La contratación de trabajadores y su clasificación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se realiza de acuerdo con criterios políticos e ideológicos.
Así lo revela una planilla a la que tuvo acceso La Prensa y que fue enviada por Gilmar Cruz, jefe de la zona comercial de Oruro, al presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, y a Sabino Carme, encargado de Recursos Humanos.
La planilla clasificó una lista de 61 trabajadores de la siguiente manera: 17 fueron identificados como “neoliberales”. Para ubicarlos, el documento los destaca con letras rojas.
Existen 20 independientes con letras verdes y 24 “identificados con el cambio”. Éstos tienen el color azul en el documento.
En la nómina figuran los nombres de los trabajadores, sus cargos y el tiempo que prestan sus servicios. Para que haya una distinción estadística clara, en la planilla se elaboró un gráfico de barras con las tres categorías de trabajadores contratados por la estatal petrolera (ver cuadro).
Este medio de comunicación intentó contactarse con el celular de Aruquipa, pero estaba apagado, y en su oficina de prensa informaron que se encontraba de viaje y que era difícil ubicarlo.
Fuentes ligadas a la estatal petrolera, sin embargo, desmintieron que se usen criterios políticos en la designación del personal y aseguraron que este tipo de denuncias sólo buscan dañar la gestión de Aruquipa.
YPFB asegura que el año pasado lanzó nueve convocatorias para la selección de trabajadores con base en perfiles técnicos y profesionales. Ayer se publicó en varios medios de comunicación otra convocatoria para llenara 97 ítems en las diversas unidades y direcciones.
Sin embargo, el secretario Permanente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, Adolfo Giménez, afirmó que las convocatorias públicas que emite YPFB no son transparentes y que la selección es política.
“Las convocatorias son dirigidas, de antemano ya saben a quienes van a utilizar”.
Por esa razón, dijo que se contrata a gente sin experiencia en el sector y a los trabajadores antiguos se los hace rotar por varios destinos para que se “aburran” y renuncien a sus puestos.
Actualmente, YPFB cuenta con 1.000 funcionarios, pero en la estatal no precisaron cuántos ingresaron en la gestión de Aruquipa. Antes de su capitalización en 1996, la empresa contaba con más de ocho mil trabajadores. Posteriormente la mayoría fue despedida por la reducción de las funciones de la compañía, que se quedó con menos de 500.
La Prensa supo que en la petrolera y en otras reparticiones del Estado los trabajadores son sometidos a diversos test en los que se les pide su opinión sobre diferentes políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo para evaluar si están de acuerdo con ellas o tienen dudas.
De los 17 funcionarios identificados como neoliberales en la ciudad de Oruro, uno trabaja en la parte administrativa de la zona comercial Oruro. Otros ocho lo hacen en la planta operativa de gas licuado de petróleo (GLP) como envasadores del producto, precintadores de garrafas, soldadores y ayudantes, dos en el servicio de vigilancia y limpieza, dos en la Dirección Regional de Gas Natural y tres como facturadores.
El director de YPFB Hugo Vaca de la Torre manifestó que en la empresa no puede haber este tipo de selección o clasificación de los trabajadores.
Recordó que el actual Presidente de la estatal se comprometió, cuando asumió el cargo, a no realizar designaciones de tipo político, porque debe primar el perfil técnico y profesional de las personas.
Anunció que el Directorio de YPFB hará una evaluación al respecto en los siguientes días.
A los dos años de la nacionalización de los hidrocarburos, YPFB aún afronta problemas porque su refundación no termina de consolidarse. El año pasado tuvo problemas en la comercialización de carburantes debido a que no contaba con personal suficiente y carecía de medios de transporte.
Con la vigencia del Decreto 28701 de nacionalización de los hidrocarburos, Yacimientos se hizo cargo de la distribución mayorista de carburantes y decidió operar en toda la cadena del sector. Esta norma, emitida el 1 de mayo de 2006, estableció un plazo de 60 días para la refundación de la empresa.
El director de YPFB Luis Fernando Vincenti señaló que la falta de recursos económicos es un obstáculo para levantar la compañía. Por eso en la comercialización se tuvo que trabajar con personal eventual. Sólo desde hace un mes y medio se cuenta con 360 nuevos ítems.
De acuerdo con los analistas del sector, la falta de un presupuesto adecuado es el principal problema, porque hoy la estatal tiene que desempeñar más funciones en la cadena y la Ley de Hidrocarburos no le asignó recursos para este fin. Por el contrario, los nuevos ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se distribuyen entre las regiones.
YPFB aún no participa plenamente en tareas de exploración ni en proyectos de industrialización, y tampoco tomó el control de las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes y de las plantas de almacenamiento, tarea que aún está sujeta a negociación.
Más datos
La Ley de Hidrocarburos y el Decreto Supremo 28701 de nacionalización le dieron como mandato a YPFB que retome el control y participación en toda la cadena del sector petrolero: exploración, producción, comercialización, refinación e industrialización.
Luego de la capitalización en 1996, YPFB se deshizo de varias de estas funciones y entregó la producción y exploración a las empresas Chaco y Andina, y el transporte de hidrocarburos a la compañía Transredes.
En 1999, la estatal transfirió sus refinerías de Santa Cruz y Cochabamba a la brasileña Petrobras.
De esta manera, YPFB se quedó como una unidad residual encargada de supervisar el contrato de venta de gas natural a Brasil.
El actual Gobierno aseguró que YPFB percibirá nuevos y mayores ingresos por participaciones en los megacampos y otras reservas, una vez deducidos los costos recuperables y el pago de otros servicios a las petroleras y luego de la distribución de utilidades.
El Poder Ejecutivo indicó que existe un plan para que la estatal comience a invertir y conseguir su propia maquinaria para explorar y explotar por cuenta propia o en sociedad campos petroleros.
Así lo revela una planilla a la que tuvo acceso La Prensa y que fue enviada por Gilmar Cruz, jefe de la zona comercial de Oruro, al presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, y a Sabino Carme, encargado de Recursos Humanos.
La planilla clasificó una lista de 61 trabajadores de la siguiente manera: 17 fueron identificados como “neoliberales”. Para ubicarlos, el documento los destaca con letras rojas.
Existen 20 independientes con letras verdes y 24 “identificados con el cambio”. Éstos tienen el color azul en el documento.
En la nómina figuran los nombres de los trabajadores, sus cargos y el tiempo que prestan sus servicios. Para que haya una distinción estadística clara, en la planilla se elaboró un gráfico de barras con las tres categorías de trabajadores contratados por la estatal petrolera (ver cuadro).
Este medio de comunicación intentó contactarse con el celular de Aruquipa, pero estaba apagado, y en su oficina de prensa informaron que se encontraba de viaje y que era difícil ubicarlo.
Fuentes ligadas a la estatal petrolera, sin embargo, desmintieron que se usen criterios políticos en la designación del personal y aseguraron que este tipo de denuncias sólo buscan dañar la gestión de Aruquipa.
YPFB asegura que el año pasado lanzó nueve convocatorias para la selección de trabajadores con base en perfiles técnicos y profesionales. Ayer se publicó en varios medios de comunicación otra convocatoria para llenara 97 ítems en las diversas unidades y direcciones.
Sin embargo, el secretario Permanente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, Adolfo Giménez, afirmó que las convocatorias públicas que emite YPFB no son transparentes y que la selección es política.
“Las convocatorias son dirigidas, de antemano ya saben a quienes van a utilizar”.
Por esa razón, dijo que se contrata a gente sin experiencia en el sector y a los trabajadores antiguos se los hace rotar por varios destinos para que se “aburran” y renuncien a sus puestos.
Actualmente, YPFB cuenta con 1.000 funcionarios, pero en la estatal no precisaron cuántos ingresaron en la gestión de Aruquipa. Antes de su capitalización en 1996, la empresa contaba con más de ocho mil trabajadores. Posteriormente la mayoría fue despedida por la reducción de las funciones de la compañía, que se quedó con menos de 500.
La Prensa supo que en la petrolera y en otras reparticiones del Estado los trabajadores son sometidos a diversos test en los que se les pide su opinión sobre diferentes políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo para evaluar si están de acuerdo con ellas o tienen dudas.
De los 17 funcionarios identificados como neoliberales en la ciudad de Oruro, uno trabaja en la parte administrativa de la zona comercial Oruro. Otros ocho lo hacen en la planta operativa de gas licuado de petróleo (GLP) como envasadores del producto, precintadores de garrafas, soldadores y ayudantes, dos en el servicio de vigilancia y limpieza, dos en la Dirección Regional de Gas Natural y tres como facturadores.
El director de YPFB Hugo Vaca de la Torre manifestó que en la empresa no puede haber este tipo de selección o clasificación de los trabajadores.
Recordó que el actual Presidente de la estatal se comprometió, cuando asumió el cargo, a no realizar designaciones de tipo político, porque debe primar el perfil técnico y profesional de las personas.
Anunció que el Directorio de YPFB hará una evaluación al respecto en los siguientes días.
A los dos años de la nacionalización de los hidrocarburos, YPFB aún afronta problemas porque su refundación no termina de consolidarse. El año pasado tuvo problemas en la comercialización de carburantes debido a que no contaba con personal suficiente y carecía de medios de transporte.
Con la vigencia del Decreto 28701 de nacionalización de los hidrocarburos, Yacimientos se hizo cargo de la distribución mayorista de carburantes y decidió operar en toda la cadena del sector. Esta norma, emitida el 1 de mayo de 2006, estableció un plazo de 60 días para la refundación de la empresa.
El director de YPFB Luis Fernando Vincenti señaló que la falta de recursos económicos es un obstáculo para levantar la compañía. Por eso en la comercialización se tuvo que trabajar con personal eventual. Sólo desde hace un mes y medio se cuenta con 360 nuevos ítems.
De acuerdo con los analistas del sector, la falta de un presupuesto adecuado es el principal problema, porque hoy la estatal tiene que desempeñar más funciones en la cadena y la Ley de Hidrocarburos no le asignó recursos para este fin. Por el contrario, los nuevos ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se distribuyen entre las regiones.
YPFB aún no participa plenamente en tareas de exploración ni en proyectos de industrialización, y tampoco tomó el control de las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes y de las plantas de almacenamiento, tarea que aún está sujeta a negociación.
Más datos
La Ley de Hidrocarburos y el Decreto Supremo 28701 de nacionalización le dieron como mandato a YPFB que retome el control y participación en toda la cadena del sector petrolero: exploración, producción, comercialización, refinación e industrialización.
Luego de la capitalización en 1996, YPFB se deshizo de varias de estas funciones y entregó la producción y exploración a las empresas Chaco y Andina, y el transporte de hidrocarburos a la compañía Transredes.
En 1999, la estatal transfirió sus refinerías de Santa Cruz y Cochabamba a la brasileña Petrobras.
De esta manera, YPFB se quedó como una unidad residual encargada de supervisar el contrato de venta de gas natural a Brasil.
El actual Gobierno aseguró que YPFB percibirá nuevos y mayores ingresos por participaciones en los megacampos y otras reservas, una vez deducidos los costos recuperables y el pago de otros servicios a las petroleras y luego de la distribución de utilidades.
El Poder Ejecutivo indicó que existe un plan para que la estatal comience a invertir y conseguir su propia maquinaria para explorar y explotar por cuenta propia o en sociedad campos petroleros.
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