Después de 13 años, 126 extrabajadores de la Refinería Gualberto Villarroel, de Cochabamba, se beneficiarán con el pago de una reliquidación de beneficios sociales por un monto de Bs 12,7 millones, por una demanda social contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que les fue procedente.
Producto de la privatización de la empresa a Petrobras y Pérez Companc, entre 1999 y 2000, estos funcionarios fueron despedidos de sus fuentes laborales sin reconocimiento de jubilación, pese a existir un acta de entendimiento entre su sindicato y YPFB, que data de 1998, homologado por el Decreto Supremo 25021.
Allí se reconocía el pago a los trabajadores cuando estos sean retirados o despedidos de manera forzosa, sus beneficios sociales calculando un sueldo promedio indemnizable basados en el total ganado en los 3 últimos meses de servicio, incluyendo el pago de refrigerios, viáticos de campo, horas extras y duodécimas de la prima de utilidades.
En 2001, los afectados plantearon un juicio a la empresa petrolera, que estaba en manos en ese entonces de Carlos Salinas Estenssoro, para exigir el reconocimiento de dichos beneficios que fueron incumplidos.
Sentencia
En 2010, la jueza 2.da de Trabajo y Seguridad Social, Lourdes Núñez, sentenció probada en parte la demanda en protección a los derechos de los trabajadores y conminó a Yacimientos, esta vez en manos del presidente Carlos Villegas, a pagar Bs 12.772.193.
La sentencia fue apelada por YPFB ante la Corte de Distrito y la Sala Social y Administrativa confirmó la sentencia. Mediante auto de vista, YPFB interpuso un recurso de casación y el expediente se remitió al Tribunal Supremo de Justicia, donde se dictó el auto supremo sentenciando de infundada la casación, confirmando otra vez la sentencia y el auto de vista, según el expediente.
“Se dictó al final una sentencia favorable a los trabajadores que debe ser cancelada. Los beneficios sociales son irrenunciables y, como jueza laboral, tengo la obligación de hacer la tutela, de acuerdo con los derechos que les corresponde a los trabajadores”, declaró Núñez a EL DEBER.
A raíz de un recurso de acción de libertad porque la juez expidió un mandamiento de apremio contra Carlos Villegas, para el cumplimiento de la obligación, se ordenó al juez de garantía de que Núñez suspenda el proceso de pago hasta que se resuelva la resolución.
“De acuerdo con el fallo que salga, se procederá al pago. YPFB igual tiene que pagar porque la sentencia ya está ejecutoriada”, puntualizó la jueza laboral
YPFB analiza acciones conjuntas
En un comunicado público, el departamento de comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aclara que la empresa está analizando medidas legales con la Procuraduría General del Estado respecto a la sentencia por los beneficios sociales.
“Se están coordinando acciones legales conjuntamente con la Procuraduría General del Estado”, dice el documento, sin dar otros detalles.
El comunicado aclara también que el proceso judicial con los extrabajadores de la Refinería Gualberto Villarroel se encuentra pendiente en apelación, ante la Sala Social 1.ra del Tribunal de Justicia de La Paz.
YPFB planteó el 19 de marzo una acción constitucional y mediante la resolución 12/2014 se concedió la tutela interpuesta por YPFB y dejar en suspenso cualquier acción, conminatoria o ejecución hasta tener en conocimiento el fallo que se encuentra pendiente en la Sala Social Primera.
La refinadora
OPERACIONES
YPFB Refinación es la refinadora de petróleo que opera las dos refinerías más grandes del país, representando más del 90% de la capacidad de procesamiento.
NACIONALIZACIÓN
Mediante el DS 29128, del 12 de mayo de 2007, se dispuso la recuperación de las dos refinerías más grandes de Bolivia: Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell.
Gestión 2001
Carlos Salinas Estenssoro fue presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la gestión del mandatario Hugo Banzer Suárez (1997 al 2001).
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