El Gobierno mantendrá la contratación directa de bienes y servicios para evitar la burocracia, aunque no puede garantizar la integridad de las personas que se adjudican los proyectos.
Así lo explicó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, luego de que se le consultara si no era hora de volver a las licitaciones como un mecanismo para transparentar la adquisición de bienes y servicios, debido a que se presentaron irregularidades en algunos procesos de contratación directa.
“Lo que hay que evitar es la burocracia, porque la burocracia es parte también de la corrupción y lo que hay que hacer es tratar de agilizar, pero cumpliendo la normativa, simplemente eso, y cuando se hace contratación directa no significa que a cualquier persona se le va a dar ese contrato, hay que cumplir un sinnúmero de requisitos que muchas veces se los cumple, pero no podemos garantizar a las personas que llevan adelante la firma de los contratos”, dijo.
Como un mecanismo para evitar hechos irregulares, el Gobierno prevé incorporar una boleta de garantía anticorrupción en las cláusulas de futuros contratos.
Suxo planteó que ese documento sea presentado no sólo a partir de la adjudicación, sino desde el momento en que se lanza una convocatoria, es decir que las empresas que remitan sus propuestas lo hagan adjuntando ese documento.
La autoridad considera necesario seguir ese procedimiento porque si una empresa se presenta para hacerse cargo de una obra millonaria, eso quiere decir que tiene “los recursos y la posibilidad de que cualquier banco pueda garantizarle (con una boleta)”.
Suxo precisó que ese planteamiento ya fue elevado al gabinete de ministros para su consideración. Propuso también que la boleta anticorrupción tenga una vigencia de cinco años.
Irregularidades
El Gobierno autorizó los procesos de contratación directa como un mecanismo para acelerar la inversión, pero se presentaron algunas irregularidades.
Uno de esos casos es el de Papelbol, cuyo contrato fue adjudicado a la empresa brasileña D’Andrea por 13,5 millones de dólares. Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía, hay un sobreprecio de siete millones de dólares; además, el montaje de la planta no fue concluido.
También cursa en el Ministerio Público una demanda sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la planta de Cartonbol, que ya está en operaciones.
A esos dos casos se suman la presunta adjudicación fraudulenta de la planta de separación de líquidos de Río Grande, que involucra a Gerson Rojas y Agustín Ugarte, ambos funcionarios de YPFB, quienes habrían recibido sobornos para beneficiar a la estatal argentina AESA. El ex presidente de YPFB Santos Ramírez, hoy preso, adjudicó la misma planta por contratación directa.
Se calcula que el Gobierno destinó 2.408 millones de dólares para realizar contrataciones directas o contrataciones por comparación de ofertas.
Ambos mecanismos de compra están establecidos en el Decreto Supremo 224.
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