Dos distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuyas identidades se mantuvieron en reserva, están en la cárcel de San Pedro desde el lunes 28 de mayo, por intentar vender cuatro garrafas en una zona censurada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Ese hecho originó ayer una movilización de la Asociación de Distribuidores de GLP que durante la mañana pararon por varias horas y bloquearon la puerta de ingreso y calles adyacentes a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), situado en la zona Norte de la ciudad.
De acuerdo a las denuncias de los dirigentes de dicha organización, los dos implicados fueron sorprendidos el 26 de mayo en las avenidas Al Valle y Tacna por funcionarios de la ANH, cuando se predisponían a vender cuatro garrafas.
Desde el 2008 está vigente el Decreto Supremo 19158, que en el artículo 13 inciso b) regula que el transporte y comercialización de GLP en garrafas por las distribuidoras de GLP fuera del área y horario establecido por la ANH, es considerado un acto preparatorio para los delitos de agio y contrabando.
Por ese motivo, los dos distribuidores fueron aprehendidos y remitidos al Ministerio Público, mientras que el camión donde se distribuía el GLP fue incautado y llevado a la planta de YPFB en San Pedro.
Tras ser imputados se realizó la mañana del lunes, la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Cautelar 1, donde el juez Marco Chambi dictó la detención preventiva en el penal de San Pedro para ambos distribuidores, pese a que la fiscal, Marina Portillo pidió medidas sustitutivas a dicha detención.
REUNIÓN
Los dirigentes y afiliados a la Asociación de Distribuidores de GLP, calificaron el hecho como injusta dicha decisión en contra de sus compañeros, por ello, pidieron a la representante de la Defensoría del Pueblo, Clotilde Calancha que sea mediadora en una reunión entre ellos y la encargada de la Unidad de Control al Mercado Interno de Oruro de la ANH, Zamira Guzmán, para que se desista de la decisión de mantener a los dos distribuidores en la cárcel.
El encuentro se realizó ayer en la Defensoría del Pueblo, con participación de representantes de la Central Obrera Departamental (COD). Allí se denunciaron una serie de hechos que se cometieron en la audiencia, como la participación de la asesora legal de la ANH, Viviana Nieto, quien manifestó, de acuerdo a la denuncia, que indicó ante el juez, que los dos distribuidores pretendían vender 150 garrafas, cuando en realidad fueron cuatro.
Ese hecho motivó a la representante del Defensor del Pueblo a pedir un informe a la ANH, para establecer un proceso en contra de dicha funcionaria pública, por brindar información sin conocimiento durante la audiencia.
Al término de la reunión, se concluyó que en el lapso de 72 horas serían liberados los dos distribuidores, se pidió la socialización del Decreto Supremo 19158 y de la Ley 100 que establece mecanismos de articulación para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad de fronteras. Dicha norma sanciona con la cárcel a quienes se dedican al contrabando.
La abogada de la ANH, Zamira Guzmán, afirmó que a los dos distribuidores se los encontró en un área no específica y cerca de una zona designada como roja por la ANH, ya que en ese lugar se revende el GLP.
Por su parte, la representante del Defensor del Pueblo, Clotilde Calancha dijo que el tema jurídico no es de su competencia y que debe seguir su curso, sin embargo, lo que le preocupó fue que su representante legal fue drástica para inculpar a quienes están distribuyendo el gas, por algunos excesos.
"Debe haber un previo al tema legal mismo dentro de sus normas administrativas para sancionar algunos problemas de las personas que trabajan en esta área. Hemos exigido que la ANH haga una difusión de la Ley, porque ni los ciudadanos sabemos que por comprar una garrafa de gas por necesidad en una tienda, puede ser él más sancionado", señaló.
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