El Gobierno designó anoche al ex asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Saúl Ávalos Cortés (42) como interventor de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), nacionalizada la semana pasada, para que lleve adelante la gestión y la administración de la empresa.
La firma controla las 19 plantas de almacenaje de gasolina y diésel y 1.447 kilómetros de ductos. Del nuevo manejo de la empresa dependerá la provisión de líquidos al mercado interno.
El acto de posesión se celebró anoche en Santa Cruz en presencia del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y del superintendente del rubro, Guillermo Aruquipa.
Ávalos es cruceño, de profesión economista y, según datos de los partidos de oposición, es dueño de la empresa de seguridad privada Líder.
En 2007, se desempeñó como presidente de la Comisión para Autonomías de la Asamblea Constituyente y es conocido por su vínculo con los movimientos sociales del oriente. No tiene experiencia en el área petrolera.
Según el Decreto Supremo 29555, promulgado el jueves, el nuevo funcionario deberá garantizar la continuidad de las operaciones de CLHB mientras que YPFB las asuma plenamente.
Para ello, podrá instruir la contratación de auditorías; disponer de la reestructuración del plantel ejecutivo de la empresa, si es necesario; adoptar medidas para potenciarla, previa consulta con la Superintendencia de Hidrocarburos, y requerir el auxilio de la fuerza pública para ejercer sus funciones, entre otros.
La disposición no establece una fecha para el término de la intervención. Sin embargo, el miércoles Ramírez anticipó que sobre la base de CLHB se constituirá en los próximos 30 días YPFB Logística S.A., una subsidiaria de YPFB Corporación.
El 1 de mayo el Estado adquirió, con el Decreto Supremo 29542, el 100 por ciento de las acciones de CLHB.
El origen de la decisión
El Gobierno designó un interventor por decreto debido a que detectó que los ex dueños de CLHB (Oiltanking Investiment Bolivia S.A., de Alemania, y Graña y Montero, de Perú) incurrieron en “acciones que van en detrimento de los intereses de la sociedad” y que ponían en riesgo el abastecimiento del mercado interno.
El miércoles, Ramírez denunció que CLHB pagó por adelantado beneficios sociales a sus ejecutivos.
La Superintendencia del área detalló ayer que los ex dueños realizaron una serie de retiros bancarios de sus cuentas —no dio cifras— para hacer esos pagos y que eso puso en riesgo la estabilidad económica de la empresa y además podía provocar el incumplimiento de los servicios.
El gerente general de CLHB, Mauricio Prudencio, informó a La Prensa que desconocía la designación del interventor, pero ratificó que todos los actos de la compañía se enmarcaron en las normas bolivianas y que se acatarán los decretos.
Confirmó además el pago de beneficios sociales a tres ejecutivos extranjeros que dimitieron antes de la nacionalización y aseguró que se ciñó a la Ley General del Trabajo.
Fuentes del sector aseguraron también que supuestamente la empresa descalibró los medidores y que desmantelaron los equipos. Prudencio lo negó.
Consultora valuará acciones en 90 días
El Poder Ejecutivo estableció, con un segundo decreto (29544), un plazo de 90 días, computables a partir del jueves 8 de mayo, para que “una consultora independiente valúe las acciones de las sociedades Oiltanking Investiment Bolivia S.A. (Alemania) y Graña y Montero (Perú) en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB)”.
El documento señala que luego de ese proceso de cuantificación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “pagará el valor determinado de las acciones nacionalizadas” a los ex dueños y se procederá al respectivo endoso de títulos.
El 1 de mayo, el Estado adquirió con el Decreto 29542 el 100 por ciento de las acciones de CLHB y fijó un costo aproximado de 20 millones de dólares por ellas, cada una a 59,8 dólares.
Según esas normas, el Estado reajustará el valor de las acciones debido a que la semana pasada, al hacerse cargo de la empresa, accedió a información y documentación que reveló supuestos actos en perjuicio de Yacimientos.
La firma controla las 19 plantas de almacenaje de gasolina y diésel y 1.447 kilómetros de ductos. Del nuevo manejo de la empresa dependerá la provisión de líquidos al mercado interno.
El acto de posesión se celebró anoche en Santa Cruz en presencia del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, y del superintendente del rubro, Guillermo Aruquipa.
Ávalos es cruceño, de profesión economista y, según datos de los partidos de oposición, es dueño de la empresa de seguridad privada Líder.
En 2007, se desempeñó como presidente de la Comisión para Autonomías de la Asamblea Constituyente y es conocido por su vínculo con los movimientos sociales del oriente. No tiene experiencia en el área petrolera.
Según el Decreto Supremo 29555, promulgado el jueves, el nuevo funcionario deberá garantizar la continuidad de las operaciones de CLHB mientras que YPFB las asuma plenamente.
Para ello, podrá instruir la contratación de auditorías; disponer de la reestructuración del plantel ejecutivo de la empresa, si es necesario; adoptar medidas para potenciarla, previa consulta con la Superintendencia de Hidrocarburos, y requerir el auxilio de la fuerza pública para ejercer sus funciones, entre otros.
La disposición no establece una fecha para el término de la intervención. Sin embargo, el miércoles Ramírez anticipó que sobre la base de CLHB se constituirá en los próximos 30 días YPFB Logística S.A., una subsidiaria de YPFB Corporación.
El 1 de mayo el Estado adquirió, con el Decreto Supremo 29542, el 100 por ciento de las acciones de CLHB.
El origen de la decisión
El Gobierno designó un interventor por decreto debido a que detectó que los ex dueños de CLHB (Oiltanking Investiment Bolivia S.A., de Alemania, y Graña y Montero, de Perú) incurrieron en “acciones que van en detrimento de los intereses de la sociedad” y que ponían en riesgo el abastecimiento del mercado interno.
El miércoles, Ramírez denunció que CLHB pagó por adelantado beneficios sociales a sus ejecutivos.
La Superintendencia del área detalló ayer que los ex dueños realizaron una serie de retiros bancarios de sus cuentas —no dio cifras— para hacer esos pagos y que eso puso en riesgo la estabilidad económica de la empresa y además podía provocar el incumplimiento de los servicios.
El gerente general de CLHB, Mauricio Prudencio, informó a La Prensa que desconocía la designación del interventor, pero ratificó que todos los actos de la compañía se enmarcaron en las normas bolivianas y que se acatarán los decretos.
Confirmó además el pago de beneficios sociales a tres ejecutivos extranjeros que dimitieron antes de la nacionalización y aseguró que se ciñó a la Ley General del Trabajo.
Fuentes del sector aseguraron también que supuestamente la empresa descalibró los medidores y que desmantelaron los equipos. Prudencio lo negó.
Consultora valuará acciones en 90 días
El Poder Ejecutivo estableció, con un segundo decreto (29544), un plazo de 90 días, computables a partir del jueves 8 de mayo, para que “una consultora independiente valúe las acciones de las sociedades Oiltanking Investiment Bolivia S.A. (Alemania) y Graña y Montero (Perú) en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB)”.
El documento señala que luego de ese proceso de cuantificación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “pagará el valor determinado de las acciones nacionalizadas” a los ex dueños y se procederá al respectivo endoso de títulos.
El 1 de mayo, el Estado adquirió con el Decreto 29542 el 100 por ciento de las acciones de CLHB y fijó un costo aproximado de 20 millones de dólares por ellas, cada una a 59,8 dólares.
Según esas normas, el Estado reajustará el valor de las acciones debido a que la semana pasada, al hacerse cargo de la empresa, accedió a información y documentación que reveló supuestos actos en perjuicio de Yacimientos.
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