La falta de recursos económicos en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le generará dificultades para asumir las operaciones de las empresas del sector recién nacionalizadas: Transredes, Chaco, Andina y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).
Así lo admitió ayer el presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, en declaraciones a la Red Patria Nueva.
Aseguró que “lo económico-financiero es la base del problema” porque la empresa necesita más dinero para poder “perforar y explorar” los campos de las petroleras recuperadas.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, hace algunos meses dijo que la nueva Ley de Hidrocarburos no había dejado recursos económicos a YPFB y simplemente distribuyó los ingresos entre las regiones por la presión.
El 1 de mayo, el presidente Evo Morales nacionalizó por decreto tres petroleras y una cuarta, filial de Repsol YPF, mediante un acuerdo con la compañía hispano-argentina. También decretó la recuperación del 100 por ciento de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, de inversores peruanos y alemanes, lo que obliga a sus propietarios a transferir la totalidad de sus acciones al Estado a cambio de un pago de 20 millones de dólares.
El Estado, a través de la Superintendencia de Hidrocarburos, ejecutó el viernes la intervención de la CLHB, encargada del almacenamiento y transporte de carburantes, después de acusar a sus accionistas de arriesgar la continuidad del servicio que presta esa empresa.
Para dar continuidad a sus operaciones, el Gobierno designó como interventor al constituyente masista Saúl Ávalos, quien, de acuerdo con su perfil profesional, no tiene experiencia en el ramo.
Ramírez acusó ayer a los propietarios de la CLHB de no haber invertido lo suficiente en aumentar la capacidad de almacenamiento de la compañía y calificó de “imperdonable” ese hecho.
La autoridad dijo que se necesita más capacidad en este ámbito para las contingencias.
Así lo admitió ayer el presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, en declaraciones a la Red Patria Nueva.
Aseguró que “lo económico-financiero es la base del problema” porque la empresa necesita más dinero para poder “perforar y explorar” los campos de las petroleras recuperadas.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, hace algunos meses dijo que la nueva Ley de Hidrocarburos no había dejado recursos económicos a YPFB y simplemente distribuyó los ingresos entre las regiones por la presión.
El 1 de mayo, el presidente Evo Morales nacionalizó por decreto tres petroleras y una cuarta, filial de Repsol YPF, mediante un acuerdo con la compañía hispano-argentina. También decretó la recuperación del 100 por ciento de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, de inversores peruanos y alemanes, lo que obliga a sus propietarios a transferir la totalidad de sus acciones al Estado a cambio de un pago de 20 millones de dólares.
El Estado, a través de la Superintendencia de Hidrocarburos, ejecutó el viernes la intervención de la CLHB, encargada del almacenamiento y transporte de carburantes, después de acusar a sus accionistas de arriesgar la continuidad del servicio que presta esa empresa.
Para dar continuidad a sus operaciones, el Gobierno designó como interventor al constituyente masista Saúl Ávalos, quien, de acuerdo con su perfil profesional, no tiene experiencia en el ramo.
Ramírez acusó ayer a los propietarios de la CLHB de no haber invertido lo suficiente en aumentar la capacidad de almacenamiento de la compañía y calificó de “imperdonable” ese hecho.
La autoridad dijo que se necesita más capacidad en este ámbito para las contingencias.
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