El presidente de YPFB Chaco, subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Pedro Torquemada, planteó ayer reducir los plazos para los trámites de licencia ambiental y redefinir el sistema tributario para acelerar los proyectos hidrocarburíferos y convertir al país en un polo atractivo para las inversiones privadas.
Torquemada lanzó ambas propuestas en el seminario Introducción al Sector de Hidrocarburos, organizado por YPFB Chaco para los senadores del Estado, instancia que iniciará en breve el tratamiento de la nueva ley del sector energético.
Precisamente, el presidente de YPFB Chaco señaló que la nueva ley tendrá el reto de ajustar la actual normativa (Ley 3058) y mejorarla en su parte procedimental.
La nueva ley “irá dirigida al sistema operativo, (es decir) que si un permiso ambiental se lo saca entre seis y ocho meses, con esto, potencialmente, podemos sacarlo en tres, que es muy importante, por lo que significa una inversión más rápida en desarrollo y exploración”, indicó.
En la actualidad, la Ley 1333 de Medio Ambiente regula todas las actividades relacionadas con el uso y explotación de los recursos naturales para su aprovechamiento y explotación de manera sostenible.
La norma le da al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la tarea de emitir declaratorias de impacto ambiental y las sanciones respectivas en los proyectos que dañen la naturaleza. De acuerdo con datos oficiales, la obtención de la licencia ambiental para el sector petrolero se demora hasta un año, lo que repercute en una dilación en el desarrollo de los proyectos.
TRIBUTOS-CONTRATOS
Otro aspecto que debe ajustarse, según Torquemada, está relacionado con el sistema tributario y los contratos de operaciones que “fueron diseñados para campos ya descubiertos y no así para nuevos emprendimientos exploratorios”.
“Es necesario redefinir las condiciones contractuales para el aspecto exploratorio creando competitividad con los sistemas de atracción de inversiones de los países vecinos”, insistió.
Torquemada hizo mención al ránking de regímenes fiscales petroleros a nivel mundial elaborado por la compañía internacional Wood Mackenzie, que considera el atractivo del régimen fiscal para las empresas petroleras y su estabilidad, en el cual Bolivia ocupa el puesto 99 entre 133, ubicándose por delante de Rusia, Venezuela y Libia.
De acuerdo con el marco normativo, el Estado recibe el 50 por ciento de los ingresos por las operaciones que se produzcan en el sector: regalías y participación 18 por ciento, y 32 por ciento por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Además, las empresas deben cubrir otros tributos como el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), indicó que se debe hacer una revisión de todo lo que ha “significado la economía jurídica del país en la medida en que muchos de estos obedecían a otra realidad”.
Sobre el trámite de la licencia ambiental, Martínez dijo que, de acuerdo con cada empresa, se puede “realizar una mayor dinámica”, pero antes es necesario acceder a “un informe técnico para ver cuáles serán los límites y los extremos” de esta acción.
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