lado brasileño. En Transredes, Enron tenía el 25 por ciento de las acciones y junto con Shell formó el 50 por ciento de la capitalizada. El otro 50 por ciento es de propiedad de los bolivianos. También era dueña, en sociedad con Shell, del gasoducto San Miguel-San Matías y la termoeléctrica de Cuiabá, en Brasil.
Poco después de su quiebra, en 2001, Enron transfirió parte de sus negocios en Bolivia a la empresa Prisma Energy. A pesar de tener un tronco común, Transredes, GTB y el proyecto Cuiabá se mantuvieron fuera de la declaratoria de bancarrota de Enron Corp. Ashmore Energy International Limited compró en enero de 2006 los negocios de Prisma en Bolivia.
Gary Daher, un poeta, dirigirá la firma transportadora
Gary Daher Canedo es boliviano, nació el 31 de octubre de 1956 y es el nuevo presidente interino de la nacionalizada Transredes. Es más conocido por su producción literaria que por su desempeño en la industria de los hidrocarburos.
Según la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, fue director titular de la capitalizada Andina y, de acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es ingeniero electrónico.
Escribió Poemas y silencios (1992), Los templos (Editorial Arol, 1993), Desde el otro lado del oscuro espejo (Editorial Acción, 1995), Cantos desde un campo de mieses (Fondo Editorial Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 2001) y Oruga interior, entre otros.
Anticipó a El Deber que implementará una auditoría interna para establecer la situación de la firma.
Las observaciones a la empresa
En 2000, la empresa Transredes S.A. fue acusada del derrame de 29.000 barriles de petróleo sobre la cuenca del río Desaguadero (Oruro).
En 2006, el Gobierno consideró que por ese acto correspondía una multa de 1,5 millones de dólares.
La empresa cubrió todos los daños y repuso la forestación de la zona.
El 31 de diciembre de 2005 ocurrió otro incidente con la compañía. Explotó el oleoducto OSSA II, administrado por la compañía, en la localidad de El Salao, en Santa Cruz.
El hecho provocó que 29 personas resultaran heridas con quemaduras entre el 30 y 40 por ciento de su cuerpo, unas 60 casas y centenares de plantas frutales y cultivos de maíz y caña en un radio de dos kilómetros fueron alcanzados por las llamas. La empresa corrió con los gastos.
El Gobierno la acusó de no invertir ni cumplir sus contratos de operación en Bolivia. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, recordó que la compañía empezó a actuar a presión y conminatoria de la Superintendencia de Hidrocarburos.
La empresa está al cargo de la ampliación de los ductos que trasladan gas natural al oriente y al occidente, pero debido a que las infraestructuras no fueron ampliadas, en 2005 hubo apagones en cinco ciudades dado que no había el suficiente combustible para generar electricidad.
Más datos
La operación de transición estará en manos del presidente de YPFB, Santos Ramírez.
El desafío es continuar con las inversiones que llevaba adelante Transredes.
Los empleos están garantizados, excepto los de la planta ejecutiva.
Las inversiones están siendo ahuyentadas, opinaron la oposición y los empresarios.
El directorio debe reunirse para definir el pago que se hará a TR Holdings.
Los empresarios industriales están alarmados por la posible falta de provisión de gas.
Con la medida, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumirá el 97,3 por ciento de la firma y, con ello, su administración y gestión. Antes sólo tenía el 47,3 por ciento y estaba sometida a las decisiones de los ejecutivos extranjeros.
El Gobierno procedió con esa medida luego de que el 30 de mayo se cumpliera el plazo de un mes fijado por decreto para la transferencia de las acciones.
Para adquirir los nuevos títulos, el Estado pagará unos 241 millones de dólares, de los cuales se deberán descontar antes las deudas pendientes de la compañía transportadora.
Para encaminar los cambios, YPFB designó al ingeniero eléctrico, poeta y literato Gary Daher Canedo como nuevo presidente de Transredes en reemplazo de Ernesto Blanco.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), a través de un comunicado, lamentó la decisión del Gobierno, pero dijo que espera que la nueva administración dé continuidad a los planes para este año, como la ampliación de la infraestructura de transporte. El Gobierno aseguró que así lo hará y que conseguirá el financiamiento.
Transredes controla unos 6.000 kilómetros de ductos, además de estaciones de compresión y bombeo para el transporte de hidrocarburos en Bolivia. Su importancia radica en que bajo su administración está el sistema de suministro de gas natural al mercado interno así como a Brasil y Argentina.
El decreto garantiza la normal continuidad de las operaciones y la estabilidad laboral para los trabajadores, excepto para los ejecutivos.
Radio Fides dijo que la noticia motivó a un grupo de pobladores de Camiri (Santa Cruz) a tomar simbólicamente una planta.
Según analistas, TR Holdings puede recurrir a un arbitraje y YPFB dijo que se defenderá.
La conspiración
El decreto de nacionalización fue rubricado por los ministros de Estado en un acto celebrado ayer en la sede de Transredes en Santa Cruz al que asistió el Alto Mando militar.
El presidente Evo Morales aseguró que se tomó esa decisión luego de que la compañía se resistiera a conversar con el Estado para llegar a un acuerdo y porque supuestamente conspiró contra su administración.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, aseguró que el diálogo terminó mal porque justo al final del plazo Transredes coordinó con la Prefectura de Tarija políticas de carácter nacional, como la ampliación del gasoducto Villamontes-Tarija, entregada la semana pasada.
El Ejecutivo se encuentra distanciado de las prefecturas de la “media luna” debido al control de los recursos económicos y la visión del poder político.
Negociación
En 2006, YPFB tenía el 33,57 por ciento del paquete accionario de la empresa, luego de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión y Futuro de Bolivia le transfirieran los títulos en el marco del Decreto 28711.
Luego adquirió los títulos de accionistas menores hasta llegar al 47 por ciento. Para alcanzar el 50 por ciento más uno y tener el control mayoritario de la compañía, el Poder Ejecutivo emitió el 1 de mayo el Decreto 29541, mediante el cual obligó a Transredes a transferir a Yacimientos el porcentaje de las acciones que le faltaba.
Aplicó similares procedimientos con la capitalizada Chaco y con la privatizada Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB). Además fijó un plazo de 30 días para concertar los procesos. Según el presidente de YPFB, Santos Ramírez, vencido el plazo sólo Chaco cumplió y con CLHB hubo avances.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, contó que, en cambio, los ejecutivos de TR Holdings se encerraron en su posición y no quisieron admitir las ofertas del Estado por Transredes.
Uno de los problemas que dificultaron el acuerdo fue que TR Holdings quería mantener la administración, la gestión y el control de Transredes. En cambio, YPFB planteó hacerlo de forma conjunta.
Villegas reveló que, durante la negociación, una de las socias de TR Holdings, Shell, aceptó vender el 50 por ciento de su paquete accionario. Sin embargo, ese acercamiento no se materializó porque la otra socia, Ashmore, se opuso.
El Presidente de YPFB señaló que, para llegar al 97 por ciento de participación en Transredes, YPFB adquirirá por decreto el paquete de 5.024.062 acciones de TR Holdings y que por cada una pagará 48 dólares.
Se calcula que eso da un monto de 241.154.976 dólares, de los cuales se debitarán los pasivos ambientales, administrativos, tributarios y otros. El saldo será depositado en una cuenta a nombre de la multinacional.
Hace un mes, La Prensa publicó, basada en los estados financieros de la empresa, que Transredes tenía una deuda de 1.770,5 millones de bolivianos, que triplicaba la utilidad neta (ganancia después del pago de impuestos) de 594,2 millones de bolivianos obtenida en 2007.
El viceministro de Planificación Energética, Jorge Ortiz, informó anoche en una entrevista con el canal estatal de televisión que lo único que queda por dialogar con TR Holdings es el endoso de los títulos.
Los proyectos seguirán
El ministro Villegas aseguró que los planes pendientes previstos por Transredes serán encaminados por la nueva administración. Entre ellos están la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba, que abastecerá al occidente del país, y las ampliaciones de los gasoductos al Altiplano (GAA) y el Villamontes-Tarija (GTV). Este último atenderá al sur de Bolivia.
Ortiz dijo que se financiarán créditos con recursos de la banca y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que serán pagados con el mismo negocio.
El Gobierno cuestionó ayer que la empresa no haya invertido en el país en la ampliación de gasoductos en años anteriores, lo cual ha ocasionado la actual debilidad del sistema.
En cambio, hace un mes, el ex presidente de Transredes Ernesto Blanco dijo a El Deber que la compañía efectuó inversiones por más de mil millones de dólares durante sus 11 años.
El presidente Evo Morales aseguró que la nacionalización garantiza la continuidad de los trabajadores de la empresa, así como los derechos legales adquiridos anteriormente.
Empresarios temen por inversiones
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, consideró que la señal que dio el Gobierno con la expropiación de Transredes constituye un desincentivo a la inversión y a la seguridad jurídica en el país. “Instamos al Gobierno para que pueda promover una nacionalización, pero sin ahuyentar al sector privado nacional e internacional. La imagen que se da con este tipo de negociaciones infructuosas genera inestabilidad jurídica y desincentivos a la inversión”.
Sánchez recordó que la ampliación del nuevo gasoducto al altiplano sufre retrasos y su financiamiento todavía es incierto con la nueva administración.
Samuel Doria Medina, jefe nacional del partido Unidad Nacional (UN), criticó la medida. “El problema es la forma torpe en que se lo ha hecho”. Agregó que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, miente al decir que se habían agotado todos los recursos en las negociaciones con TR Holdings ya que fue el Gobierno el las dio por terminadas de repente.
Para el líder de la agrupación política Podemos, Jorge Quiroga, el hecho estaba calculado como elemento distractivo por los resultados de los dos referendos de estatutos autonómicos de Beni y Pando. “Yo le pido al Gobierno —continuó— provisión alimentaria barata y de carburantes en invierno”.
La recuperación tomó largo tiempo
En 1994, Petrobras tomó los servicios del Credit Suisse First Boston Bank como banco de inversión, un portafolio de negocios especializado en la búsqueda internacional de inversionistas. Esa entidad identificó a ocho potenciales interesados: British Gas, Tenneco, BHP, Total, Enron, Amoco, Novacop y Trans Canada.
De todas ellas, Petrobras seleccionó a British Gas, Tenneco y BHP, en consorcio para la ejecución del ducto en el lado brasileño, y para el tramo boliviano invitó a las mismas empresas seleccionadas a presentar propuestas para ser socios estratégicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada escogió a Enron y firmó, en Miami, un contrato para incluirla en el negocio del gasoducto a Brasil. Enron llegó a Bolivia en 1994 para participar en dicho proyecto. Según el Gobierno de Evo Morales, en el gasoducto Bolivia-Brasil, Enron logró una considerable participación, sin inversión alguna, gracias a un lesivo contrato que suscribió la administración de Sánchez de Lozada.
Enron poseía el 29,5 por ciento de las acciones del gasoducto Bolivia-Brasil en el lado boliviano, donde es administrado por Transredes. En el lado brasileño del ducto, administrado por GTB, la multinacional tenía una participación accionaria de 10 por ciento.
Por su lado, Petrobras posee del 15 por ciento del ducto en el lado boliviano y el 51 por ciento en el lado brasileño. En Transredes, Enron tenía el 25 por ciento de las acciones y junto con Shell formó el 50 por ciento de la capitalizada. El otro 50 por ciento es de propiedad de los bolivianos. También era dueña, en sociedad con Shell, del gasoducto San Miguel-San Matías y la termoeléctrica de Cuiabá, en Brasil.
Poco después de su quiebra, en 2001, Enron transfirió parte de sus negocios en Bolivia a la empresa Prisma Energy. A pesar de tener un tronco común, Transredes, GTB y el proyecto Cuiabá se mantuvieron fuera de la declaratoria de bancarrota de Enron Corp. Ashmore Energy International Limited compró en enero de 2006 los negocios de Prisma en Bolivia.
Gary Daher, un poeta, dirigirá la firma transportadora
Gary Daher Canedo es boliviano, nació el 31 de octubre de 1956 y es el nuevo presidente interino de la nacionalizada Transredes. Es más conocido por su producción literaria que por su desempeño en la industria de los hidrocarburos.
Según la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, fue director titular de la capitalizada Andina y, de acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es ingeniero electrónico.
Escribió Poemas y silencios (1992), Los templos (Editorial Arol, 1993), Desde el otro lado del oscuro espejo (Editorial Acción, 1995), Cantos desde un campo de mieses (Fondo Editorial Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 2001) y Oruga interior, entre otros.
Anticipó a El Deber que implementará una auditoría interna para establecer la situación de la firma.
Las observaciones a la empresa
En 2000, la empresa Transredes S.A. fue acusada del derrame de 29.000 barriles de petróleo sobre la cuenca del río Desaguadero (Oruro).
En 2006, el Gobierno consideró que por ese acto correspondía una multa de 1,5 millones de dólares.
La empresa cubrió todos los daños y repuso la forestación de la zona.
El 31 de diciembre de 2005 ocurrió otro incidente con la compañía. Explotó el oleoducto OSSA II, administrado por la compañía, en la localidad de El Salao, en Santa Cruz.
El hecho provocó que 29 personas resultaran heridas con quemaduras entre el 30 y 40 por ciento de su cuerpo, unas 60 casas y centenares de plantas frutales y cultivos de maíz y caña en un radio de dos kilómetros fueron alcanzados por las llamas. La empresa corrió con los gastos.
El Gobierno la acusó de no invertir ni cumplir sus contratos de operación en Bolivia. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, recordó que la compañía empezó a actuar a presión y conminatoria de la Superintendencia de Hidrocarburos.
La empresa está al cargo de la ampliación de los ductos que trasladan gas natural al oriente y al occidente, pero debido a que las infraestructuras no fueron ampliadas, en 2005 hubo apagones en cinco ciudades dado que no había el suficiente combustible para generar electricidad.
Más datos
La operación de transición estará en manos del presidente de YPFB, Santos Ramírez.
El desafío es continuar con las inversiones que llevaba adelante Transredes.
Los empleos están garantizados, excepto los de la planta ejecutiva.
Las inversiones están siendo ahuyentadas, opinaron la oposición y los empresarios.
El directorio debe reunirse para definir el pago que se hará a TR Holdings.
Los empresarios industriales están alarmados por la posible falta de provisión de gas.
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