Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acusó ayer a la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), nacionalizada la anterior semana, de retirar por adelantado recursos económicos de la empresa para el pago de beneficios sociales a sus ejecutivos. La firma aludida aseguró que la medida está dentro de las normas nacionales.
Durante una conferencia de prensa en La Paz, el presidente de la petrolera estatal, Santos Ramírez, hizo la denuncia, pero no dio cifras ni precisó la cantidad de personal saliente.
Anticipó que indagará ese caso, que supuestamente forma parte de un grupo de irregularidades, como el incumplimiento de inversiones.
El gerente general de CLHB, Mauricio Prudencio, informó a La Prensa que antes de la nacionalización de la compañía, dictada el 1 de mayo, tres funcionarios extranjeros dimitieron y lo único que se hizo fue pagarles sus beneficios conforme a la Ley del Trabajo. Evitó dar cifras.
La semana pasada, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 29542, transfirió a Yacimientos el 100 por ciento del paquete accionario de las firmas Oil Tanking (Alemania) y Graña y Montero (Perú) en CLHB para que asuma el control del almacenaje de gasolina y diésel del país. La firma controlaba 19 plantas y alrededor de 1.447 kilómetros de ductos.
El Poder Ejecutivo se comprometió a pagar 20 millones de dólares por los títulos que adquirió, de los cuales ocho millones irán a amortizar una deuda que los ex dueños de CLHB contrajeron con el Banco de Crédito.
Ramírez cuestionó que los accionistas extranjeros solicitaran ese préstamo con cargo a los ingresos futuros de la empresa, en el ánimo de descapitalizarla. También informó que no mejoraron las condiciones de almacenaje, motivo por el cual las plantas sólo tienen capacidad para guardar combustibles por un día.
“CLHB —dijo el ejecutivo— con qué moral irá a un arbitraje (para reclamar por la nacionalización), si ni siquiera ha invertido y ha sacado un préstamo para pagar sus utilidades a futuro”.
Entre otras supuestas irregularidades, el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, denunció hace tres semanas que CLHB descalibró los medidores. Otras fuentes informaron que la empresa también desmanteló equipos de las plantas.
Prudencio, en cambio, descartó todas esas versiones y aseguró que no se sacó ningún activo de la compañía tras la nacionalización del sector.
Garantizó que la firma cumplió con todo lo establecido en las leyes desde que inició operaciones en 2000.
Además, sostuvo que CLHB invirtió 18,6 millones de dólares, más de lo comprometido, y que trabajó incluso a pérdida. Actualmente, YPFB se encuentra en un periodo de transición para asumir la administración de la compañía.
Se designó un equipo técnico para que realice el inventario de los bienes. Ramírez precisó que se requieren entre 20 y 30 días para que la estatal asuma el control de CLHB.
Durante una conferencia de prensa en La Paz, el presidente de la petrolera estatal, Santos Ramírez, hizo la denuncia, pero no dio cifras ni precisó la cantidad de personal saliente.
Anticipó que indagará ese caso, que supuestamente forma parte de un grupo de irregularidades, como el incumplimiento de inversiones.
El gerente general de CLHB, Mauricio Prudencio, informó a La Prensa que antes de la nacionalización de la compañía, dictada el 1 de mayo, tres funcionarios extranjeros dimitieron y lo único que se hizo fue pagarles sus beneficios conforme a la Ley del Trabajo. Evitó dar cifras.
La semana pasada, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 29542, transfirió a Yacimientos el 100 por ciento del paquete accionario de las firmas Oil Tanking (Alemania) y Graña y Montero (Perú) en CLHB para que asuma el control del almacenaje de gasolina y diésel del país. La firma controlaba 19 plantas y alrededor de 1.447 kilómetros de ductos.
El Poder Ejecutivo se comprometió a pagar 20 millones de dólares por los títulos que adquirió, de los cuales ocho millones irán a amortizar una deuda que los ex dueños de CLHB contrajeron con el Banco de Crédito.
Ramírez cuestionó que los accionistas extranjeros solicitaran ese préstamo con cargo a los ingresos futuros de la empresa, en el ánimo de descapitalizarla. También informó que no mejoraron las condiciones de almacenaje, motivo por el cual las plantas sólo tienen capacidad para guardar combustibles por un día.
“CLHB —dijo el ejecutivo— con qué moral irá a un arbitraje (para reclamar por la nacionalización), si ni siquiera ha invertido y ha sacado un préstamo para pagar sus utilidades a futuro”.
Entre otras supuestas irregularidades, el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, denunció hace tres semanas que CLHB descalibró los medidores. Otras fuentes informaron que la empresa también desmanteló equipos de las plantas.
Prudencio, en cambio, descartó todas esas versiones y aseguró que no se sacó ningún activo de la compañía tras la nacionalización del sector.
Garantizó que la firma cumplió con todo lo establecido en las leyes desde que inició operaciones en 2000.
Además, sostuvo que CLHB invirtió 18,6 millones de dólares, más de lo comprometido, y que trabajó incluso a pérdida. Actualmente, YPFB se encuentra en un periodo de transición para asumir la administración de la compañía.
Se designó un equipo técnico para que realice el inventario de los bienes. Ramírez precisó que se requieren entre 20 y 30 días para que la estatal asuma el control de CLHB.
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