Las comunidades de las áreas fronterizas que estén involucradas en contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) serán sancionadas con el recorte gradual de su provisión, que llegará hasta la suspensión de un mes de suministro.
El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, informó que a la primera vez que se advierta el ilícito la localidad sufrirá un recorte del 10 por ciento de su provisión mensual de GLP. Por ejemplo, si recibía 100 garrafas, tendrá diez botellones menos.
La segunda vez, 20 por ciento menos, la tercera será de 50 por ciento y la cuarta vez, un recorte por 30 días.
Hace dos días, un medio local descubrió que en la localidad fronteriza de Puerto Pacaile (Perú) se comercializaban cargas completas de GLP.
Desde hace dos semanas, las amas de casa sienten la falta de GLP en La Paz y El Alto. La Superintendencia aseguró que eso se debe a que el combustible está saliendo de contrabando. La Paz consume 40.000 garrafas por día y, según Aruquipa, la producción abastece el mercado.
Las medidas de control de la reguladora se aplicarán en 14 municipios del occidente del país ubicados en zonas fronterizas con Perú, con los que suscribió convenios de cooperación. Entre ellos están Copacabana, Desaguadero, Guaqui, Catacora, Pelechuco, Batallas, Ingavi, Moco Moco, Puerto Acosta y Escoma.
Las comunidades y municipios no recibirán ningún tipo de compensación por la aplicación del convenio. El viceministro de Hidrocarburos, William Donaire, explicó que el único compromiso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) consiste en entregar los volúmenes que requieren esos mercados.
Los pactos señalan también que todas las localidades deberán determinar sus requerimientos mensuales de consumo de GLP y a su vez se comprometen a no desviar los carburantes porque, de lo contrario, serán sancionadas.
El alcalde de Copacabana, Juan Armando Calisaya, aseguró que el convenio es una acción positiva para las localidades y se está llevando adelante sin compensaciones o incentivos en favor de los comunarios. Aunque recordó que hay una norma que otorga al denunciante de contrabando un 10 por ciento del dinero por el remate de las garrafas decomisadas.
La provisión de GLP de Copacabana es de 20.000 garrafas mensuales, pero esta cifra se incrementa en feriados y fiestas patronales, lo cual, según el Alcalde, ameritará solicitudes adicionales de provisión que la Superintendencia del sector tendrá que aceptar.
Los acuerdos también establecen el control social que pasa por la aplicación de la justicia comunitaria. Según Aruquipa, bajo ese concepto se pueden aplicar otros castigos, como los trabajos forzados.
La Superintendencia firmará otros pactos sobre el diésel y la gasolina.
Aruquipa dijo que ese plan forma parte de un gran plan que se presentó al presidente Evo Morales, en el que también coadyuvó la Aduana Nacional con algunas estrategias.
Más efectivos del COA y 5 comandos
El Plan Nacional de Lucha Contra el Contrabando requiere que la Aduana Nacional se vea fortalecida. En ese sentido, esta institución planteará al Poder Ejecutivo el incremento del número de efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), el brazo operativo de la Aduana. Así lo confirmaron en la institución.
Actualmente, el número de efectivos del COA en funciones es de alrededor de cien y se prevé que, con la solicitud de aumento de ítems, esa cantidad se duplique.
El plan implica participación activa de las Fuerzas Armadas, las cuales establecerán cinco comandos conjuntos (Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval) para apoyar a la Aduana. El primer comando será para La Paz y Oruro (occidente), el segundo para la localidad de Yacuiba (sur), el tercero se encargará de Villazón (sur), el cuarto de Puerto Suárez (oriente) y el quinto de Cobija (norte).
El control social será aplicado por las comunidades sobre sus pobladores.
Las sanciones podrán ser de hasta 30 días de corte en la provisión de carburantes.
El GLP, diésel y gasolina están incluidos en los convenios con los municipios.
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