Seguro y serio. Así se mostró el ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, en una entrevista que concedió a La Prensa en el Palacio de Gobierno. Lucía un traje informal, pero elegante, lo que le permitía hacer ademanes mientras conversaba.
El abogado de 37 años, quien hasta la semana pasada se desempeñó como Viceministro de Coordinación Gubernamental, anticipó que está listo para defender al Estado de los cuatro procesos arbitrales que tiene encima, tres de ellos producto de la nacionalización. En la lista están el que inició la firma chilena Quiborax, por la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni; Euro Telecom Internacional (ETI), por Entel; Ashmore, por Transredes y un último de los capitales peruano-alemanes por la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).
—TR Holdings y ETI anunciaron el inicio de arbitraje contra Bolivia por las nacionalizaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia legal que el Gobierno planteará para defender al Estado?
—El Gobierno actuó con mucha responsabilidad. Todas las acciones que se llevaron adelante, las acciones de recuperación, fueron precedidas de un proceso de negociación, o bien, establecidas en normas, procesos de negociación o conciliación.
Respetamos y valoramos al capital extranjero, siempre y cuando éste acepte las nuevas condiciones racionales que puso el Gobierno, acepte el principio fundamental de que “Queremos socios y no patrones”.
Si bien se presentaron solicitudes de arbitrajes por la estructura de los tratados bilaterales, los vamos a encarar junto con las áreas de Telecomunicaciones, Hidrocarburos y, si fuera necesario, Minería.
Vamos a tratar de llegar a soluciones de conciliación, en parámetros justos, equitativos, como establecen las normas de nacionalización y si no se diera esto, se va a usar la maquinaria de defensa que legítimamente tiene el Estado boliviano para velar por nuestros intereses.
—En el caso de TR Holdings ¿el anuncio de arbitraje lo planteó el mismo consorcio o las empresas que conforman esa sociedad?
—Es de la empresa AEI (Ashmore ), del consorcio TR Holdings y, por lo general, en todo consorcio hay una empresa que lidera.
—¿Cuánto pide esa empresa por Transredes?, extraoficialmente se habla de mil millones de dólares.
—No existen montos en el documento que enviaron.
—¿Ya empezó la conciliación, que es la primera etapa del arbitraje?
—Los tratados bilaterales siempre prevén una etapa previa de negociación, charlas, conversaciones amistosas. Y sólo si se agota esa etapa, recién viene el arbitraje, donde el Estado tiene que asumir una defensa, utilizando todos los instrumentos que tiene.
En ese sentido, se puede afectar la jurisdicción, por ejemplo. Recordemos que la Constitución establece que todas las empresas que están en el país están sometidas a las leyes bolivianas. Se puede objetar el fondo de la demanda, pero durante la tramitación de los procesos arbitrales siempre está abierta la posibilidad de concertación.
Nuestro objetivo es defender los intereses del Estado y lo haremos ante cualquier instancia. Es una tarea difícil y compleja y la vamos a hacer con el mismo espíritu con el que el Gobierno está defendiendo el patrimonio de todos los bolivianos.
No hay derecho más digno, soberano y humano que el de recuperar nuestro patrimonio, las empresas estratégicas para utilizar esos recursos en beneficio del Estado de bienestar, de desarrollo y del pueblo. Vamos a trabajar con la mayor transparencia, y hemos planteado realizar un trabajo coordinado con el Viceministro de Transparencia.
—La ex dueña de Transredes ¿a qué acuerdo de protección de inversiones se está acogiendo?
—De acuerdo al anuncio de arbitraje, se está utilizando el Tratado de la Comunidad Belga y de Luxemburgo.
En el país, en esa lógica pasada, draconiana de entrega de los recursos naturales, Bolivia firmó a diestra y siniestra tratados bilaterales (de protección de inversiones), desconociendo el orden constitucional, los principios de defensa de soberanía del Estado. Esos tratados hay que honrarlos y cumplirlos, sin embargo, dentro de ellos tenemos la posibilidad de utilizar diferentes mecanismos para defendernos.
—¿Cuáles?
—Partimos de un principio fundamental, las empresas extranjeras tienen que someterse a la legislación nacional, y allí se pueden hacer observaciones. Por lo general, los inversionistas percibieron cuantiosas ganancias y los nuevos regímenes también les garantizan ganancias racionales. Ya no pueden seguir teniendo como antes el 82 por ciento y el Estado sólo 18.
—El año pasado, Bolivia planteó su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entonces, ¿qué instancia legal tendría que dirimir los nuevos anuncios de arbitrajes?
—Bolivia, soberanamente, por determinación del presidente Evo Morales, se retiró de la jurisdicción del CIADI en mayo del año pasado.
Hemos retirado nuestro consentimiento para solucionar ante este centro arbitral por una serie de circunstancias.
Primero, porque no ofrece una garantía. El análisis que se hizo es que siempre hay una tendencia a favorecer a las empresas y no a los Estados; segundo, porque son extremadamente onerosos los costos de defensa y operaciones en el CIADI; y tercero, porque en la nueva lógica del Gobierno está la idea de hacer prevalecer el derecho nacional. Sin embargo, la jurisdicción del CIADI no es la única que se establece en los tratados. Hay arbitrajes ad hoc y una serie de procedimientos en los que el Estado puede defenderse.
—¿En qué consiste esa modalidad?
—Los arbitrajes ad hoc son aquellos que se forman para solucionar determinado caso, en determinadas partes y se pueden utilizar normas arbitrales.
—Entonces, ¿el Gobierno va a pedir que los nuevos casos se traten como arbitrajes ad hoc?
—El Estado tiene la obligación de defenderse ante todo aquel foro en donde se presente la solicitud y que esté reconocido por los tratados.
—Pero si Ashmore insiste en que se recurra al CIADI, ¿qué van a hacer?
—Ellos han hecho un anuncio de iniciar conversaciones amistosas. Consideramos que hemos salido del CIADI y soberanamente esa decisión del Gobierno boliviano debe ser cumplida.
—El año pasado, el Gobierno anunció la revisión de los tratados de Protección de Inversiones porque no cumplían las normas bolivianas. Hasta la fecha ¿cuántos países aceptaron esto?
—Hay una estrategia que lleva adelante la Cancillería, que representa al Estado en las relaciones internacionales en la renegociación de los tratados. Los tratados son bilaterales. No tengo la certificación de con cuántos países se ha planteado, pero sé que con Holanda y Argentina se conversó, aunque desconozco la respuesta.
—Los dueños de CLHB anunciaron que se reservaban el derecho de plantear algún arbitraje por la nacionalización de su empresa, ¿ya lo hicieron?
—Ha llegado una comunicación, y yo he tenido conocimiento, pero en este momento no recuerdo bien si la enviaron los dueños de la CLHB o el Gobierno de Perú, pero sí llegó. Lo cual, jurídicamente, de acuerdo a su tratado de inversiones, nosotros tomamos como un anuncio, lo que implica un proceso de negociaciones amistosas. No plantearon montos. Esa es la información que tengo.
—Un arbitraje implica riesgos, ¿el Estado está en condiciones de pagar una indemnización a las empresas?
—En las refinerías, en toda acción de recuperación está prevista la posibilidad y el hecho de que se cancele lo que se deba cancelar, los derechos nacionalizados, en el monto justo y correcto.
En Transredes y Entel hay previsiones para que se hagan las valuaciones, después descontar las obligaciones que éstas tengan con el Estado y el monto justo, racional, conforme a los datos.
—¿Pero si las empresas piden más de lo que el Gobierno les fijó por el valor de sus acciones?
—Eso se tendrá que analizar caso por caso.
—¿Por los procesos contra el país, se corre el riesgo de que se congelen las cuentas en el exterior?
—Es posible que se intente ese tipo de acciones y si se presentaran cualquiera de esas acciones en contra del país, se asumirá la defensa y lograr el respeto a no ser embargados como el Estado.
—Usted anunció la conformación de equipos técnicos para encarar los arbitrajes, ¿cómo lo van a hacer, cuánto tiempo se van a dar para eso?
—Esperamos tener funcionando el Ministerio a la brevedad posible. Va a tener una estructura con dos áreas. Una de la Defensa Técnica legal, que será un laboratorio jurídico, donde se generen las estrategias de defensa del Estado boliviano y vamos a tener otra que va a facilitar la conciliación y el diálogo.
La otra ala trabajará directamente con los recursos: hidrocarburos, telecomunicaciones y bueno, en algún caso, minería, para que sean las instancias las que definan soluciones amigables y vamos a coadyuvar.
—¿Se van a contratar abogados en el exterior con conocimientos del Derecho Internacional?
—Así es. Bolivia cuenta con bufetes contratados, principalmente en Estados Unidos, para diferentes procesos en curso y que vamos a seguir atendiendo. Uno de ellos, el de la empresa chilena Quiborax. En el caso de Entel también hay gente contratada, siempre bajo los parámetros de transparencia, austeridad y cumplimiento de la norma.
—¿Quiénes son esos bufetes del exterior que trabajan para Bolivia?
—Folley Hoag, que es asesor de Ecuador, de Nicaragua, Venezuela en muchos temas y tiene una lógica de servicio a los países en vías de desarrollo, tiene alta capacidad técnica. Ellos son los que ya están trabajando, seguramente vamos a seguir con ellos, pero eso se verá.
—Respecto a las demandas que Quirobax y Euro Telecom presentaron ante el CIADI, ¿cuál es la situación de ambos procesos?
—Están en curso, sobre los cuales el Estado asumió su defensa y la Cancillería nos pasará la información.
perfil
Nombres y apellidos Héctor Enrique Arce Zaconeta
Nacido el 10 de febrero de 1971
Profesión Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Penal
Experiencia Abogado en ejercicio libre de la profesión (1998), asesor legal del Senado Nacional (2002-2005), Viceministro de Coordinación Gubernamental, dependiente del Ministerio de la Presidencia, enero 2005-junio 2008
El abogado de 37 años, quien hasta la semana pasada se desempeñó como Viceministro de Coordinación Gubernamental, anticipó que está listo para defender al Estado de los cuatro procesos arbitrales que tiene encima, tres de ellos producto de la nacionalización. En la lista están el que inició la firma chilena Quiborax, por la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni; Euro Telecom Internacional (ETI), por Entel; Ashmore, por Transredes y un último de los capitales peruano-alemanes por la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB).
—TR Holdings y ETI anunciaron el inicio de arbitraje contra Bolivia por las nacionalizaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia legal que el Gobierno planteará para defender al Estado?
—El Gobierno actuó con mucha responsabilidad. Todas las acciones que se llevaron adelante, las acciones de recuperación, fueron precedidas de un proceso de negociación, o bien, establecidas en normas, procesos de negociación o conciliación.
Respetamos y valoramos al capital extranjero, siempre y cuando éste acepte las nuevas condiciones racionales que puso el Gobierno, acepte el principio fundamental de que “Queremos socios y no patrones”.
Si bien se presentaron solicitudes de arbitrajes por la estructura de los tratados bilaterales, los vamos a encarar junto con las áreas de Telecomunicaciones, Hidrocarburos y, si fuera necesario, Minería.
Vamos a tratar de llegar a soluciones de conciliación, en parámetros justos, equitativos, como establecen las normas de nacionalización y si no se diera esto, se va a usar la maquinaria de defensa que legítimamente tiene el Estado boliviano para velar por nuestros intereses.
—En el caso de TR Holdings ¿el anuncio de arbitraje lo planteó el mismo consorcio o las empresas que conforman esa sociedad?
—Es de la empresa AEI (Ashmore ), del consorcio TR Holdings y, por lo general, en todo consorcio hay una empresa que lidera.
—¿Cuánto pide esa empresa por Transredes?, extraoficialmente se habla de mil millones de dólares.
—No existen montos en el documento que enviaron.
—¿Ya empezó la conciliación, que es la primera etapa del arbitraje?
—Los tratados bilaterales siempre prevén una etapa previa de negociación, charlas, conversaciones amistosas. Y sólo si se agota esa etapa, recién viene el arbitraje, donde el Estado tiene que asumir una defensa, utilizando todos los instrumentos que tiene.
En ese sentido, se puede afectar la jurisdicción, por ejemplo. Recordemos que la Constitución establece que todas las empresas que están en el país están sometidas a las leyes bolivianas. Se puede objetar el fondo de la demanda, pero durante la tramitación de los procesos arbitrales siempre está abierta la posibilidad de concertación.
Nuestro objetivo es defender los intereses del Estado y lo haremos ante cualquier instancia. Es una tarea difícil y compleja y la vamos a hacer con el mismo espíritu con el que el Gobierno está defendiendo el patrimonio de todos los bolivianos.
No hay derecho más digno, soberano y humano que el de recuperar nuestro patrimonio, las empresas estratégicas para utilizar esos recursos en beneficio del Estado de bienestar, de desarrollo y del pueblo. Vamos a trabajar con la mayor transparencia, y hemos planteado realizar un trabajo coordinado con el Viceministro de Transparencia.
—La ex dueña de Transredes ¿a qué acuerdo de protección de inversiones se está acogiendo?
—De acuerdo al anuncio de arbitraje, se está utilizando el Tratado de la Comunidad Belga y de Luxemburgo.
En el país, en esa lógica pasada, draconiana de entrega de los recursos naturales, Bolivia firmó a diestra y siniestra tratados bilaterales (de protección de inversiones), desconociendo el orden constitucional, los principios de defensa de soberanía del Estado. Esos tratados hay que honrarlos y cumplirlos, sin embargo, dentro de ellos tenemos la posibilidad de utilizar diferentes mecanismos para defendernos.
—¿Cuáles?
—Partimos de un principio fundamental, las empresas extranjeras tienen que someterse a la legislación nacional, y allí se pueden hacer observaciones. Por lo general, los inversionistas percibieron cuantiosas ganancias y los nuevos regímenes también les garantizan ganancias racionales. Ya no pueden seguir teniendo como antes el 82 por ciento y el Estado sólo 18.
—El año pasado, Bolivia planteó su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entonces, ¿qué instancia legal tendría que dirimir los nuevos anuncios de arbitrajes?
—Bolivia, soberanamente, por determinación del presidente Evo Morales, se retiró de la jurisdicción del CIADI en mayo del año pasado.
Hemos retirado nuestro consentimiento para solucionar ante este centro arbitral por una serie de circunstancias.
Primero, porque no ofrece una garantía. El análisis que se hizo es que siempre hay una tendencia a favorecer a las empresas y no a los Estados; segundo, porque son extremadamente onerosos los costos de defensa y operaciones en el CIADI; y tercero, porque en la nueva lógica del Gobierno está la idea de hacer prevalecer el derecho nacional. Sin embargo, la jurisdicción del CIADI no es la única que se establece en los tratados. Hay arbitrajes ad hoc y una serie de procedimientos en los que el Estado puede defenderse.
—¿En qué consiste esa modalidad?
—Los arbitrajes ad hoc son aquellos que se forman para solucionar determinado caso, en determinadas partes y se pueden utilizar normas arbitrales.
—Entonces, ¿el Gobierno va a pedir que los nuevos casos se traten como arbitrajes ad hoc?
—El Estado tiene la obligación de defenderse ante todo aquel foro en donde se presente la solicitud y que esté reconocido por los tratados.
—Pero si Ashmore insiste en que se recurra al CIADI, ¿qué van a hacer?
—Ellos han hecho un anuncio de iniciar conversaciones amistosas. Consideramos que hemos salido del CIADI y soberanamente esa decisión del Gobierno boliviano debe ser cumplida.
—El año pasado, el Gobierno anunció la revisión de los tratados de Protección de Inversiones porque no cumplían las normas bolivianas. Hasta la fecha ¿cuántos países aceptaron esto?
—Hay una estrategia que lleva adelante la Cancillería, que representa al Estado en las relaciones internacionales en la renegociación de los tratados. Los tratados son bilaterales. No tengo la certificación de con cuántos países se ha planteado, pero sé que con Holanda y Argentina se conversó, aunque desconozco la respuesta.
—Los dueños de CLHB anunciaron que se reservaban el derecho de plantear algún arbitraje por la nacionalización de su empresa, ¿ya lo hicieron?
—Ha llegado una comunicación, y yo he tenido conocimiento, pero en este momento no recuerdo bien si la enviaron los dueños de la CLHB o el Gobierno de Perú, pero sí llegó. Lo cual, jurídicamente, de acuerdo a su tratado de inversiones, nosotros tomamos como un anuncio, lo que implica un proceso de negociaciones amistosas. No plantearon montos. Esa es la información que tengo.
—Un arbitraje implica riesgos, ¿el Estado está en condiciones de pagar una indemnización a las empresas?
—En las refinerías, en toda acción de recuperación está prevista la posibilidad y el hecho de que se cancele lo que se deba cancelar, los derechos nacionalizados, en el monto justo y correcto.
En Transredes y Entel hay previsiones para que se hagan las valuaciones, después descontar las obligaciones que éstas tengan con el Estado y el monto justo, racional, conforme a los datos.
—¿Pero si las empresas piden más de lo que el Gobierno les fijó por el valor de sus acciones?
—Eso se tendrá que analizar caso por caso.
—¿Por los procesos contra el país, se corre el riesgo de que se congelen las cuentas en el exterior?
—Es posible que se intente ese tipo de acciones y si se presentaran cualquiera de esas acciones en contra del país, se asumirá la defensa y lograr el respeto a no ser embargados como el Estado.
—Usted anunció la conformación de equipos técnicos para encarar los arbitrajes, ¿cómo lo van a hacer, cuánto tiempo se van a dar para eso?
—Esperamos tener funcionando el Ministerio a la brevedad posible. Va a tener una estructura con dos áreas. Una de la Defensa Técnica legal, que será un laboratorio jurídico, donde se generen las estrategias de defensa del Estado boliviano y vamos a tener otra que va a facilitar la conciliación y el diálogo.
La otra ala trabajará directamente con los recursos: hidrocarburos, telecomunicaciones y bueno, en algún caso, minería, para que sean las instancias las que definan soluciones amigables y vamos a coadyuvar.
—¿Se van a contratar abogados en el exterior con conocimientos del Derecho Internacional?
—Así es. Bolivia cuenta con bufetes contratados, principalmente en Estados Unidos, para diferentes procesos en curso y que vamos a seguir atendiendo. Uno de ellos, el de la empresa chilena Quiborax. En el caso de Entel también hay gente contratada, siempre bajo los parámetros de transparencia, austeridad y cumplimiento de la norma.
—¿Quiénes son esos bufetes del exterior que trabajan para Bolivia?
—Folley Hoag, que es asesor de Ecuador, de Nicaragua, Venezuela en muchos temas y tiene una lógica de servicio a los países en vías de desarrollo, tiene alta capacidad técnica. Ellos son los que ya están trabajando, seguramente vamos a seguir con ellos, pero eso se verá.
—Respecto a las demandas que Quirobax y Euro Telecom presentaron ante el CIADI, ¿cuál es la situación de ambos procesos?
—Están en curso, sobre los cuales el Estado asumió su defensa y la Cancillería nos pasará la información.
perfil
Nombres y apellidos Héctor Enrique Arce Zaconeta
Nacido el 10 de febrero de 1971
Profesión Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Penal
Experiencia Abogado en ejercicio libre de la profesión (1998), asesor legal del Senado Nacional (2002-2005), Viceministro de Coordinación Gubernamental, dependiente del Ministerio de la Presidencia, enero 2005-junio 2008
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