Tierra de nadie. La comercialización ilegal de gasolina y diésel se campea en las ‘zonas rojas’ del narcotráfico. Ante la mirada de militares, de efectivos de Umopar y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el negocio de los carburantes prolifera a lo largo y ancho desde las localidades del departamento de Santa Cruz, Buena Vista, Yapacaní, Villa San Germán y Puerto Avaroa y se masifica en Bulo Bulo, Ivirgarzama, Shinahota y varias regiones del trópico de Cochabamba.
Camuflados en kioscos, tiendas de venta de tarjetas de celulares de Entel, Tigo y Viva, talleres mecánicos, puntos de venta de miel e inclusive pensiones y restaurantes, los denominados ‘picos blancos’ se han apostado en la carretera que vincula los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
El lucrativo negocio genera buenos dividendos a los que desafían la ley, pues el litro de gasolina o diésel se comercializa en Bs 7. Si la gente compra cinco litros entonces le rebajan Bs 2,50, es decir, se lo venden en Bs 32,50.
Un equipo periodístico de EL DEBER recorrió durante tres días la ruta y constató la situación.
El primer punto de venta ilegal se sitúa en La Arboleda (Buena Vista) y se extiende en la carretera por Santa Fe donde se observan tres quioscos dedicados al negocio de tarjetas telefónicas.
A nuestro paso por Yapacaní se ven filas de vehículos en las estaciones de servicio Yapacaní y Coca para abastecerse de carburantes. Los transportistas se molestan pero no les queda otra que formar ‘colas’. Algunos mototaxistas y gente adinerada optan por comprar en los puestos ilegales a Bs 7 el litro y de esta forma no hacen filas y no pierden tiempo.
Unos kilómetros más allá en la estación San Salvador, también hay filas de camiones, trufis, motos y todo tipo de vehículo privado. Empero, hay tres puntos ilegales cerca del surtidor. Los que desean aprovisionarse rápido tienen que pagar Bs 6 y 7 por un litro. En la zona denominada El Palmar existen cuatro puntos camuflados. De vendedores de frutas pasan a convertirse en comercializadores de cosmbustibles. Los argumentos sobran: la ganancia es rápida y lucrativa, aunque con riesgos. La figura se repite en las localidades de Villa San Germán, Nuevo Horizonte, Puerto Avaroa. El colmo de los colmos se da en el kilómetro 160, pues en pleno retén de Ichilo y en las narices del control policial hay una caseta que comercializa gasolinas. En Bulo Bulo, Ivirgarzama, Shinahota, Villa Tunari la cosa se complica. Hacer el trabajo es riesgoso y se tiene que tomar fotos a escondidas.
En Villa Tunari, por ejemplo, al frente del surtidor San Mateo, donde se registran largas filas, a lo diagonal se comercializa carburantes de manera ilegal en bidones de cinco litros a Bs 7 el litro. Del km 360 al 373, existen más de cuatro puntos de venta camuflados. Los negocios están a 10 km antes de la tranca de control de Umopar. Una vez se pasa este control, lo inaudito se da con una venta de gasolina, diésel, filtros y lubricantes en las ‘narices’ de los efectivos. Más allá hay una decena de puestos camuflados con la venta de miel y frutas.
Otro aspecto que llama la atención es la comercialización ilegal de combustibles en la localidad de Villa 14 de Septiembre, zona en la que el presidente Evo Morales surgió como líder cocalero y en la que algunos talleres de mecánica venden en Bs 32,50 los cinco litros de gasolina.
Al respecto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, aclara que no es potestad de la estatal el control del uso de combustibles. “Los controles deben hacerlo la ANH con los comandos conjuntos. No obstante, en el caso de Chapare estamos entregando gasolina con un aditivo que cambia su color (rosado) e imposibilita usarlo en sustancias ilícitas”, enfatizó el ejecutivo petrolero.
Los expertos en el área aclaran que el aditivo sirve para diferenciar el color, pero igual se puede usar en las actividades ilícitas.
«Lucha de gato y ratón»
Gary Andrés Medrano Villamor / Director ejecutivo interino de la ANH
- ¿Qué se hace para controlar el mercado negro?
- Hay gente inescrupulosa que compra combustibles en los surtidores y ve una oportunidad de negocio. Van acumulando poco a poco y luego lo venden sobre la carretera. Esto es una lucha del gato y el ratón. Necesitamos que funcione el sistema.
- ¿Qué sistema?
- El sistema de datos y cruce de información. Vamos a ver cuánto compra la gente y cuánto venden las estaciones. Tendremos un registro pormenorizado en julio de 2012.
- ¿Por qué no se ejerce control en Yapacaní y en Chapare?
- Tenemos un convenio con las Fuerzas Armadas para hacer los controles. La ANH no tiene un brazo operativo directo, sino a través de los militares, por lo tanto, son ellos los que van a hacer este trabajo en coordinación con la Fiscalía y nosotros. Vamos a actuar la próxima semana.
La ley Nº 100
-Í Art. 226 inciso I. El que almacene o comercialice diésel oil, gasolinas o GLP, sin estar autorizado por la entidad pública competente, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años y confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito.
- Inciso II. La persona que adquiera diésel oil, gasolinas o GLP de personas no autorizadas para comercializarlos, será sancionada con privación de libertad de dos a cuatro años y la confiscación de los instrumentos para la comisión del delito.
- Inciso III. La pena será agravada en una mitad de la pena máxima, en caso de que la persona incurra en ambas conductas establecidas en los parágrafos I y II.
- Inciso IV. La persona autorizada por la entidad pública competente que facilite la comercialización, almacenamiento y transporte ilegal de diésel oil, gasolinas o GLP, será sancionada con un tercio de la pena máxima establecida en el parágrafo I del presente artículo y la revocatoria definitiva de su licencia.
- Surtidores. La Asociación de Surtidores (Asosur), a través de su gerente Susy Dorado, pidió a la ANH y a Sustancias Controladas más control y exige aplicar la ley de manera equitativa.
Opinión
“Hay un incentivo perverso”
H. de la Fuente / Exsúper de Hidrocarburos
Chapare y Yapacaní son consideradas zonas rojas. Se nota que hay un incentivo perverso demasiado grande. Básicamente si las autoridades echan una simple mirada al lugar se aprecia que el precio del producto es de Bs 7 e incluso llega hasta Bs 10. Cuando hay restricciones, el precio puede llegar hasta Bs 12.
Si bien hay gente que comercializa carburantes sin tener relación directa con el narcotráfico, el hecho de duplicar el precio es un acto para que mucha gente se dedique a esta actividad. Esto quiere decir que hay mucha demanda en el mercado. La sobreganancia puede posibilitar dar una especie de coima a la gente que controla la comercialización.
En la actualidad, es realmente numerosa la gente que se dedica a este trabajo y los mismos militares tienen temor a veces de controlar, peor la ANH.
Si bien es cierto que Bolivia tiene indicadores de desempleo grande esto no significa que la gente debe optar por lo más fácil. De 2004 a 2012 los volúmenes de venta de gasolina y diésel se han duplicado, por lo tanto, se debería tener más control. El problema en la fiscalización es que los ‘picos blancos’ trabajan con cientos de personas. Además, si se aplica la ley, estas personas deben ir a la cárcel y ahí surge otro lío, pues los recintos carcelarios no pueden albergar a más gente. Jurídicamente hablando, parece irracional meter presa a una persona que comercializa gasolina. Debe haber controles permanentes de militares y la ANH e incautar el combustible.
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