El proyecto de Ley Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Asamblea Legislativa, obligó a los legisladores a convocar a quienes serían afectados por esta norma, como el caso de las universidades. El Gobierno aseguró que sin esta norma caerán aún más los ingresos para el país.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que "Bolivia, sin la aplicación de incentivos percibiría por ingresos hidrocarburíferos 28.196 millones de dólares, pero si invertimos 2.890 millones de dólares como incentivos, este ingreso se incrementaría en 21.657 millones de dólares adicionales". Considera que las instituciones que objetan la ley de incentivos "no quieren desarrollo de las instituciones públicas y fundamentalmente de las regiones. Esta ley es, repito, para aumentar ingresos para el país para las regiones e instituciones. ¿Las gobernaciones, municipios, universidades no quieren incrementar ingresos? porque de eso se trata, de incrementar".
La caída de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional obligó al Gobierno no sólo a buscar inversionistas en este sector, sino también a incentivar a las empresas petroleras para que mantengan el ritmo de inversiones, pero principalmente a realizar los trabajos de exploración que requiere el país para incrementar sus reservas y cumplir con sus obligaciones de exportación.
SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. El Gobierno confirmó para hoy la llegada del presidente de la empresa española Repsol, Antonio Brufau, y se anticipó que en la oportunidad se realizarán importantes anuncios respecto a las reservas gasíferas y que se sobrepasarán los 11 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) hasta 2023. Según el Ministro de Hidrocarburos, los anteriores gobiernos neoliberales le mintieron al país respecto a las reservas que tenía el país, pues se hablaba que se ubicaban en más de 27,7 TCF, cuando en 2009 se certificó que apenas llegaban a 9,9 TCF y en 2013 a 10,45 TCF.
La norma establece que el mencionado fondo se alimentará de un 40,9 por ciento del Tesoro General, los municipios aportarán con el 35,7 por ciento, las Gobernaciones con el 14,4 por ciento, las universidades con 5,5 por ciento y el Fondo Indígena con el 3,5 por ciento.
Según algunos cálculos preliminares que maneja la Gobernación de La Paz señalan que esta reducción para el departamento representaría unos 15 millones de bolivianos, pues hasta el décimo mes, los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) representaron más de 100 millones. El Gobierno asegura que la norma no es sinónimo de recorte, sino más bien "de fortalecer, incrementar los ingresos para todas las instancias que aportan", en palabras del Ministro de Hidrocarburos.
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