Iberoamérica Trading SRL busca un resarcimiento de 38 millones de dólares por daños y perjuicios por la interrupción del contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las denuncias en su contra, según informa el gerente General de la empresa, Germán Eduardo Richter Gómez, en tanto que su abogado Eduardo Saucedo señala que el desagravio superará 50 millones de dólares.
Después de casi dos años del problema suscitado a raíz del contrato de exportación de crudo suscrito el 8 de junio del 2006 por YPFB e Iberoamérica Trading, Richter y Saucedo informaron ayer que siguen procesos legales “contra ejecutivos y ex ejecutivos de la Superintendencia de Hidrocarburos, por los delitos de acusación y denuncia falsa, falsedad material ideológica y falsificación de documentos”.
RESARCIMIENTO
El desagravio que exige Iberoamérica Trading está valorado sobre el costo que los técnicos de la entidad reguladora el 2006 calcularon el daño para el Estado, puntualizó el abogado Saucedo añadiendo las pérdidas para la empresa.
“Queremos el resarcimiento de los daños”, puntualizó el ejecutivo al indicar que en la Superintendencia de Hidrocarburos “hablaron de 38 millones de dólares, seguramente, el cálculo es de ellos”, pero aclaró que “el Estado no” les indemnizará, sino los funcionarios que hicieron daño a la empresa.
En tanto que el abogado manifiesta que a los 40 millones de dólares, de daño económico ocasionado por la Superintendencia de Hidrocarburos al Estado por impedir el contrato YPFB-Iberoamérica, se deben sumar los costos de la compañía, “entonces estamos hablando, aproximadamente, de, no lo sé”, indicó para rectificar que “el daño que se ha causado tanto al Estado como a la empresa está por encima de los 50 millones de dólares”.
PROCESO PENAL
Entre los imputados mencionaron a los ex superintendentes interinos, Víctor Hugo Sainz, Mario Adrián, y otros funcionarios de la entidad reguladora como Ramiro Ergueta, Hernán Peña y Jorge Téllez, entre otros.
Inclusive le siguen un proceso penal a la fiscal de Materia, Giovanna Mendoza, a quien hace siete meses no le pueden entregar un citatorio, debido a que “cuenta con la protección de alguien del Ministerio Público”, aseguró Richter.
Según el ejecutivo, las acusaciones y denuncias contra el acuerdo YPFB-Iberoamérica fueron producto de una “lucha interna en YPFB”, sin embargo se negó a dar nombres, a pesar de haber lanzado la acusación.
También, ratificó que no conocía al entonces presidente de la estatal, Jorge Alvarado. Además, que documentos entregados en la conferencia de prensa puntualizan que la denuncia rechazada fue rechazada por el Misterio Público, “sin embargo, el escándalo le costó la Presidencia de YPFB al Sr. Jorge Alvarado”.
Richter indicó que en las declaraciones de los ex funcionarios a la Fiscalía señalaron que “el contrato era sano, que el contrato no iba a ocasionar daño al Estado y que todo fue el plan urdido por el superintendente de la época, Víctor Hugo Sainz”
Después de casi dos años del problema suscitado a raíz del contrato de exportación de crudo suscrito el 8 de junio del 2006 por YPFB e Iberoamérica Trading, Richter y Saucedo informaron ayer que siguen procesos legales “contra ejecutivos y ex ejecutivos de la Superintendencia de Hidrocarburos, por los delitos de acusación y denuncia falsa, falsedad material ideológica y falsificación de documentos”.
RESARCIMIENTO
El desagravio que exige Iberoamérica Trading está valorado sobre el costo que los técnicos de la entidad reguladora el 2006 calcularon el daño para el Estado, puntualizó el abogado Saucedo añadiendo las pérdidas para la empresa.
“Queremos el resarcimiento de los daños”, puntualizó el ejecutivo al indicar que en la Superintendencia de Hidrocarburos “hablaron de 38 millones de dólares, seguramente, el cálculo es de ellos”, pero aclaró que “el Estado no” les indemnizará, sino los funcionarios que hicieron daño a la empresa.
En tanto que el abogado manifiesta que a los 40 millones de dólares, de daño económico ocasionado por la Superintendencia de Hidrocarburos al Estado por impedir el contrato YPFB-Iberoamérica, se deben sumar los costos de la compañía, “entonces estamos hablando, aproximadamente, de, no lo sé”, indicó para rectificar que “el daño que se ha causado tanto al Estado como a la empresa está por encima de los 50 millones de dólares”.
PROCESO PENAL
Entre los imputados mencionaron a los ex superintendentes interinos, Víctor Hugo Sainz, Mario Adrián, y otros funcionarios de la entidad reguladora como Ramiro Ergueta, Hernán Peña y Jorge Téllez, entre otros.
Inclusive le siguen un proceso penal a la fiscal de Materia, Giovanna Mendoza, a quien hace siete meses no le pueden entregar un citatorio, debido a que “cuenta con la protección de alguien del Ministerio Público”, aseguró Richter.
Según el ejecutivo, las acusaciones y denuncias contra el acuerdo YPFB-Iberoamérica fueron producto de una “lucha interna en YPFB”, sin embargo se negó a dar nombres, a pesar de haber lanzado la acusación.
También, ratificó que no conocía al entonces presidente de la estatal, Jorge Alvarado. Además, que documentos entregados en la conferencia de prensa puntualizan que la denuncia rechazada fue rechazada por el Misterio Público, “sin embargo, el escándalo le costó la Presidencia de YPFB al Sr. Jorge Alvarado”.
Richter indicó que en las declaraciones de los ex funcionarios a la Fiscalía señalaron que “el contrato era sano, que el contrato no iba a ocasionar daño al Estado y que todo fue el plan urdido por el superintendente de la época, Víctor Hugo Sainz”
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