La nacionalización de tres empresas petroleras por parte del Estado boliviano generó críticas de distintos sectores. Perú amenazó con recurrir al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, que prevé un laudo arbitral para defender a la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), encargada del almacenaje de diésel y gasolina del país.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sostuvo que la medida fue simplemente una “compra hostil” que pone en riesgo la seguridad energética de la nación.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las petroleras, también lamentó la decisión “unilateral” en momentos en que las empresas tienen planes conjuntos, y pidió al Estado dar “pasos concretos para restablecer la confianza de los inversionistas”.
El jueves, el presidente Evo Morales nacionalizó, con el Decreto Supremo 29541, el 1,02 por ciento de las acciones que la empresa Amoco Bolivia Oil & Gas AB tenía en la capitalizada Chaco con el fin de lograr el 50 por ciento más uno de esa firma.
También recuperó el 2,62 por ciento de las acciones de TR Holdings Ltda. en la transportadora de hidrocarburos Transredes para darle a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la mayoría accionaria.
Con otro decreto, el 29542, el Estado boliviano adquirió el 100 por ciento de los títulos de propiedad de las sociedad alemano-peruana Oiltanking Investiments Bolivia y Graña y Montero S.A. y GMP S.A. en la empresa CLHB, la cual tiene 19 plantas de almacenaje en Bolivia y 1.147 kilómetros de ductos.
Tras varios meses de diálogo, con la única que se llegó a un acuerdo amigable es Repsol, por su 1,08 por ciento en Andina.
El Ejecutivo pagará por los títulos de todas esas empresas más de 43 millones de dólares.
Según el diario Correo de Lima, el viceministro de Energía de Perú, Pedro Gamio, explicó que los capitales de CLHB están comprendidos en el régimen de protección recíproca de inversiones, lo que significa que se tendrán que hacer valer los derechos que concede la legislación internacional.
“Es una mala noticia porque la idea es construir un régimen de confianza y de respeto a las reglas de juego continentales. Esto le hace daño a la imagen de Sudamérica en el mundo”.
Añadió que este asunto seguirá el curso diplomático a través de la Cancillería, mientras que el Ministerio de Energía y Minas el lunes a primera hora se pondrá en contacto con la compañía afectada y el Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar todo el apoyo respectivo.
En Bolivia, el secretario de la CEPB, Andrés Torres, también cuestionó la medida. “No estamos criticando que se haga o no la nacionalización, sino la forma de ejecutarla. Se afecta la credibilidad del país, las inversiones internas y externas y las expectativas del sector productivo. Ingresamos en una inestabilidad institucional sobre lo productivo. El Gobierno puede hacer muchas cosas basado en una agenda de concertación. Este tipo de compras hostiles afecta al país”.
La CBH, en un comunicado, dijo: “Esperamos que se puedan concluir los acuerdos que permitan a YPFB seguir operando de acuerdo con los mejores estándares que la industria exige y que permita desarrollar el sector”.
Garantizarán suministro de energía
Con la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), el Gobierno aseguró que garantizará el suministro de diésel y gasolina para el mercado interno.
Explicó que como esa empresa se hace cargo del almacenaje de hidrocarburos, de ahora en adelante se la hará engranar con las actividades productivas de las refinerías, que son las que procesan los hidrocarburos.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, aseguró que la CLHB es “estratégica” para garantizar el suministro de los carburantes en Bolivia.
Esa firma tiene a su cargo 19 plantas y 1.147 kilómetros de poliductos que pertenecían a YPFB antes de 2000, cuando se inició el proceso de privatización que impulsó Hugo Banzer.
El Gobierno tuvo que comprar, por decreto, el 100 por ciento de las acciones de la sociedad alemano-peruana Oiltanking Investiments Bolivia y Graña y Montero S.A. y GMP S.A. debido a que no llegó a un acuerdo en el valor de la empresa.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sostuvo que la medida fue simplemente una “compra hostil” que pone en riesgo la seguridad energética de la nación.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las petroleras, también lamentó la decisión “unilateral” en momentos en que las empresas tienen planes conjuntos, y pidió al Estado dar “pasos concretos para restablecer la confianza de los inversionistas”.
El jueves, el presidente Evo Morales nacionalizó, con el Decreto Supremo 29541, el 1,02 por ciento de las acciones que la empresa Amoco Bolivia Oil & Gas AB tenía en la capitalizada Chaco con el fin de lograr el 50 por ciento más uno de esa firma.
También recuperó el 2,62 por ciento de las acciones de TR Holdings Ltda. en la transportadora de hidrocarburos Transredes para darle a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la mayoría accionaria.
Con otro decreto, el 29542, el Estado boliviano adquirió el 100 por ciento de los títulos de propiedad de las sociedad alemano-peruana Oiltanking Investiments Bolivia y Graña y Montero S.A. y GMP S.A. en la empresa CLHB, la cual tiene 19 plantas de almacenaje en Bolivia y 1.147 kilómetros de ductos.
Tras varios meses de diálogo, con la única que se llegó a un acuerdo amigable es Repsol, por su 1,08 por ciento en Andina.
El Ejecutivo pagará por los títulos de todas esas empresas más de 43 millones de dólares.
Según el diario Correo de Lima, el viceministro de Energía de Perú, Pedro Gamio, explicó que los capitales de CLHB están comprendidos en el régimen de protección recíproca de inversiones, lo que significa que se tendrán que hacer valer los derechos que concede la legislación internacional.
“Es una mala noticia porque la idea es construir un régimen de confianza y de respeto a las reglas de juego continentales. Esto le hace daño a la imagen de Sudamérica en el mundo”.
Añadió que este asunto seguirá el curso diplomático a través de la Cancillería, mientras que el Ministerio de Energía y Minas el lunes a primera hora se pondrá en contacto con la compañía afectada y el Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar todo el apoyo respectivo.
En Bolivia, el secretario de la CEPB, Andrés Torres, también cuestionó la medida. “No estamos criticando que se haga o no la nacionalización, sino la forma de ejecutarla. Se afecta la credibilidad del país, las inversiones internas y externas y las expectativas del sector productivo. Ingresamos en una inestabilidad institucional sobre lo productivo. El Gobierno puede hacer muchas cosas basado en una agenda de concertación. Este tipo de compras hostiles afecta al país”.
La CBH, en un comunicado, dijo: “Esperamos que se puedan concluir los acuerdos que permitan a YPFB seguir operando de acuerdo con los mejores estándares que la industria exige y que permita desarrollar el sector”.
Garantizarán suministro de energía
Con la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), el Gobierno aseguró que garantizará el suministro de diésel y gasolina para el mercado interno.
Explicó que como esa empresa se hace cargo del almacenaje de hidrocarburos, de ahora en adelante se la hará engranar con las actividades productivas de las refinerías, que son las que procesan los hidrocarburos.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, aseguró que la CLHB es “estratégica” para garantizar el suministro de los carburantes en Bolivia.
Esa firma tiene a su cargo 19 plantas y 1.147 kilómetros de poliductos que pertenecían a YPFB antes de 2000, cuando se inició el proceso de privatización que impulsó Hugo Banzer.
El Gobierno tuvo que comprar, por decreto, el 100 por ciento de las acciones de la sociedad alemano-peruana Oiltanking Investiments Bolivia y Graña y Montero S.A. y GMP S.A. debido a que no llegó a un acuerdo en el valor de la empresa.
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