La Unidad de Fiscalización del Ministerio de Hidrocarburos detectó una serie de irregularidades e incumplimiento de las empresas. Sin embargo, el Gobierno a los dos años de la nacionalización aún no publicó los datos que le costaron dinero al país.
Las empresas petroleras invirtieron en Bolivia alrededor de 1.558 millones de dólares menos de lo que afirmaron que iban a inyectar en el denominado periodo neoliberal.
Las compañías aseguraron que invirtieron 3.048 millones de dólares, mientras que los resultados de las auditorías técnico-financieras que el Ministerio de Hidrocarburos encargó a 11 consultoras de renombre detectaron que en realidad sólo fueron 2.283 millones (ver cuadro).
El estudio se elaboró en cumplimiento al Decreto Supremo 28701, de Nacionalización de los Hidrocarburos, que en el inciso III del artículo 4 establece que “el Ministerio de Hidrocarburos determinará caso por caso, y mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación, así como su rentabilidad obtenida por campo”.
La Unidad de Fiscalización de ese Ministerio aseguró, en su informe de conclusiones, que la diferencia de montos radica básicamente en que las firmas incurrieron en una “apropiación indebida” de los recursos.
El documento detalla además que algunas de las compañías hicieron figurar como nuevas inversiones en desarrollo de campos algunos reservorios trabajados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A eso se lo denominó “reservas gratuitas cedidas por Yacimientos”. Ése es el caso del megacampo San Alberto, operado por Petrobras, que es el mayor reservorio de hidrocarburos que tiene el país y desde donde se envía gas natural a Brasil.
El ex ministro del sector Guillermo Torres no quiso opinar específicamente por el resultado de las auditorías, pero aseguró que durante la época de la capitalización (1996), San Alberto fue declarado como campo nuevo, cuando años antes había sido descubierto por el Estado.
Según el decreto, YPFB debía usar el contenido de las auditorías para que pueda negociar los nuevos contratos, pero a la fecha no publicó el contenido de este documento.
El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda dijo que el Gobierno debe publicar esta información para que se conozca la realidad de las cifras que concertó con las compañías.
El Ministerio mandó a practicar las auditorías, que costaron 3,6 millones de dólares, a la brasileña Petrobras; la hispano-argentina Repsol YPF; Total; la inglesa British Gas (BG); Petrobras Energía, que es la filial de Petrobras en Argentina; la estadounidense Vintage; la argentina Pluspetrol, y las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes.
El periodo neoliberal empezó en 1985. En esa década se inició la venta de gas natural a Brasil y Petrobras firmó un acuerdo con YPFB para suministrar el hidrocarburo al país vecino.
La empresa Enron, operadora del gasoducto, se comprometió a conseguir el financiamiento para la infraestructura.
Sin embargo, las auditorías revelaron que la empresa incumplió su contrato con YPFB, motivo por el que la brasileña Petrobras, urgida del gas, tuvo que conseguirlo. El estudio demostró además que Enron “dio lugar a una inapropiada declaración de patrimonio de 138 millones de dólares”.
En 1996, el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada apostó por el capital extranjero y capitalizó YPFB. Desconcentró sus unidades operativas de producción y las transfirió a dos nuevas empresas, Chaco y Andina, y encargó la administración de la red de gasoductos a Transredes.
Diez años después de ese proceso, las auditorías reflejaron que la petrolera Andina, que es socia en los megacampos San Alberto y San Antonio, sólo inyectó 71 millones de dólares, cuando se comprometió a desembolsar 264,7 millones.
La auditoría que le practicó la empresa auditora IICC Consult dio cuenta además de que la firma “administró indebidamente las acciones de la ex Yacimientos, cuando firmó un contrato de volatilidad de precios del gas exportado a Brasil, que arrojó una pérdida para el Tesoro General de la Nación (TGN) de 100,9 millones de dólares”.
Consultada al respecto, la empresa aseguró que desconocía el contenido de la auditoría y que cumplió con las inversiones proyectadas.
En el caso de Chaco, se detectó que tampoco desarrolló los campos y sus utilidades fueron mínimas, pese a que tenía que generar mayores ingresos.
Torres recordó que durante la época de Chaco y Andina no había mucho que invertir porque eran campos en producción de YPFB y que donde más bien se debía apuntar era en la exploración.
Según Yacimientos, la inversión petrolera a partir de 1996 fue de 100 millones de dólares y alcanzó un tope en 1998 de 604,8 millones. En la estatal explicaron que se llegaron a esos niveles con el fin de cumplir la venta de gas a Brasil.
El estudio demuestra que Transredes tampoco logró abastecer el mercado del altiplano y de los valles, y generó daños al medio ambiente.
Andina
En los ex campos de YPFB no cumplió el requisito de aumentar o igualar las reservas del año anterior. En 1996 tenía 3,35 trillones de pies cúbicos (TPC) y a los nueve años redujo a 2,69 TCP.
Incumplió la inversión comprometida de 264,7 millones de dólares, pues “se dedicó a juegos bursátiles al disponer de los importantes ingresos por venta de hidrocarburos ‘cedidos gratis’ invirtiendo sólo 71 millones de dólares”.
Administró indebidamente las acciones de YPFB (25 por ciento), firmó un contrato de volatilidad de precios de gas exportado a Brasil que arrojó una pérdida al Tesoro General de la Nación de 100,9 millones de dólares.
Andina registró indebidamente en las bolsas de valores internacionales una participación del 50 por ciento en los megacampos, ignorando que YPFB tiene el 25 por ciento de acciones en estos campos.
Chaco
Incumplió el contrato. Sus utilidades anuales fueron bajísimas comparadas con las de YPFB antes de 1996 e igualmente las rentabilidades fueron pobres. Esto es por los altos costos de sus operaciones y administración y deficiencias tecnológicas.
Descubrió reservas no significativas en comparación con las aportadas por YPFB, y cuyas producciones propias de esta empresa pesaron poco en el balance energético.
Las auditorías dieron cifras y hechos significativos para la nacionalización plena de estas empresa.
Según datos de la petrolera Chaco, establecidos en su Memoria Anual, durante la época de la capitalización comprometió 307 millones de dólares y duplicó este monto en dos durante 10 años de operaciones.
Produce aproximadamente el 35 por ciento del gas licuado de petróleo (GLP) que se consume en el mercado interno.
Transredes
No cumplió el contrato relativo al suministro de gas natural al occidente y los valles que YPFB había programado prioritariamente para impulsar el crecimiento de estas zonas.
Se dedicó al beneficio. Descuidó la protección del medio ambiente.
Provocó el derrame de petróleo en el Desaguadero y una contaminación enorme.
Por negligencia operativa causó una explosión y la destrucción de la estación de bombeo de Tigüipa.
Por otro lado, como Enron incumplió el contrato accidental de accionistas con YPFB del gasoducto al Brasil suscrito en diciembre de 1994, referente a la obtención de financimiento del gasoducto, dio lugar a una inapropiada declaración de patrimonio de 138 millones de dólares. Siendo así que además no aportó capital para cumplir el contrato que establecía un 40 por ciento como aporte accionario de Enron.
No aportó al desarrollo del sector y tecnológicamente fue deficiente, por lo que cabe su expropiación y nacionalización.
Las empresas petroleras invirtieron en Bolivia alrededor de 1.558 millones de dólares menos de lo que afirmaron que iban a inyectar en el denominado periodo neoliberal.
Las compañías aseguraron que invirtieron 3.048 millones de dólares, mientras que los resultados de las auditorías técnico-financieras que el Ministerio de Hidrocarburos encargó a 11 consultoras de renombre detectaron que en realidad sólo fueron 2.283 millones (ver cuadro).
El estudio se elaboró en cumplimiento al Decreto Supremo 28701, de Nacionalización de los Hidrocarburos, que en el inciso III del artículo 4 establece que “el Ministerio de Hidrocarburos determinará caso por caso, y mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación, así como su rentabilidad obtenida por campo”.
La Unidad de Fiscalización de ese Ministerio aseguró, en su informe de conclusiones, que la diferencia de montos radica básicamente en que las firmas incurrieron en una “apropiación indebida” de los recursos.
El documento detalla además que algunas de las compañías hicieron figurar como nuevas inversiones en desarrollo de campos algunos reservorios trabajados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A eso se lo denominó “reservas gratuitas cedidas por Yacimientos”. Ése es el caso del megacampo San Alberto, operado por Petrobras, que es el mayor reservorio de hidrocarburos que tiene el país y desde donde se envía gas natural a Brasil.
El ex ministro del sector Guillermo Torres no quiso opinar específicamente por el resultado de las auditorías, pero aseguró que durante la época de la capitalización (1996), San Alberto fue declarado como campo nuevo, cuando años antes había sido descubierto por el Estado.
Según el decreto, YPFB debía usar el contenido de las auditorías para que pueda negociar los nuevos contratos, pero a la fecha no publicó el contenido de este documento.
El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda dijo que el Gobierno debe publicar esta información para que se conozca la realidad de las cifras que concertó con las compañías.
El Ministerio mandó a practicar las auditorías, que costaron 3,6 millones de dólares, a la brasileña Petrobras; la hispano-argentina Repsol YPF; Total; la inglesa British Gas (BG); Petrobras Energía, que es la filial de Petrobras en Argentina; la estadounidense Vintage; la argentina Pluspetrol, y las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes.
El periodo neoliberal empezó en 1985. En esa década se inició la venta de gas natural a Brasil y Petrobras firmó un acuerdo con YPFB para suministrar el hidrocarburo al país vecino.
La empresa Enron, operadora del gasoducto, se comprometió a conseguir el financiamiento para la infraestructura.
Sin embargo, las auditorías revelaron que la empresa incumplió su contrato con YPFB, motivo por el que la brasileña Petrobras, urgida del gas, tuvo que conseguirlo. El estudio demostró además que Enron “dio lugar a una inapropiada declaración de patrimonio de 138 millones de dólares”.
En 1996, el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada apostó por el capital extranjero y capitalizó YPFB. Desconcentró sus unidades operativas de producción y las transfirió a dos nuevas empresas, Chaco y Andina, y encargó la administración de la red de gasoductos a Transredes.
Diez años después de ese proceso, las auditorías reflejaron que la petrolera Andina, que es socia en los megacampos San Alberto y San Antonio, sólo inyectó 71 millones de dólares, cuando se comprometió a desembolsar 264,7 millones.
La auditoría que le practicó la empresa auditora IICC Consult dio cuenta además de que la firma “administró indebidamente las acciones de la ex Yacimientos, cuando firmó un contrato de volatilidad de precios del gas exportado a Brasil, que arrojó una pérdida para el Tesoro General de la Nación (TGN) de 100,9 millones de dólares”.
Consultada al respecto, la empresa aseguró que desconocía el contenido de la auditoría y que cumplió con las inversiones proyectadas.
En el caso de Chaco, se detectó que tampoco desarrolló los campos y sus utilidades fueron mínimas, pese a que tenía que generar mayores ingresos.
Torres recordó que durante la época de Chaco y Andina no había mucho que invertir porque eran campos en producción de YPFB y que donde más bien se debía apuntar era en la exploración.
Según Yacimientos, la inversión petrolera a partir de 1996 fue de 100 millones de dólares y alcanzó un tope en 1998 de 604,8 millones. En la estatal explicaron que se llegaron a esos niveles con el fin de cumplir la venta de gas a Brasil.
El estudio demuestra que Transredes tampoco logró abastecer el mercado del altiplano y de los valles, y generó daños al medio ambiente.
Andina
En los ex campos de YPFB no cumplió el requisito de aumentar o igualar las reservas del año anterior. En 1996 tenía 3,35 trillones de pies cúbicos (TPC) y a los nueve años redujo a 2,69 TCP.
Incumplió la inversión comprometida de 264,7 millones de dólares, pues “se dedicó a juegos bursátiles al disponer de los importantes ingresos por venta de hidrocarburos ‘cedidos gratis’ invirtiendo sólo 71 millones de dólares”.
Administró indebidamente las acciones de YPFB (25 por ciento), firmó un contrato de volatilidad de precios de gas exportado a Brasil que arrojó una pérdida al Tesoro General de la Nación de 100,9 millones de dólares.
Andina registró indebidamente en las bolsas de valores internacionales una participación del 50 por ciento en los megacampos, ignorando que YPFB tiene el 25 por ciento de acciones en estos campos.
Chaco
Incumplió el contrato. Sus utilidades anuales fueron bajísimas comparadas con las de YPFB antes de 1996 e igualmente las rentabilidades fueron pobres. Esto es por los altos costos de sus operaciones y administración y deficiencias tecnológicas.
Descubrió reservas no significativas en comparación con las aportadas por YPFB, y cuyas producciones propias de esta empresa pesaron poco en el balance energético.
Las auditorías dieron cifras y hechos significativos para la nacionalización plena de estas empresa.
Según datos de la petrolera Chaco, establecidos en su Memoria Anual, durante la época de la capitalización comprometió 307 millones de dólares y duplicó este monto en dos durante 10 años de operaciones.
Produce aproximadamente el 35 por ciento del gas licuado de petróleo (GLP) que se consume en el mercado interno.
Transredes
No cumplió el contrato relativo al suministro de gas natural al occidente y los valles que YPFB había programado prioritariamente para impulsar el crecimiento de estas zonas.
Se dedicó al beneficio. Descuidó la protección del medio ambiente.
Provocó el derrame de petróleo en el Desaguadero y una contaminación enorme.
Por negligencia operativa causó una explosión y la destrucción de la estación de bombeo de Tigüipa.
Por otro lado, como Enron incumplió el contrato accidental de accionistas con YPFB del gasoducto al Brasil suscrito en diciembre de 1994, referente a la obtención de financimiento del gasoducto, dio lugar a una inapropiada declaración de patrimonio de 138 millones de dólares. Siendo así que además no aportó capital para cumplir el contrato que establecía un 40 por ciento como aporte accionario de Enron.
No aportó al desarrollo del sector y tecnológicamente fue deficiente, por lo que cabe su expropiación y nacionalización.
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