El expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló a Erbol que los juicios que el Gobierno le sigue en Sucre por cuatro “petrocontratos” de exploración, que durante su gobierno no fueron revisados por el Congreso, le darán al país 30 mil millones de dólares a partir de 2016. El exmandatario, quien sucedió a Banzer durante su último año de gobierno y estuvo al mando del país hasta 2002, afirmó que dichos contratos, los cuales no fueron firmados por él sino por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de entonces, no implicaron la erogación de un solo centavo de parte del Estado boliviano.
Se trataba de cuatro contratos para que las empresas transnacionales busquen yacimientos de gas o petróleo. Eran los bloques conocidos como Vuelta Grande Norte, Río Hondo, Ingre y Aquío. De esos cuatro, sólo el último, Aquío, entregó resultados favorables. La empresa francesa Total se encuentra actualmente desarrollando ese campo, que comenzará a dar frutos a partir de 2016.
Provisto de grabaciones de un acto público realizado el 27 de abril de 2011, en el que participan el presidente Evo Morales, los ejecutivos de Total y Carlos Villegas, actual presidente de YPFB, Quiroga hizo notar que todos ellos muestran su beneplácito por el hallazgo, mientras por otra parte, el Estado enjuicia al hombre (Quiroga), en cuya gestión gubernamental se autorizó dicha exploración. En ese acto, el representante de Total le entrega a Morales la camiseta de selección de Francia.
El campo de Aquío contiene alrededor de 3 TCF, es decir, un equivalente a 30 mil millones de dólares en ingresos. La aplicación de los cuatro petro-contratos implicó una inversión privada de 211 millones de dólares de acuerdo a un informe escrito del actual gobierno, fechado el 26 de agosto de 2013. El Estado no invirtió nada, en consecuencia, no puede haber pérdida ni daño a los intereses nacionales.
Recordó que desde que comenzó la etapa de la capitalización se suscribieron 107 contratos con las petroleras, pero 103 de ellos han sido excluidos del proceso que se le sigue a él en Sucre. Todos ellos fueron remitidos a La Paz. De ese modo, al separar ambos procesos, se habría conseguido favorecer a los “gonistas” y capitalizadores como el exministro Alfonso Revollo. Quiroga sostiene que el tratamiento de dichos 103 contratos fue diferido por las autoridades hasta marzo de 2015. El argumento para esta postergación es que se requieren 18 meses para investigarlos con detalle. La decisión de enviarlos a un tribunal de menor jerarquía de La Paz fue tomada el 20 de agosto de 2013.
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