Pero anuncian que iniciaron encuentros con las petroleras para acordar la entrega de hidrocarburos para el mercado interno y externo.
El Ministro de Hidrocarburos anunció que la modificación o no de los 44 contratos petroleros se definirá una vez que sea aprobada la nueva Constitución Política del Estado y esté a punto la nueva Ley de Hidrocarburos.
“Esperaremos a que se elabore la nueva Ley de Hidrocarburos. La nueva ley de Hidrocarburos va ha salvar en mucho; ustedes saben que estamos construyendo este nuevo modelo (económico), incluso no solamente de trabajo en el sector de hidrocarburos, sino estamos construyendo el nuevo modelo económico”, dijo la autoridad de Estado.
La pregunta se da como consecuencia que los 44 contratos petroleros de operación están inmersos en el marco de la actual Constitución Política del Estado, reformada en 2004, y ante cuyo tenor los mismos fueron aprobados por el Congreso Nacional. La puesta en ejercicio de una nueva Constitución implica, de manera ineludible, una nueva aprobación de éstos a través del Congreso en el nuevo marco legislativo nacional.
Para el ministro Ávalos, “antes de la capitalización, Bolivia tenía un modelo estatista, con la capitalización y con la privatización pasó a un modelo “casi exclusivamente privado”, “ahora estamos construyendo un tercer modelo, donde nos debemos encontrar el Estado y las empresas privadas para poder trabajar juntos”.
“Ni únicamente el Estado ni únicamente los privados, juntos, ese modelo de economía es el que estamos construyendo en el que estará inserto también el modelo de desarrollo de hidrocarburos y estamos trabajándolo para que se convierta eso en una norma”, dijo Ávalos.
Las reformas del sector petrolero boliviano comenzaron en 2005 con la Ley 3.058 que, entre otros cambios, creó un nuevo tributo del 32 por ciento para todas las empresas y continuaron en mayo del 2006 con el decreto nacionalizador del sector firmado por el presidente Evo Morales Aima.
En octubre del 2007, el Estado firmó 44 nuevos contratos petroleros con doce compañías, entre ellas la hispano argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras, y en mayo de 2008 fueron emitidos otros decretos para consolidar las nacionalizaciones.
ENTREGA DE HIDROCARBUROS
Por otra parte, según la agencia ANF, el gobierno y las petroleras retomaron las negociaciones para la firma de Acuerdos de Entrega de petróleo y gas natural, tanto para abastecer el mercado interno como para honrar compromisos de exportación, informó el Ministro de Hidrocarburos.
El primer informe de borrador sobre los convenios será entregado el 10 de diciembre, aseguró la autoridad al reconocer que estos “estaban un poco olvidados”.
Con esa afirmación Ávalos da la razón a los constantes reclamos de fuentes cercanas a las compañías, que en reiteradas ocasiones lamentaron la postergación.
Esos compromisos son esenciales para que las compañías conozcan qué volumen deben proveer, a qué mercados van a abastecer, desde cuándo y qué retorno van a tener. Datos que son básicos para definir las inversiones y planes de trabajo, aseguran en fuentes petroleras.
Pero todo parece que se quedará congelado a raíz de los anuncios del gobierno de revisar los contratos para adecuarlos a la Nueva Constitución Política del Estado, según entendidos en la materia.
El Ministro de Hidrocarburos anunció que la modificación o no de los 44 contratos petroleros se definirá una vez que sea aprobada la nueva Constitución Política del Estado y esté a punto la nueva Ley de Hidrocarburos.
“Esperaremos a que se elabore la nueva Ley de Hidrocarburos. La nueva ley de Hidrocarburos va ha salvar en mucho; ustedes saben que estamos construyendo este nuevo modelo (económico), incluso no solamente de trabajo en el sector de hidrocarburos, sino estamos construyendo el nuevo modelo económico”, dijo la autoridad de Estado.
La pregunta se da como consecuencia que los 44 contratos petroleros de operación están inmersos en el marco de la actual Constitución Política del Estado, reformada en 2004, y ante cuyo tenor los mismos fueron aprobados por el Congreso Nacional. La puesta en ejercicio de una nueva Constitución implica, de manera ineludible, una nueva aprobación de éstos a través del Congreso en el nuevo marco legislativo nacional.
Para el ministro Ávalos, “antes de la capitalización, Bolivia tenía un modelo estatista, con la capitalización y con la privatización pasó a un modelo “casi exclusivamente privado”, “ahora estamos construyendo un tercer modelo, donde nos debemos encontrar el Estado y las empresas privadas para poder trabajar juntos”.
“Ni únicamente el Estado ni únicamente los privados, juntos, ese modelo de economía es el que estamos construyendo en el que estará inserto también el modelo de desarrollo de hidrocarburos y estamos trabajándolo para que se convierta eso en una norma”, dijo Ávalos.
Las reformas del sector petrolero boliviano comenzaron en 2005 con la Ley 3.058 que, entre otros cambios, creó un nuevo tributo del 32 por ciento para todas las empresas y continuaron en mayo del 2006 con el decreto nacionalizador del sector firmado por el presidente Evo Morales Aima.
En octubre del 2007, el Estado firmó 44 nuevos contratos petroleros con doce compañías, entre ellas la hispano argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras, y en mayo de 2008 fueron emitidos otros decretos para consolidar las nacionalizaciones.
ENTREGA DE HIDROCARBUROS
Por otra parte, según la agencia ANF, el gobierno y las petroleras retomaron las negociaciones para la firma de Acuerdos de Entrega de petróleo y gas natural, tanto para abastecer el mercado interno como para honrar compromisos de exportación, informó el Ministro de Hidrocarburos.
El primer informe de borrador sobre los convenios será entregado el 10 de diciembre, aseguró la autoridad al reconocer que estos “estaban un poco olvidados”.
Con esa afirmación Ávalos da la razón a los constantes reclamos de fuentes cercanas a las compañías, que en reiteradas ocasiones lamentaron la postergación.
Esos compromisos son esenciales para que las compañías conozcan qué volumen deben proveer, a qué mercados van a abastecer, desde cuándo y qué retorno van a tener. Datos que son básicos para definir las inversiones y planes de trabajo, aseguran en fuentes petroleras.
Pero todo parece que se quedará congelado a raíz de los anuncios del gobierno de revisar los contratos para adecuarlos a la Nueva Constitución Política del Estado, según entendidos en la materia.
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