La Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, a través de la unidad especializada en persecución de delitos de corrupción, citó a ocho funcionarios de YPFB por el supuesto robo de 146 llantas nuevas y cuatro baterías UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de los galpones de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) y galpón de activos fijos de YPFB ubicado en la avenida Grigotá entre el tercer y cuarto anillo de la capital cruceña. La pérdida supera los $us 350.000.
El fiscal de materia especializado en persecución de delitos de corrupción Iván Quintanilla informó de que se investiga a los funcionarios de la estatal petrolera por el supuesto delito de robo de llantas y baterías, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Hemos iniciado la toma de declaraciones a tres funcionarios, y ampliaremos a cinco más. Queremos ver qué personas son sospechosas, ver los testigos oculares, etc. Con base en ello vamos a continuar el proceso investigativo. La situación es bastante compleja. El Ministerio Público tiene la firmeza y la convicción de llegar a la verdad histórica de los hechos de acuerdo con los datos y con la proporción que arroje la investigación”, dijo Quintanilla.
Se estima que el proceso investigativo demore hasta la próxima semana. Una vez declaren todos los funcionarios se emitirá un informe en detalle.
Por su lado, la fiscal de distrito, Marina Flores, confirmó que las investigaciones se llevan a cabo dentro de los términos y plazos que fija la ley y que las declaraciones informativas continuarán.
El robo fue en 2013
Según documentación a la que tuvo acceso EL DEBER y de acuerdo al recuento físico del ítem ‘llantas’ realizados en los depósitos de Villa Luz de los galpones de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB (VPNO), se identificó un faltante de 146 llantas y cuatro baterías UPS. El inventario se realizó en abril de 2014; sin embargo, la pérdida data de 2013.
Lo extraño del caso es que en esos depósitos existe seguridad policial y solo dos personas tenían acceso a ellos. Según la estatal, los responsables de la custodia y administración de los activos fijos de la empresa YPFB son tres funcionarios (M.P, A.T y M.A).
Lo que establece la ley
El artículo 154 del Código Penal, en su capítulo de incumplimiento de deberes, señala que los servidores públicos que ilegalmente omitiere rehusare o retardare un acto propio de sus funciones será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño al Estado
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