La oposición política advirtió ayer serias sospechas de un nuevo sobreprecio de 13 millones de dólares adicionales al costo final de 168.4 millones de dólares que demandó la construcción de la Planta Separadora de Líquidos Río Grande en Santa Cruz, que será entregada el viernes por el presidente Evo Morales en un masivo acto, organizado por YPFB y las empresas subsidiarias.
El diputado cruceño, Luis Felipe Dorado, un constante fiscalizador desde el inicio de la obra, dijo que este nuevo costo sube el precio a 181.4 millones de dólares que YPFB estaría pagando a la argentina Asociación Evangelista Sociedad Anónima (AESA).
De acuerdo a datos recogidos en la Gerencia de Administración de Contratos y Fiscalización de la estatal, YPFB firmó en reserva una adenda con AESA supuestamente bajo el ítem de imprevistos que elevarían el costo final del proyecto, destinado a rescatar los componentes líquidos del gas natural que se exporta a la Argentina y Brasil.
Dorado sostuvo que si bien es un paso positivo la entrega de la Planta, lo preocupante es que se haya terminado sin hacer pruebas de funcionamiento y por eso "es importante que funcione tal como fue planificado por YPFB. No tenemos información si en determinado momento hayan hecho pruebas y sería bueno que Carlos Villegas diga si la planta funciona o no", manifestó a EL DIARIO.
La Unidad de Comunicación de YPFB ratificó a este matutino el acto de entrega para el próximo viernes con presencia del presidente Evo Morales y desde esa oficina se dijo no tener datos sobre si hubieron pruebas de funcionamiento. En torno al nuevo precio de Ingeniería Procura y Construcción (IPC) se informó que el costo final puede ser modificado en función al ítem de fiscalización.
La construcción de la planta Río Grande se inició en septiembre de 2011 y en medio del proceso, estalló el caso Gerson Rojas, exgerente Nacional de Planta de Separación Líquidos que por un accidente de tránsito, que derivó en un escándalo de corrupción que no fue esclarecido por la fiscalía. Rojas y otros dos colaboradores guardan detención en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz.
El diputado Dorado demandó al Gobierno responder por todos actos de corrupción porque a casi un año del caso Rojas, no se conocen sanciones sino una lenta investigación a nivel del Ministerio Público de Santa Cruz, donde personal de confianza de Villegas, Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas, el director jurídico de YPFB Corporación, Marcelo Canseco, y el actual responsable de la Gerencia Nacional de Planta de Separación Líquidos, Mario Salazar, prestaron declaraciones informativas sin resultados conocidos.
La Policía encontró 90.000 dólares en una caja fuerte en poder de Rojas quien aseguró que todo ese movimiento tuvo conocimiento el presidente Carlos Villegas. "Queremos saber qué pasó con ese dinero y con todo el tema de corrupción y no tenemos ningún conocimiento", manifestó.
El asambleísta cruceño dijo que hasta la fecha, el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, no hizo llegar informes solicitados al presidente de YPFB, Carlos Villegas, sobre los diferentes precios que tenía la planta, porque en principio, en la gestión de Santos Ramírez era entre 86 a 90 millones, luego en la administración de Villegas subió a 168 millones, y después hay sospechas que precio adicional de 13 millones de dólares.
Anunció el inicio del proceso de investigación a todo el proceso de construcción y las permanentes modificaciones del precio. "Estamos pidiendo datos técnicos que justifique los cambios. Esperemos que los entreguen para abrir la investigación, donde se tiene que demostrar cuánto y cómo se ha gastado, es mucho dinero y hasta donde tengo entendido la planta aún no funciona", manifestó.
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