A 38 días de haberse emitido el decreto supremo que nacionaliza las empresas Andina SA, Chaco SA, Transredes SA y CLHB, el Gobierno, a través de la Vicepresidencia de la República, aceleran los pasos para cambiar la composición de los directorios en las ex capitalizadas: los trabajadores pasarán a formar parte activa de éstos y no se descarta que tengan voz y voto; sin embargo, YPFB desconoce el asunto, pero analizará la situación.
Primero, fue la intervención de la CLHB y la administración total del Estado de esa compañía acompañada de una fuerte diminución de sueldos; segundo, el traspaso de acciones de Andina a YPFB pero con la cual hasta la fecha no se llega a un acuerdo para conformar el directorio; tercero, la nacionalización por la fuerza de Transredes y la posesión del nuevo presidente, Gary Daher; cuarto, un acuerdo con Chaco SA de traspaso de sus acciones pero con la que no existe ningún avance; quinto, la posesión del ministro Sin Cartera, de la Defensa Legal de la Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.
Ahora el turno es de los sindicatos de trabajadores petroleros que volverán a ser parte del control administrativo y de fiscalización de cada una de las ex capitalizadas, según altas fuentes del Poder Ejecutivo.
EL DEBER conversó con altos dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros Héroes del Chaco conformada por los sindicatos de la refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, refinería Gualberto Villarroel de Cochabamba, YPFB Refinación SA, Sindicato de Trabajadores de YPFB Logística SA de Tarija, Sindicatos de Transredes, Gas TransBoliviano (GTB) y los de la CLHB.
“Nosotros hemos tenido intensas reuniones con el vicepresidente de la República, Álvaro García, y el presidente interino de YPFB, Santos Ramírez, quienes nos han garantizado que el decreto sobre nacionalización se elevará a rango de ley, por lo tanto nos dejan tranquilos sobre la estabilidad laboral, pero además hemos pactado, aunque no oficialmente, para que seamos parte del directorio corporativo de la empresa. En ese sentido, la próxima semana vamos a elegir a un representante para que asista a las reuniones de los altos ejecutivos. Los 433 trabajadores vamos a convertirnos en los centinelas y a la vez fiscalizadores directos para que la empresa funcione”, anunció el secretario ejecutivo del sindicato de Transredes, Rolando Borda.
A su vez, el secretario de Hacienda de la CLHB, Miguel Tórres, informó de que en la compañía ya se registraron cambios en la parte ejecutiva, pero en la parte operativa todo se mantiene. Sobre la designación del representante sindical para que represente a los 437 trabajadores en el directorio, dijo que esperan la confirmación de la estatal petrolera.
La alegría del sector laboral se extiende al sindicato de GTB que, a través de su dirigente, Gonzalo Quiroga, espera que los cambios se aceleren primero en la transportadora y posteriormente evaluar la composición al interior de esa empresa.
“Estamos complacidos con este proceso y por ello garantizamos las operaciones en un 100% en el transporte de hidrocarburos”, sostuvo.
En GTB hay 66 funcionarios, de los cuales 47 son trabajadores. En la actualidad, existen seis altos cargos ejecutivos, dos de ellos son ocupados por extranjeros y cuatro por nacionales. Por su parte, el principal ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros Héroes del Chaco y a su vez secretario general del sindicato petrolero de la refinería Guillermo Elder Bell, David Ruelas, manifestó que en la reunión del 30 de mayo con el segundo hombre del Gobierno se confirmó los cambios en la estructura de los directorios, además que se garantizan las inversiones en las ex empresas capitalizadas.
“Apoyamos plenamente el proceso de nacionalización, porque se están generando mayores ingresos como renta de los hidrocarburos, IDH, regalías y también para las universidades estatales. En el caso de las refinerías se ha prometido más inversiones para aumentar la producción”, acotó.
Por otro lado, dio a conocer que después de la nacionalización se recertificó a YPFB Refinación con buena nota en el sistema de gestión integral de las normas ISO 9001:2000 de calidad; ISO 14001:2004 de medio ambiente y Ohsas 18001:1999 de seguridad y salud ocupacional, mediante auditoría de TUV Rehiland (Alemania).
Sobre el particular, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, anunció que los trabajadores son parte activa del proceso; sin embargo, no adelantó ni confirmó si los sindicatos pueden formar parte de los directorios.
Precisamente el pasado jueves Ramírez estuvo reunido con la junta de accionistas de Andina para conformar el directorio. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y recién en la siguiente sesión (en una semana y media) se hará el nombramiento de los nuevos directores y ejecutivos de la empresa.
Consultado el vocero de Gobierno, Iván Canelas, éste se limitó a señalar que los trabajadores pueden sentirse seguros en sus fuentes laborales y que indudablemente tienen que ser la parte medular de la estructura empresarial.
Sobre la designación del ministro Sin Cartera, de la Defensa Legal de la Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, dijo que la autoridad fue designada debido a los procesos o recursos de arbitraje que plantean algunas empresas transnacionales, entre ellas el grupo Telecom, que manejaba Entel y TR Holding, ex socia de Transredes.
“Él tiene la misión de supervigilar y ver en qué estado se encuentran cada una de las empresas nacionalizadas. En términos sencillos será un abogado de las nacionalizadas”, aseveró.
Por su parte, Arce se limitó a señalar que confía en las negociaciones que el Gobierno emprenda la próxima semana con las petroleras a fin de garantizar las inversiones y la seguridad jurídica en Bolivia.
La autoridad gestionará que las empresas transnacionales cumplan los planes de inversión para tener una mayor producción hidrocarburífera en beneficio de estas compañías y los bolivianos.
“Entre las primeras tareas está ver el proceso de negociación en curso con las empresas Chaco y Andina", añadió Arce.
Evaluarán los proyectos
Andina analiza los proyectos. La petrolera Andina es dueña del 50% de los megacampos San Alberto y San Antonio, de los cuales sale el mayor volumen de gas natural de exportación a Brasil, por lo tanto YPFB subió su participación a poco más del 25%. Ambos son operados por Petrobras que posee el 35%; la otra socia es Total con un 15%. En octubre de 2006, Andina suscribió con YPFB 21 contratos de operación, refrendados por leyes y protocolizados ante la Notaría de Gobierno en La Paz; de estos, 18 son para operación directa de campos productores de líquidos.
Según altos ejecutivos de YPFB, la próxima semana evaluarán los proyectos referidos a los otros campos que opera Andina como ser: Cascabel, Víbora, Guairuy, Río Grande, Patajú, Cobra, Grigotá, Boquerón, Palacios, Camiri, Enconada, Los Penocos, Arroyo Negro, La Peña-Tundy, Amboró-Espejos, el área Sara Boomerang I y Sirari.
Los megacampos. La mirada del Ejecutivo está puesta en los campos Margarita, Itaú, Huacaya e Incahuasi, que son los que pueden aportar más a la producción de gas. El campo Margarita, actualmente en operación, produce 2 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d), pero su potencial puede llegar hasta 14 MMm3/d realizando 4 ó 5 perforaciones; lo mismo en el campo Itaú donde se encuentran 1,5 MMm3/d.
Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, a partir de julio se avanzará en las inversiones a un ritmo acelerado y dentro de tres años se tendrá una cantidad suficiente para afrontar las exigencias del mercado interno y externo.
El proceso, los reajustes y los nuevos ejecutivos
YPFB Andina SA
Pese a que el Gobierno logró el primer acuerdo con la empresa Repsol YPF, propietaria de Andina, para que ceda 1,08% de sus acciones con las cuales el Estado pasó a controlar el 50 más 1% del total accionario por un valor de $us 6.241.966, a $us 43 cada una, hasta la fecha la estatal petrolera aún no obtuvo el control efectivo de la compañía. El jueves pasado no se pusieron de acuerdo los accionistas para designar al nuevo directorio ni al presidente. Apenas se concretó el cambio de la razón social de Andina SA a YPFB Andina SA.
CLHB
Mediante el DS 29542, el Estado compró 335.342 acciones de la CLHB, adquiriendo el 100% del paquete perteneciente a Oil Tanking Investments Bolivia S.A. (Alemania) y Graña Montero (Perú) por $us 20 millones. En la realidad, esto no se concretó y hay 90 días para hacer la valuación. En la empresa se designó como interventor y gerente general al ex constituyente del MAS Saúl Ávalos para dar continuidad operativa y garantizar estabilidad laboral. En la empresa 6 directores y 4 gerentes renunciaron. En un mes se registró un ahorro de Bs 620.000 entre disminución de sueldos y otros.
Chaco SA
El Ejecutivo concretó el control y dirección estatal sobre la empresa Chaco SA al adquirir 167.271 acciones de la transnacional Pan American Energy, a un costo de $us 29 por cada una de ellas, haciendo un total de $us 4.850.859. Sin embargo, en la práctica es con la que menos avances hay y las negociaciones se llevan a cabo a puertas cerradas. En la petrolera Chaco SA los funcionarios evitan hablar del tema, mientras que YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos se limitaron a señalar que en 10 días más habrá junta de accionistas.
Transredes
Si bien el Gobierno logró adquirir el 97,9% de las acciones de la ex capitalizada y posesionó como nuevo presidente interino de esa compañía al ingeniero electrónico Gary Daher, los verdaderos cambios se producirán la próxima semana, en la que se prevé la renuncia de seis altos ejecutivos extranjeros que perciben sueldos superiores a los $us 20.000.
Cabe recordar que Daher prometió reactivar la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba y posteriormente dar prioridad a los proyectos del gasoducto al altiplano, además del de Villamontes-Tarija.
Primero, fue la intervención de la CLHB y la administración total del Estado de esa compañía acompañada de una fuerte diminución de sueldos; segundo, el traspaso de acciones de Andina a YPFB pero con la cual hasta la fecha no se llega a un acuerdo para conformar el directorio; tercero, la nacionalización por la fuerza de Transredes y la posesión del nuevo presidente, Gary Daher; cuarto, un acuerdo con Chaco SA de traspaso de sus acciones pero con la que no existe ningún avance; quinto, la posesión del ministro Sin Cartera, de la Defensa Legal de la Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.
Ahora el turno es de los sindicatos de trabajadores petroleros que volverán a ser parte del control administrativo y de fiscalización de cada una de las ex capitalizadas, según altas fuentes del Poder Ejecutivo.
EL DEBER conversó con altos dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros Héroes del Chaco conformada por los sindicatos de la refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, refinería Gualberto Villarroel de Cochabamba, YPFB Refinación SA, Sindicato de Trabajadores de YPFB Logística SA de Tarija, Sindicatos de Transredes, Gas TransBoliviano (GTB) y los de la CLHB.
“Nosotros hemos tenido intensas reuniones con el vicepresidente de la República, Álvaro García, y el presidente interino de YPFB, Santos Ramírez, quienes nos han garantizado que el decreto sobre nacionalización se elevará a rango de ley, por lo tanto nos dejan tranquilos sobre la estabilidad laboral, pero además hemos pactado, aunque no oficialmente, para que seamos parte del directorio corporativo de la empresa. En ese sentido, la próxima semana vamos a elegir a un representante para que asista a las reuniones de los altos ejecutivos. Los 433 trabajadores vamos a convertirnos en los centinelas y a la vez fiscalizadores directos para que la empresa funcione”, anunció el secretario ejecutivo del sindicato de Transredes, Rolando Borda.
A su vez, el secretario de Hacienda de la CLHB, Miguel Tórres, informó de que en la compañía ya se registraron cambios en la parte ejecutiva, pero en la parte operativa todo se mantiene. Sobre la designación del representante sindical para que represente a los 437 trabajadores en el directorio, dijo que esperan la confirmación de la estatal petrolera.
La alegría del sector laboral se extiende al sindicato de GTB que, a través de su dirigente, Gonzalo Quiroga, espera que los cambios se aceleren primero en la transportadora y posteriormente evaluar la composición al interior de esa empresa.
“Estamos complacidos con este proceso y por ello garantizamos las operaciones en un 100% en el transporte de hidrocarburos”, sostuvo.
En GTB hay 66 funcionarios, de los cuales 47 son trabajadores. En la actualidad, existen seis altos cargos ejecutivos, dos de ellos son ocupados por extranjeros y cuatro por nacionales. Por su parte, el principal ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros Héroes del Chaco y a su vez secretario general del sindicato petrolero de la refinería Guillermo Elder Bell, David Ruelas, manifestó que en la reunión del 30 de mayo con el segundo hombre del Gobierno se confirmó los cambios en la estructura de los directorios, además que se garantizan las inversiones en las ex empresas capitalizadas.
“Apoyamos plenamente el proceso de nacionalización, porque se están generando mayores ingresos como renta de los hidrocarburos, IDH, regalías y también para las universidades estatales. En el caso de las refinerías se ha prometido más inversiones para aumentar la producción”, acotó.
Por otro lado, dio a conocer que después de la nacionalización se recertificó a YPFB Refinación con buena nota en el sistema de gestión integral de las normas ISO 9001:2000 de calidad; ISO 14001:2004 de medio ambiente y Ohsas 18001:1999 de seguridad y salud ocupacional, mediante auditoría de TUV Rehiland (Alemania).
Sobre el particular, el presidente de YPFB, Santos Ramírez, anunció que los trabajadores son parte activa del proceso; sin embargo, no adelantó ni confirmó si los sindicatos pueden formar parte de los directorios.
Precisamente el pasado jueves Ramírez estuvo reunido con la junta de accionistas de Andina para conformar el directorio. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y recién en la siguiente sesión (en una semana y media) se hará el nombramiento de los nuevos directores y ejecutivos de la empresa.
Consultado el vocero de Gobierno, Iván Canelas, éste se limitó a señalar que los trabajadores pueden sentirse seguros en sus fuentes laborales y que indudablemente tienen que ser la parte medular de la estructura empresarial.
Sobre la designación del ministro Sin Cartera, de la Defensa Legal de la Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, dijo que la autoridad fue designada debido a los procesos o recursos de arbitraje que plantean algunas empresas transnacionales, entre ellas el grupo Telecom, que manejaba Entel y TR Holding, ex socia de Transredes.
“Él tiene la misión de supervigilar y ver en qué estado se encuentran cada una de las empresas nacionalizadas. En términos sencillos será un abogado de las nacionalizadas”, aseveró.
Por su parte, Arce se limitó a señalar que confía en las negociaciones que el Gobierno emprenda la próxima semana con las petroleras a fin de garantizar las inversiones y la seguridad jurídica en Bolivia.
La autoridad gestionará que las empresas transnacionales cumplan los planes de inversión para tener una mayor producción hidrocarburífera en beneficio de estas compañías y los bolivianos.
“Entre las primeras tareas está ver el proceso de negociación en curso con las empresas Chaco y Andina", añadió Arce.
Evaluarán los proyectos
Andina analiza los proyectos. La petrolera Andina es dueña del 50% de los megacampos San Alberto y San Antonio, de los cuales sale el mayor volumen de gas natural de exportación a Brasil, por lo tanto YPFB subió su participación a poco más del 25%. Ambos son operados por Petrobras que posee el 35%; la otra socia es Total con un 15%. En octubre de 2006, Andina suscribió con YPFB 21 contratos de operación, refrendados por leyes y protocolizados ante la Notaría de Gobierno en La Paz; de estos, 18 son para operación directa de campos productores de líquidos.
Según altos ejecutivos de YPFB, la próxima semana evaluarán los proyectos referidos a los otros campos que opera Andina como ser: Cascabel, Víbora, Guairuy, Río Grande, Patajú, Cobra, Grigotá, Boquerón, Palacios, Camiri, Enconada, Los Penocos, Arroyo Negro, La Peña-Tundy, Amboró-Espejos, el área Sara Boomerang I y Sirari.
Los megacampos. La mirada del Ejecutivo está puesta en los campos Margarita, Itaú, Huacaya e Incahuasi, que son los que pueden aportar más a la producción de gas. El campo Margarita, actualmente en operación, produce 2 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d), pero su potencial puede llegar hasta 14 MMm3/d realizando 4 ó 5 perforaciones; lo mismo en el campo Itaú donde se encuentran 1,5 MMm3/d.
Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, a partir de julio se avanzará en las inversiones a un ritmo acelerado y dentro de tres años se tendrá una cantidad suficiente para afrontar las exigencias del mercado interno y externo.
El proceso, los reajustes y los nuevos ejecutivos
YPFB Andina SA
Pese a que el Gobierno logró el primer acuerdo con la empresa Repsol YPF, propietaria de Andina, para que ceda 1,08% de sus acciones con las cuales el Estado pasó a controlar el 50 más 1% del total accionario por un valor de $us 6.241.966, a $us 43 cada una, hasta la fecha la estatal petrolera aún no obtuvo el control efectivo de la compañía. El jueves pasado no se pusieron de acuerdo los accionistas para designar al nuevo directorio ni al presidente. Apenas se concretó el cambio de la razón social de Andina SA a YPFB Andina SA.
CLHB
Mediante el DS 29542, el Estado compró 335.342 acciones de la CLHB, adquiriendo el 100% del paquete perteneciente a Oil Tanking Investments Bolivia S.A. (Alemania) y Graña Montero (Perú) por $us 20 millones. En la realidad, esto no se concretó y hay 90 días para hacer la valuación. En la empresa se designó como interventor y gerente general al ex constituyente del MAS Saúl Ávalos para dar continuidad operativa y garantizar estabilidad laboral. En la empresa 6 directores y 4 gerentes renunciaron. En un mes se registró un ahorro de Bs 620.000 entre disminución de sueldos y otros.
Chaco SA
El Ejecutivo concretó el control y dirección estatal sobre la empresa Chaco SA al adquirir 167.271 acciones de la transnacional Pan American Energy, a un costo de $us 29 por cada una de ellas, haciendo un total de $us 4.850.859. Sin embargo, en la práctica es con la que menos avances hay y las negociaciones se llevan a cabo a puertas cerradas. En la petrolera Chaco SA los funcionarios evitan hablar del tema, mientras que YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos se limitaron a señalar que en 10 días más habrá junta de accionistas.
Transredes
Si bien el Gobierno logró adquirir el 97,9% de las acciones de la ex capitalizada y posesionó como nuevo presidente interino de esa compañía al ingeniero electrónico Gary Daher, los verdaderos cambios se producirán la próxima semana, en la que se prevé la renuncia de seis altos ejecutivos extranjeros que perciben sueldos superiores a los $us 20.000.
Cabe recordar que Daher prometió reactivar la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba y posteriormente dar prioridad a los proyectos del gasoducto al altiplano, además del de Villamontes-Tarija.
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