El país requiere de una nueva Ley de Hidrocarburos debido al dinamismo que tiene el sector, y sobre todo, para fomentar la inversión de empresas privadas, asimismo, incentivos y una regulación que brinde garantías a los inversionistas, opinaron, por separado, los analistas Francesco Zaratti y Sandra Calderón, esta última especialista de la Fundación Jubileo.
Las apreciaciones en torno al tema fueron expuestas en el seminario: “El Reto hidrocarburífero en Bolivia, que tuvo lugar esta semana en la Gobernación de La Paz”.
De acuerdo con Zaratti, para iniciar el cambio de la nueva normativa primero se debe evaluar la coyuntura actual que presenta nuevos escenarios y se puede plantear –en ese escenario– objetivos concretos.
OBSERVACIONES
Dijo que a la actual Ley de Hidrocarburos 3058 se plantearon tres observaciones, a pesar de ello se aprobó y se aplicó la normativa. La primera apuntaba a YPFB, y se señalaba que la entidad estatal no podía ser juez y parte, y para ello debería haber una agencia independiente para fiscalizar al sector; en segundo lugar se señaló que debió aplicarse un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) escalonado para lograr una mayor viabilidad y observó que la consulta previa a los pueblos indígenas para fines de exploración y explotación petrolera no debía tener carácter vinculante.
A eso hay que sumar –dijo– que la Constitución Política del Estado (CPE) estableció la industrialización de los hidrocarburos, como tarea prioritaria, cuya situación fue observada por Zaratti, ya que obligaba a la empresa estatal a emprender este complejo proceso.
El exministro de Economía, Luis Arce, consultado sobre las tareas pendientes del régimen, admitió en una entrevista en Cadena “A”, que el Gobierno no calculó los tiempos ni la complejidad de la industrialización.
Calderón, por su parte, que dijo que en la propuesta de una nueva normativa sectorial debería incluir incentivos para las empresas.
ADMINISTRACIÓN
En el cónclave, el experto en el tema Hugo del Granado lamentó la estatización del sector, que a la fecha no dio resultados y sostuvo que persiste una mala gestión a 11 años de la medida y una desorientada política en el manejo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que, además, impuso como presidente del Directorio de la estatal petrolera al Ministro de Hidrocarburos. El analista privado Mauricio Medinaceli cuestionó ese hecho y dijo que las puertas de YPFB se abrieron al manejo político.
En el caso de las tareas de exploración sostuvo que YPFB tiene a disposición alrededor de 100 áreas, pero que no opera en todas, pero tampoco deja que la empresa privada pueda realizar trabajos de exploración, destinando mayores recursos a la producción y en menor medida a fines exploratorios.
En ese ámbito, recomendó al Gobierno a reorientar su política hidrocarburífera debido a los resultados adversos que se tienen a la fecha principalmente en materia exploratoria.
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