El círculo de la nacionalización, iniciada el 1 de mayo de 2006, no logra cerrarse y el Gobierno y las autoridades energéticas incumplen la ley del gas al no haber concretado hasta la fecha la nacionalización de la capitalizada Chaco SA, lo cual comenzó a preocupar ayer a las autoridades del Poder Ejecutivo. Según fuentes gubernamentales, el tema está siendo analizado por el propio presidente, Evo Morales, que en anteriores horas pidió una explicación al ministro de Hidrocarburos y a la estatal petrolera YPFB por no hacer cumplir la normativa. No se descarta una intervención a la petrolera en el transcurso de esta semana.
Es que el Ejecutivo aprobó el 1 de mayo de este año el Decreto Supremo 29141, que concreta el control y dirección estatal sobre la empresa Chaco al adquirir 167.271 acciones de la empresa Amoco Bolivia Oil & Gas (ahora PAE), a un costo de $us 29 por cada una de ellas, haciendo un total de $us. 4.850.859. Sin embargo, pese a los 30 días de plazo final estipulados por el Gobierno para la transición de la administración, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, no logró sellar los acuerdos. Mientras que con Transredes, Andina y la CLHB se actuó con más rigor y se acató la disposición.
Al respecto, el ministro del área no pudo ser contactado, ya que se encontraba de viaje. El viernes y sábado pasados estuvo en Santa Cruz y se alojó en el hotel House Inn, pero tampoco atendió a los medios de comunicación.
Por su lado, YPFB informó de que el periodo de transición en las petroleras Andina, Chaco y Transredes es hasta septiembre, no obstante, admitió que la administración de todas las nacionalizadas se debía realizar máximo hasta mediados de julio y en 90 días todas las operaciones.
Altas fuentes petroleras indicaron a EL DEBER que el accionista mayoritario de Chaco (PanAmerican Energy -PAE) pidió continuar administrando la empresa. A cambio de ello está dispuesta a ceder sus acciones al Estado boliviano. Mientras tanto, la Bolsa Boliviana de Valores SA comunicó oficialmente que la composición accionaria de la petrolera se mantiene inalterable, es decir que PAE tiene una participación del 50%, YPFB del 48,9% y el resto lo conforman accionistas minoritarios.
Por su lado, la empresa Chaco mantiene su estrategia de negociación y para ello altos ejecutivos de PAE se encuentran en la sede de Gobierno en busca de llegar a un acuerdo con las autoridades energéticas. Pese a esta situación, aclararon que continuarán con su plan de inversiones en el país. Precisamente la compañía trabaja en el campo Percheles, ubicado a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del cual estiman que hay importantes reservas y cuya producción tiene como objetivo ser destinada para el abastecimiento del mercado interno y la exportación a Argentina de acuerdo con volúmenes y plazos definidos por YPFB.
En criterio del analista energético Carlos Alberto López, el propio Gobierno viola su Ley. “Esto demuestra que las petroleras no están dispuestas a someterse a un control estatal ideologizado sobre el capital que inviertan”, dijo.
Para el constitucionalista José Antonio de Chazal, habría que analizar el decreto de nacionalización y los acuerdos arribados con cada una de las empresas.
Evo inaugurará planta en Río Grande
El presidente, Evo Morales, inaugurará hoy, a las 6:00, la construcción de una planta de separación de GLP y gasolina en el campo Río Grande, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, con el objetivo de evitar un mayor déficit interno en el abastecimiento de GLP en 2009. Para ello busca asegurar una mayor producción y generar excedentes exportables.
La construcción de la planta fue adjudicada a la empresa Catler Uniservice S.R.L. La licitación se realizó bajo la modalidad de provisión llave en mano, que incluye la operación y mantenimiento de la planta en un periodo de tres años, informó el gerente de Planificación de YPFB, Misael Gemio.
El decreto 29564 dispuso que en el financiamiento, el Ministerio de Hacienda suscriba un contrato de fideicomiso con plazo de dos años como fiduciario de $us 45 millones.
La inversión referencial señalada en el pliego de la convocatoria era de 90 millones de dólares. La empresa propuso el monto de $us 86.351.000 con el cual se adjudicó el proyecto.
Es que el Ejecutivo aprobó el 1 de mayo de este año el Decreto Supremo 29141, que concreta el control y dirección estatal sobre la empresa Chaco al adquirir 167.271 acciones de la empresa Amoco Bolivia Oil & Gas (ahora PAE), a un costo de $us 29 por cada una de ellas, haciendo un total de $us. 4.850.859. Sin embargo, pese a los 30 días de plazo final estipulados por el Gobierno para la transición de la administración, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, no logró sellar los acuerdos. Mientras que con Transredes, Andina y la CLHB se actuó con más rigor y se acató la disposición.
Al respecto, el ministro del área no pudo ser contactado, ya que se encontraba de viaje. El viernes y sábado pasados estuvo en Santa Cruz y se alojó en el hotel House Inn, pero tampoco atendió a los medios de comunicación.
Por su lado, YPFB informó de que el periodo de transición en las petroleras Andina, Chaco y Transredes es hasta septiembre, no obstante, admitió que la administración de todas las nacionalizadas se debía realizar máximo hasta mediados de julio y en 90 días todas las operaciones.
Altas fuentes petroleras indicaron a EL DEBER que el accionista mayoritario de Chaco (PanAmerican Energy -PAE) pidió continuar administrando la empresa. A cambio de ello está dispuesta a ceder sus acciones al Estado boliviano. Mientras tanto, la Bolsa Boliviana de Valores SA comunicó oficialmente que la composición accionaria de la petrolera se mantiene inalterable, es decir que PAE tiene una participación del 50%, YPFB del 48,9% y el resto lo conforman accionistas minoritarios.
Por su lado, la empresa Chaco mantiene su estrategia de negociación y para ello altos ejecutivos de PAE se encuentran en la sede de Gobierno en busca de llegar a un acuerdo con las autoridades energéticas. Pese a esta situación, aclararon que continuarán con su plan de inversiones en el país. Precisamente la compañía trabaja en el campo Percheles, ubicado a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del cual estiman que hay importantes reservas y cuya producción tiene como objetivo ser destinada para el abastecimiento del mercado interno y la exportación a Argentina de acuerdo con volúmenes y plazos definidos por YPFB.
En criterio del analista energético Carlos Alberto López, el propio Gobierno viola su Ley. “Esto demuestra que las petroleras no están dispuestas a someterse a un control estatal ideologizado sobre el capital que inviertan”, dijo.
Para el constitucionalista José Antonio de Chazal, habría que analizar el decreto de nacionalización y los acuerdos arribados con cada una de las empresas.
Evo inaugurará planta en Río Grande
El presidente, Evo Morales, inaugurará hoy, a las 6:00, la construcción de una planta de separación de GLP y gasolina en el campo Río Grande, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, con el objetivo de evitar un mayor déficit interno en el abastecimiento de GLP en 2009. Para ello busca asegurar una mayor producción y generar excedentes exportables.
La construcción de la planta fue adjudicada a la empresa Catler Uniservice S.R.L. La licitación se realizó bajo la modalidad de provisión llave en mano, que incluye la operación y mantenimiento de la planta en un periodo de tres años, informó el gerente de Planificación de YPFB, Misael Gemio.
El decreto 29564 dispuso que en el financiamiento, el Ministerio de Hacienda suscriba un contrato de fideicomiso con plazo de dos años como fiduciario de $us 45 millones.
La inversión referencial señalada en el pliego de la convocatoria era de 90 millones de dólares. La empresa propuso el monto de $us 86.351.000 con el cual se adjudicó el proyecto.
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