Con el propósito de mantener el normal abastecimiento de combustibles en el país y no poner en riesgo la provisión de los mismos, la Superintendencia de Hidrocarburos ahora está autorizada para intervenir las estaciones de servicio (gasolineras) privadas y las distribuidoras que oculten o desvíen los energéticos.
Así lo disponen los decretos supremos 29752 y 29753 lanzados ayer por el Gobierno.
Sin embargo, el superintendente del sector, Guillermo Aruquipa, admitió que para normalizar el abastecimiento de diesel en el oriente es necesario duplicar la importación del combustible. Esto implica que las medidas no solucionarán este problema en forma inmediata.
En el marco del Decreto 29752, el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, explicó que la intervención puede tener una duración de hasta un año, lapso en el que el interventor designado por el ente regulador tendrá todas las facultades para administrar las gasolineras, realizar contratos, cambiar personal involucrado y ejecutar una auditoría e investigación que permita establecer los motivos por los que se ocultaba el combustible.
“Si el caso amerita, luego de tener los resultados de la investigación, la estación de servicio puede convertirse en propiedad pública y pasar al Estado”. La autoridad sostuvo que no se trata de una confiscación, puesto que se pagará “un precio justo”.
El ministro Ávalos indicó que una medida similar se aplicará con aquellas empresas distribuidoras cuyos camiones cisternas desvíen los combustibles a otros destinos o al contrabando.
En el caso del Decreto 29753, la autoridad afirmó que la norma establece sanciones a las actividades ilícitas de transporte, distribución y comercialización.
Además, Ávalos precisó que la norma establece áreas de riesgo (zonas fronterizas) donde las Fuerzas Armadas apoyarán, a la Aduana y la Superintendencia, en el control del movimiento y tránsito de los combustibles.
En este marco, las estaciones de servicio que estén dentro de las áreas de riesgo sólo podrán atender en horarios diurnos, de 6.00 a 20.00. Además, no se permitirá la circulación de camiones de alto tonelaje con tanques de combustible adicionales.
Los surtidores estarán prohibidos de cargar en los tanques extras o “mochilas”. El decreto también establece que nadie puede traspasar el combustible de una cisterna a otro vehículo o recipiente que no sea el del surtidor al que se lo destinó.
Así lo disponen los decretos supremos 29752 y 29753 lanzados ayer por el Gobierno.
Sin embargo, el superintendente del sector, Guillermo Aruquipa, admitió que para normalizar el abastecimiento de diesel en el oriente es necesario duplicar la importación del combustible. Esto implica que las medidas no solucionarán este problema en forma inmediata.
En el marco del Decreto 29752, el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, explicó que la intervención puede tener una duración de hasta un año, lapso en el que el interventor designado por el ente regulador tendrá todas las facultades para administrar las gasolineras, realizar contratos, cambiar personal involucrado y ejecutar una auditoría e investigación que permita establecer los motivos por los que se ocultaba el combustible.
“Si el caso amerita, luego de tener los resultados de la investigación, la estación de servicio puede convertirse en propiedad pública y pasar al Estado”. La autoridad sostuvo que no se trata de una confiscación, puesto que se pagará “un precio justo”.
El ministro Ávalos indicó que una medida similar se aplicará con aquellas empresas distribuidoras cuyos camiones cisternas desvíen los combustibles a otros destinos o al contrabando.
En el caso del Decreto 29753, la autoridad afirmó que la norma establece sanciones a las actividades ilícitas de transporte, distribución y comercialización.
Además, Ávalos precisó que la norma establece áreas de riesgo (zonas fronterizas) donde las Fuerzas Armadas apoyarán, a la Aduana y la Superintendencia, en el control del movimiento y tránsito de los combustibles.
En este marco, las estaciones de servicio que estén dentro de las áreas de riesgo sólo podrán atender en horarios diurnos, de 6.00 a 20.00. Además, no se permitirá la circulación de camiones de alto tonelaje con tanques de combustible adicionales.
Los surtidores estarán prohibidos de cargar en los tanques extras o “mochilas”. El decreto también establece que nadie puede traspasar el combustible de una cisterna a otro vehículo o recipiente que no sea el del surtidor al que se lo destinó.
Los infractores tendrán sanciones pecuniarias, de decomiso e incluso penales, de acuerdo con las dos normas del Gobierno. “Con estos decretos se va a eliminar el contrabando, el ocultamiento y el desvío”, dijo Ávalos.
Mientras, Guillermo Aruquipa pidió apoyo a la Fiscalía para que coadyuve con el control y evite la devolución de los productos confiscados, como ha estado ocurriendo hasta la fecha.
“Encontrábamos un camión que desviaba el combustible, se lo detenía, pero al día siguiente éste era devuelto”. Recordó que el contrabando y el ocultamiento son dos factores que causan el desabastecimiento. Agregó que otro aspecto es que aún no se logró la reposición total de los volúmenes que se dejaron de producir a causa de los conflictos registrados en septiembre.
Mayor importación de diesel
Para solucionar el problema de desabastecimiento de diesel oil en el departamento de Santa Cruz, es necesario duplicar la importación de este combustible, explicó ayer el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
El agro cruceño consume entre 1,8 y 2 millones de litros de diesel y la ciudad, 1,2 millones. “Para normalizar el abastecimiento, lo que hay que hacer es duplicar esos volúmenes, durante tres días o una semana”, advirtió el Superintendente.
La autoridad manifestó que el déficit se debe a que los bloqueos realizados por los movimientos cívicos de la media luna no dejaron introducir al país el diesel. Aruquipa agregó que la importación del doble del carburante requerido no es fácil, porque en Sudamérica no existen los camiones suficientes para transportar grandes volúmenes.
Sin embargo, dijo que se solicitó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que pida a las empresas contratadas para la importación que aumenten el número de camiones y realicen contratos con otras compañías.
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