Preocupación. En ese sentido dijo que el país retornó a la Ley 3058 de Hidrocarburos establecida en mayo de 2005 por el gobierno de Carlos Mesa, donde las ganancias hidrocarburíferas se dividen en un 50 por ciento para el Estado y el otro 50 por ciento para las petroleras. “Estoy preocupado porque varios medios de comunicación aseguran que la tributación de compañías petroleras hacia el Estado llega al 82 por ciento y ellas se llevan el 18 por ciento restante, este porcentaje está establecido en el Decreto de Nacionalización del 1º de mayo, en su artículo cuarto que dice “durante el período de transición para los campos no en forma definitiva”, mismo que comenzó el 1º de mayo cobrándoles a las empresas 82% y terminó a fines de octubre del mismo año, duró diez meses y esos meses evidentemente se pagó así”, declaró Soliz. En este sentido, el exministro declaró que a partir de la firma de nuevos contratos entre Bolivia y las empresas petroleras, posterior a octubre de 2006, se aplica la ley 3058 debido al desconocimiento de los resultados de las auditorías realizadas a las petroleras de aquel entonces, de modo que todo sigue igual.
Corrupción. En otro tema, se encuentra paralizado el caso de presunta corrupción en la adjudicación de trabajos para la planta de Río Grande.
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