Para un ex ministro de Hidrocarburos, dos ex superintendentes y un ex ejecutivo de YPFB que trabajó para el Gobierno en el diseño de las auditorías a las empresas petroleras, el Gobierno se dedicó a aplicar la Ley de Hidrocarburos, firmó nuevos contratos en ese sentido, pero no nacionalizó el gas natural y el petróleo. Yacimientos destaca los nuevos ingresos.
Hoy se conmemoran dos años de la llamada nacionalización de los hidrocarburos y tres expertos aseguran que el Gobierno de Evo Morales no aplicó ese proceso en realidad, sino que ejecutó parcialmente la Ley 3058 de Hidrocarburos, que mejoró los ingresos económicos del país.
Aunque por razones diferentes, a ellos se sumó Enrique Mariaca, responsable de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Hidrocarburos, quien llevó adelante las auditorías a las petroleras. Sostuvo que en los estudios se halló un sinmúmero de incumplimientos por parte de las empresas como para “aplicar una nacionalización real”, pero que el Gobierno no lo hizo y criticó a los allegados al presidente Evo Morales por no haberlo hecho. Sin embargo, hasta la fecha, el ministro del sector, Carlos Villegas, no publica estos estudios.
El Decreto Supremo 28701, promulgado en el campo San Alberto (Tarija), el 1 de mayo de 2006, dejó en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la propiedad de la producción de hidrocarburos y le instruyó asumir la comercialización de los hidrocarburos tanto para el mercado interno como para el externo, entre otros.
Además estableció que las operadoras de los megacampos (Petrobras, Andina y Total) debían realizar un pago transitorio de 32 por ciento en favor de la petrolera estatal, desembolsado adicionalmente al 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el 18 por ciento de las regalías. Estos dos últimos, establecidos en la Ley 3058.
Según el ex ministro Guillermo Torres, en términos cabales, la nacionalización es el traspaso de las instalaciones y operaciones de una empresa privada al Estado, la salida de las compañías del país y el pago de una indemnización justa en los casos que corresponda. “Eso no ocurrió en este caso”.
“La ley ya define que el Estado es dueño de los hidrocarburos y que la comercialización estará a cargo de YPFB”.
El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda aseguró que el Gobierno hizo demasiado alarde de ese proceso, que en el fondo fue una “renegociación forzada de contratos”. “No hubo una transferencia de activos, excepto la compra de las refinerías y todavía queda pendiente saber cómo se hará el control de Chaco, Andina y Transredes y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB)”, que son las empresas en las cuales, según el Decreto 28701, YPFB tiene que asumir al menos el 50 por ciento más uno de las acciones en cada una.
Durante dos semanas seguidas, este diario trató de conocer la versión del ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y del presidente de YPFB, Santos Ramírez, sobre este proceso, pero no respondieron a la solicitud.
Según datos de los ministerios de Hidrocarburos y de Hacienda, gracias a la nacionalización, los ingresos del gas crecieron en 21 por ciento los últimos dos años. Bolivia recibió alrededor de 1.299 millones de dólares en 2006, que incluyen impuestos y regalías, y hasta fines de 2007 se incrementó hasta 1.572 millones de dólares.
“Los ingresos estatales suben —según Miranda—, pero no por la nacionalización, el impacto ya estaba por la Ley de Hidrocarburos y por la elevación del precio (del petróleo) en el mercado internacional”.
Aseguró que tampoco se descubrieron nuevas áreas de exploración desde 2003, y que desde 2005 Bolivia desconoce cuánto de reservas tiene.
Según el ex superintendente Hugo de la Fuente, el incremento de los ingresos no fue acompañado por el desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya que la oferta de gas natural se encuentra al límite y por primera vez en más de 20 años, Bolivia incumplió con el contrato de provisión a Argentina.
El denominado proceso de nacionalización del Gobierno derivó en la firma de contratos petroleros, que sustituyeron los de riesgo compartido, por los de operación, en los que las empresas pasaron a ser prestadoras de servicios.
Según Torres, se introdujo un contrato que no existe en la ley, lesivo a los intereses del país porque establece negociaciones individuales violentando el principio de transparencia. “Esos acuerdos tienen la desventaja de no someterse a reglas claras referidas a los costos recuperables, por ser difíciles de controlar y por su cuantía”.
Pluspetrol
“Su producción de petróleo y gas ha estado comercializándola a su similar de la nación vecina Pluspetrol Argentina y, consiguientemente, pactaron precios de mercado muy bajos y que no correspondían a los costos de la región”
Según el estudio, “la Superintendencia de Hidrocarburos no aplicó las regulaciones correspondientes. Esto se reflejó en el estado de resultados anuales operando todo el tiempo a pérdida”.
Desde el punto de vista legal, dichos contratos son irregulares, por lo que corresponde, la recuperación por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Petrobras, Repsol y Total
“Las tres empresas operan en megacampos. Petrobras operó en San Alberto. Los costos de perforación fueron 80 por ciento más elevados que los de YPFB. Por ejemplo, el pozo San Alberto 9 de YPFB fue perforado por la estatal a un costo de 11,9 millones de dólares para una profundidad de 4.158 metros. Frente al costo promedio de los pozos de Petrobras que son de 27,82 millones de dólares para una profundidad promedio de 5.400 metros”.
“La empresa consultora Petroconsult presentó un estado de resultados hasta abril de 2005, en el que se establece que se logró un ingreso bruto de 1.072,3 millones de dólares, egresos como 582,31, utilidad neta de 418,83”
Petrobras
Según las auditorías, las empresas Petrobras, Repsol y Mapetrol tenían contratos sobre concesiones “ilegales” por haberse aplicado a otro tipo de contratos de servicio que son muy de corto plazo para mejorar la producción y que se llaman de “producción mejorada” y también de “riesgo compartido” en los que se adjudican reservas de hidrocarburos a “precio cero” desde 1990, todos estos campos pertenecientes a YPFB.
Debido a que se beneficiaron con ingresos provenientes de esas reservas corresponde realizar una auditoría más precisa sobre este aspecto y establecer los montos de ingresos percibidos ilegalmente.
British Gas (BG)
Los estudios especializados encargados por el Ministerio de Hidrocarburos detectaron que BG Bolivia realizó sus contratos de comercialización con una subsidiaria y también incurrió en la irregularidad de pactar precios inferiores a los del mercado regional, distorsionando sus resultados y estados de resultados contables.
Hoy se conmemoran dos años de la llamada nacionalización de los hidrocarburos y tres expertos aseguran que el Gobierno de Evo Morales no aplicó ese proceso en realidad, sino que ejecutó parcialmente la Ley 3058 de Hidrocarburos, que mejoró los ingresos económicos del país.
Aunque por razones diferentes, a ellos se sumó Enrique Mariaca, responsable de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Hidrocarburos, quien llevó adelante las auditorías a las petroleras. Sostuvo que en los estudios se halló un sinmúmero de incumplimientos por parte de las empresas como para “aplicar una nacionalización real”, pero que el Gobierno no lo hizo y criticó a los allegados al presidente Evo Morales por no haberlo hecho. Sin embargo, hasta la fecha, el ministro del sector, Carlos Villegas, no publica estos estudios.
El Decreto Supremo 28701, promulgado en el campo San Alberto (Tarija), el 1 de mayo de 2006, dejó en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la propiedad de la producción de hidrocarburos y le instruyó asumir la comercialización de los hidrocarburos tanto para el mercado interno como para el externo, entre otros.
Además estableció que las operadoras de los megacampos (Petrobras, Andina y Total) debían realizar un pago transitorio de 32 por ciento en favor de la petrolera estatal, desembolsado adicionalmente al 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el 18 por ciento de las regalías. Estos dos últimos, establecidos en la Ley 3058.
Según el ex ministro Guillermo Torres, en términos cabales, la nacionalización es el traspaso de las instalaciones y operaciones de una empresa privada al Estado, la salida de las compañías del país y el pago de una indemnización justa en los casos que corresponda. “Eso no ocurrió en este caso”.
“La ley ya define que el Estado es dueño de los hidrocarburos y que la comercialización estará a cargo de YPFB”.
El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda aseguró que el Gobierno hizo demasiado alarde de ese proceso, que en el fondo fue una “renegociación forzada de contratos”. “No hubo una transferencia de activos, excepto la compra de las refinerías y todavía queda pendiente saber cómo se hará el control de Chaco, Andina y Transredes y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB)”, que son las empresas en las cuales, según el Decreto 28701, YPFB tiene que asumir al menos el 50 por ciento más uno de las acciones en cada una.
Durante dos semanas seguidas, este diario trató de conocer la versión del ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y del presidente de YPFB, Santos Ramírez, sobre este proceso, pero no respondieron a la solicitud.
Según datos de los ministerios de Hidrocarburos y de Hacienda, gracias a la nacionalización, los ingresos del gas crecieron en 21 por ciento los últimos dos años. Bolivia recibió alrededor de 1.299 millones de dólares en 2006, que incluyen impuestos y regalías, y hasta fines de 2007 se incrementó hasta 1.572 millones de dólares.
“Los ingresos estatales suben —según Miranda—, pero no por la nacionalización, el impacto ya estaba por la Ley de Hidrocarburos y por la elevación del precio (del petróleo) en el mercado internacional”.
Aseguró que tampoco se descubrieron nuevas áreas de exploración desde 2003, y que desde 2005 Bolivia desconoce cuánto de reservas tiene.
Según el ex superintendente Hugo de la Fuente, el incremento de los ingresos no fue acompañado por el desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya que la oferta de gas natural se encuentra al límite y por primera vez en más de 20 años, Bolivia incumplió con el contrato de provisión a Argentina.
El denominado proceso de nacionalización del Gobierno derivó en la firma de contratos petroleros, que sustituyeron los de riesgo compartido, por los de operación, en los que las empresas pasaron a ser prestadoras de servicios.
Según Torres, se introdujo un contrato que no existe en la ley, lesivo a los intereses del país porque establece negociaciones individuales violentando el principio de transparencia. “Esos acuerdos tienen la desventaja de no someterse a reglas claras referidas a los costos recuperables, por ser difíciles de controlar y por su cuantía”.
Pluspetrol
“Su producción de petróleo y gas ha estado comercializándola a su similar de la nación vecina Pluspetrol Argentina y, consiguientemente, pactaron precios de mercado muy bajos y que no correspondían a los costos de la región”
Según el estudio, “la Superintendencia de Hidrocarburos no aplicó las regulaciones correspondientes. Esto se reflejó en el estado de resultados anuales operando todo el tiempo a pérdida”.
Desde el punto de vista legal, dichos contratos son irregulares, por lo que corresponde, la recuperación por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Petrobras, Repsol y Total
“Las tres empresas operan en megacampos. Petrobras operó en San Alberto. Los costos de perforación fueron 80 por ciento más elevados que los de YPFB. Por ejemplo, el pozo San Alberto 9 de YPFB fue perforado por la estatal a un costo de 11,9 millones de dólares para una profundidad de 4.158 metros. Frente al costo promedio de los pozos de Petrobras que son de 27,82 millones de dólares para una profundidad promedio de 5.400 metros”.
“La empresa consultora Petroconsult presentó un estado de resultados hasta abril de 2005, en el que se establece que se logró un ingreso bruto de 1.072,3 millones de dólares, egresos como 582,31, utilidad neta de 418,83”
Petrobras
Según las auditorías, las empresas Petrobras, Repsol y Mapetrol tenían contratos sobre concesiones “ilegales” por haberse aplicado a otro tipo de contratos de servicio que son muy de corto plazo para mejorar la producción y que se llaman de “producción mejorada” y también de “riesgo compartido” en los que se adjudican reservas de hidrocarburos a “precio cero” desde 1990, todos estos campos pertenecientes a YPFB.
Debido a que se beneficiaron con ingresos provenientes de esas reservas corresponde realizar una auditoría más precisa sobre este aspecto y establecer los montos de ingresos percibidos ilegalmente.
British Gas (BG)
Los estudios especializados encargados por el Ministerio de Hidrocarburos detectaron que BG Bolivia realizó sus contratos de comercialización con una subsidiaria y también incurrió en la irregularidad de pactar precios inferiores a los del mercado regional, distorsionando sus resultados y estados de resultados contables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario