El investigador recuerda que en el país las relaciones laborales por lo general siempre estuvieron marcadas por la dureza de actuación de la dirigencia empresarial como sindical, donde cada uno considera que los intereses de las contrapartes no son legítimos.
De esa manera también queda truncado el diálogo social por la desconfianza que los actores sociales se tienen entre sí y, por otro lado, por la poca o nula promoción que hace el Estado de este instrumento.
Según Eróstegui, a esos factores que se originan en el comportamiento de los actores del tripartismo se tiene que agregar uno nuevo que se deriva de la estructura del empleo en el país.
“Más del 60% de las personas trabajadoras son autoempleadas, por lo tanto, este grupo de personas no tiene un empleador con quien entablar procesos de negociación y están excluidas de casi todas las políticas públicas”, precisa.
Por eso es que, en criterio del director de LABOR, el diálogo social para la creación de empleo decente no sólo debe incluir a las organizaciones sindicales y empresariales, sino también a todas las personas que están incorporadas en la economía informal a partir de políticas activas y pasivas de generación de fuentes de trabajo.
Se pueden impulsar, por ejemplo, estrategias vinculadas a la formación y promoción del empleo que realiza directamente el Estado, como la bolsa de trabajo y bonos de capacitación (activas), pero también políticas destinadas a mantener un nivel de consumo de las personas, bonos y seguros de cesantía.
Políticas redistributivas
De esta manera el diálogo social debe tender a la construcción de políticas públicas redistributivas del ingreso con la finalidad de incorporar al inmenso mundo constituido por trabajadores informales que no están protegidos por la Ley General del Trabajo.
Sin embargo, como el autoempleo no desaparecerá de la estructura económica del país, Erostegui también considera que las políticas públicas deben contemplar, además de políticas que mejoren el ingreso de estos trabajadores, aspectos que los incorporen a la seguridad social de corto y largo plazo.
Para el director de LABOR no tiene sentido seguir intentando dignificar el empleo a partir de la formulación de nuevas normas que protejan más a los trabajadores, como ya lo están en la actualidad con la Ley del Trabajo.
Tampoco implementar mejores mecanismos de inspección del trabajo a las mismas empresas que de una u otra forma se conoce que cumplen regularmente con las disposiciones laborales vigentes, añade. “Nuestra sociedad está marcada por la ausencia de empleo decente, por profundas brechas sociales, económicas y culturales”, añade.
Más datos
Análisis Según la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), en Bolivia se requiere de políticas cuyo objetivo sea la cohesión social y sobre todo de trabajo decente.
Democracia El diálogo social presupone un comportamiento democrático de la relación entre todos los actores sociales, es decir, del respeto de los intereses de las contrapartes que se sientan en la mesa de negociación. Este año el Gobierno intentó impulsar un diálogo tripartito.
Esta publicación cuenta con la colaboración de la Plataforma Empleo Digno.
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