La comisión de fiscales que investiga los presuntos hechos de corrupción en los procesos de adjudicación de la planta separadora de Río Grande no descarta que las investigaciones se amplíen a ejecutivos de la estatal argentina YPF, accionista mayoritaria de Astra Evangelista SA (AESA).
“Si es necesario vamos a tomar declaraciones también allá (en Argentina), no es solamente inspección, quizás vamos a tomar declaraciones de los funcionarios de la empresa allá; si es necesario escuchar a esas personas (ejecutivos de YPF), entonces lo vamos a hacer”, afirmó la fiscal Yolanda Aguilera, parte de la comisión que prevé realizar una visita -entre el 21 y el 24 de agosto- a las oficinas de AESA en Buenos Aires.
La adjudicación a esa firma de la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande está en la mira del Ministerio Público desde que el ex miembro del comité de calificación de Yacimientos Agustin Ugarte, detenido hoy en la cárcel de Chonchocoro por presunto enriquecimiento ilícito, declaró que el ex gerente Gerson Rojas le pidió favorecer a la firma argentina para que se adjudique esa obra.
La semana pasada, YPF informó en un comunicado que se está efectuando un análisis de los trabajos en la planta de tratamiento de gas en Río Grande, a cargo de AESA, una de sus empresas “controladas”. Pero aclaró que “los estudios realizados hasta ahora no revelan ninguna anomalía ni actividad que pudiera considerarse contraria a nuestros estándares comerciales o que esté en contra de la normativa vigente en los distintos países en que YPF desarrolla sus actividades. En caso de encontrarse alguna anormalidad se adoptarán las medidas necesarias”.
Aguilera informó que de los 20 miembros del comité calificador, quienes debían prestar sus declaraciones, “aún faltan tres o cuatro; pero hasta ahora ninguno dijo haber sido instruido para favorecer a AESA”.
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