El Viceministerio de Defensa Civil reconoció que se cometió un error al prohibir la venta de combustible en bidones y turriles durante la primera semana de ejecución del plan ‘Puño de Hierro’ que pretende frenar el contrabando de diésel, kerosén, gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP). YPFB tuvo que publicar ayer una solicitada aclarando que se podía vender hasta 120 litros de carburante fuera de tanque.
Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, reconoció que hubo confusión la anterior semana cuando fue emitido el Decreto Supremo 29788 en cuanto a la venta por cupos, pero afirmó que ese tema se corrigió para esta semana.
El Viceministerio de Defensa Civil emitió una resolución en la que prohibía la venta de combustibles en bidones, situación que era acatada al pie de la letra por los militares que controlan el expendio en los surtidores.
“Necesariamente se debe reglamentar el decreto para no cometer errores, y quien toma responsabilidad en este caso es el presidente de YPFB, Santos Ramírez”, explicó Cáceres.
El viceministro aclaró que para uso doméstico cualquier persona puede comprar combustible hasta 120 litros, sin precisar una autorización.
YPFB anunció, mediante un comunicado, que de acuerdo a lo establecido en el DS 28511, promulgado en 2005, todos los ciudadanos pueden transportar hasta 120 litros de combustible fuera del tanque del vehículo.
“Las personas que requieren mayores volúmenes de combustible podrán adquirir autorizaciones de compra local y hojas de ruta en la Dirección General de Sustancias Controladas, en los diferentes departamentos del país. Además, de acuerdo con este decreto, quienes se encuentren en las diferentes zonas fronterizas no podrán adquirir volúmenes mayores a los 50 litros”, señala el documento.
La gerente de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz, Martha Parada, confirmó que el Viceministerio de Defensa tuvo que derogar la resolución viceministerial 028 con la 029 y así aclarar que hay cupos para la venta de combustible. “La instructiva fue emitida ayer, porque se dieron cuenta que cometieron un error, pero seguimos rechazando el decreto”, señaló la ejecutiva.
YPFB aseveró que con el nuevo comunicado se está aclarando el tema del cupo a la ciudadanía. Asimismo, indicó que el mayor aporte es la Ley 1008 para que los contrabandistas no ‘hagan su agosto’.
Acerca de la reglamentación del decreto, en la estatal señalaron que se encarga de ello la presidencia de YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos, pero no quisieron dar una fecha para la misma.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Franz Lea Plaza, admitió que se puede comprar 120 litros de combustible fuera de tanque; sin embargo, no quiso referirse a la confusión que provocó la resolución del Viceministerio de Defensa.
A su vez, el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, indicó que su despacho notificó a las estaciones de servicio que serán sancionadas si éstas no recogen a tiempo los cupos de combustible que se les asignan desde las refinerías, para evitar que se agudice el desabastecimiento.
Aruquipa agregó que el control de efectivos militares sobre las estaciones de servicio seguirá, así como los controles en las trancas del país, para evitar que se presenten problemas de contrabando.
Se llamó a los fiscales adscritos a la Aduana para conocer sobre los casos que llevan por transporte de combustible, pero no contestaron.
Choferes protestarán contra el plan
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, anunció que esta semana se adoptarán medidas de protesta en rechazo al decreto que penaliza el manejo de combustibles en turriles y bidones en cantidades mayores a los 60 litros en la
ciudad y 120 litros en el campo.
Durán apuntó que no aceptarán que los transportistas sean catalogados como contrabandistas por asegurarse una dotación de combustible extra para los largos viajes que realizan en el país, por lo que exigió una reglamentación sobre el cuestionado decreto.
Otro de los sectores que discrepó con la norma fue el de los productores. El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Guido Nayar, manifestó que solicitarán al Gobierno la abrogación del DS 29788, que incluye al diésel en la lista de las sustancias controladas y que posibilita el procesamiento por la Ley 1008 de aquellos que sean encontrados transportando ese combustible, ya que viola el derecho al trabajo de los productores.
“Es una barbaridad que se procese a las personas por transportar diésel. Es un verdadero abuso el que están cometiendo”, sostuvo.
También denunció que existe discriminación por parte de YPFB en la distribución de diésel.
En la jornada
- El alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani, denunció que hay corrupción y tráfico de influencias en los funcionarios de YPFB al puntualizar que piden dinero a cambio de conseguir mayores cupos de diésel. La autoridad municipal hizo notar que la escasez del combustible golpea con más fuerza a los pequeños y medianos agricultores.
- Los pobladores de San José de Chiquitos denunciaron que su localidad se ve afectada por la escasez de diésel, al observar que el carburante es desviado para su comercialización en Brasil y Paraguay porque allá su costo es mayor que en el mercado nacional.
- La colonia menonita Nuevo México, en San José de Chiquitos, está afectada por no poder acceder a los 200 litros de combustibles que de forma diaria necesita cada familia en las temporadas de cosecha y siembra. En la zona producen unas 60.000 ha.
- El pequeño productor de Cuatro Cañadas, Genaro Carreño, denunció que en las instalaciones de la Federación de Productores Agropecuarios venden diésel sólo a los agricultores que son afines al Gobierno, por lo que tienen un tanque de combustible al lado de la federación.
- Los productores de San Pedro indicaron que no han podido comprar 600 litros de diésel para sus labores de campo, pese al anuncio que hizo el alcalde de la población, Juan Cala.
Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, reconoció que hubo confusión la anterior semana cuando fue emitido el Decreto Supremo 29788 en cuanto a la venta por cupos, pero afirmó que ese tema se corrigió para esta semana.
El Viceministerio de Defensa Civil emitió una resolución en la que prohibía la venta de combustibles en bidones, situación que era acatada al pie de la letra por los militares que controlan el expendio en los surtidores.
“Necesariamente se debe reglamentar el decreto para no cometer errores, y quien toma responsabilidad en este caso es el presidente de YPFB, Santos Ramírez”, explicó Cáceres.
El viceministro aclaró que para uso doméstico cualquier persona puede comprar combustible hasta 120 litros, sin precisar una autorización.
YPFB anunció, mediante un comunicado, que de acuerdo a lo establecido en el DS 28511, promulgado en 2005, todos los ciudadanos pueden transportar hasta 120 litros de combustible fuera del tanque del vehículo.
“Las personas que requieren mayores volúmenes de combustible podrán adquirir autorizaciones de compra local y hojas de ruta en la Dirección General de Sustancias Controladas, en los diferentes departamentos del país. Además, de acuerdo con este decreto, quienes se encuentren en las diferentes zonas fronterizas no podrán adquirir volúmenes mayores a los 50 litros”, señala el documento.
La gerente de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz, Martha Parada, confirmó que el Viceministerio de Defensa tuvo que derogar la resolución viceministerial 028 con la 029 y así aclarar que hay cupos para la venta de combustible. “La instructiva fue emitida ayer, porque se dieron cuenta que cometieron un error, pero seguimos rechazando el decreto”, señaló la ejecutiva.
YPFB aseveró que con el nuevo comunicado se está aclarando el tema del cupo a la ciudadanía. Asimismo, indicó que el mayor aporte es la Ley 1008 para que los contrabandistas no ‘hagan su agosto’.
Acerca de la reglamentación del decreto, en la estatal señalaron que se encarga de ello la presidencia de YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos, pero no quisieron dar una fecha para la misma.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Franz Lea Plaza, admitió que se puede comprar 120 litros de combustible fuera de tanque; sin embargo, no quiso referirse a la confusión que provocó la resolución del Viceministerio de Defensa.
A su vez, el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, indicó que su despacho notificó a las estaciones de servicio que serán sancionadas si éstas no recogen a tiempo los cupos de combustible que se les asignan desde las refinerías, para evitar que se agudice el desabastecimiento.
Aruquipa agregó que el control de efectivos militares sobre las estaciones de servicio seguirá, así como los controles en las trancas del país, para evitar que se presenten problemas de contrabando.
Se llamó a los fiscales adscritos a la Aduana para conocer sobre los casos que llevan por transporte de combustible, pero no contestaron.
Choferes protestarán contra el plan
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, anunció que esta semana se adoptarán medidas de protesta en rechazo al decreto que penaliza el manejo de combustibles en turriles y bidones en cantidades mayores a los 60 litros en la
ciudad y 120 litros en el campo.
Durán apuntó que no aceptarán que los transportistas sean catalogados como contrabandistas por asegurarse una dotación de combustible extra para los largos viajes que realizan en el país, por lo que exigió una reglamentación sobre el cuestionado decreto.
Otro de los sectores que discrepó con la norma fue el de los productores. El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Guido Nayar, manifestó que solicitarán al Gobierno la abrogación del DS 29788, que incluye al diésel en la lista de las sustancias controladas y que posibilita el procesamiento por la Ley 1008 de aquellos que sean encontrados transportando ese combustible, ya que viola el derecho al trabajo de los productores.
“Es una barbaridad que se procese a las personas por transportar diésel. Es un verdadero abuso el que están cometiendo”, sostuvo.
También denunció que existe discriminación por parte de YPFB en la distribución de diésel.
En la jornada
- El alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani, denunció que hay corrupción y tráfico de influencias en los funcionarios de YPFB al puntualizar que piden dinero a cambio de conseguir mayores cupos de diésel. La autoridad municipal hizo notar que la escasez del combustible golpea con más fuerza a los pequeños y medianos agricultores.
- Los pobladores de San José de Chiquitos denunciaron que su localidad se ve afectada por la escasez de diésel, al observar que el carburante es desviado para su comercialización en Brasil y Paraguay porque allá su costo es mayor que en el mercado nacional.
- La colonia menonita Nuevo México, en San José de Chiquitos, está afectada por no poder acceder a los 200 litros de combustibles que de forma diaria necesita cada familia en las temporadas de cosecha y siembra. En la zona producen unas 60.000 ha.
- El pequeño productor de Cuatro Cañadas, Genaro Carreño, denunció que en las instalaciones de la Federación de Productores Agropecuarios venden diésel sólo a los agricultores que son afines al Gobierno, por lo que tienen un tanque de combustible al lado de la federación.
- Los productores de San Pedro indicaron que no han podido comprar 600 litros de diésel para sus labores de campo, pese al anuncio que hizo el alcalde de la población, Juan Cala.
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