Nueva ley de conciliación prevé que arbitrajes que enfrente YPFB serán resueltos en el país

Las controversias que enfrente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por contratos de exploración y explotación hidrocarburífera no estarán sujetos a arbitraje internacional con la futura ley de conciliación y arbitraje que el Ejecutivo elabora y que enviará al Legislativo para su tratamiento y aprobación, dijo el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho.

"Hay un artículo constitucional específico que establece que los contratos que suscriba YPFB con relación a la exploración y explotación de hidrocarburos no están sujetos al arbitraje internacional. Hay una previsión constitucional", afirmó.

El artículo 366 de la Carta Magna señala: "Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas".

La autoridad indicó que en el análisis que se realiza en la redacción del proyecto de ley se debe diferenciar cuándo "son privados", quiénes son los actores y diferenciar cuándo el Estado sea un actor dentro del arbitraje. "Los contratos de YPFB no están sujetas al arbitraje internacional", recalcó.

"El arbitraje comercial está sujeto a las instituciones de las Cámaras de Arbitraje y Comercio, (ahora) estamos viendo cuál va a ser su funcionamiento a futuro, cuál va a ser su relación cuando el Estado participe y particularmente precautelando con la mayor certeza para el Estado el régimen de los recursos naturales", mencionó.

El presidente Evo Morales adelantó el mes anterior que la venidera Ley de Conciliación y Arbitraje establecerá que los arbitrajes serán resueltos en el país y bajo normas bolivianas. El proyecto de ley es elaborado en la Procuraduría General del Estado (PGE).