Se desconoce a dónde va el dinero generado por la exportación de hidrocraburos
La ausencia de transparencia en la obtención de recursos económicos como consecuencia de la venta de gas y de petróleo, es cuestionada porque a un año y nueve meses se desconoce la cantidad de recursos que ha recibido el estado boliviano a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero parte de los mismos han sido distribuidos en bonos, como el denominado “Juancito Pinto”.
El reclamo corresponde al senador Carlos D’Arlach O’Connor de Poder Democrático y Social (Podemos), quien a propósito del Decreto 29.444, que redistribuye los ingresos de los licuables que se cobrará al Brasil, pone en el tapete de la discusión: “¿dónde está la plata del gas?”.
“Hace poco se ha lanzado un Decreto Supremo (29.444), donde se confisca parte de las regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); que corresponden a los departamentos por los licuables del gas, esto se suma a la captura del IDH que se ha hecho también con el pretexto de la Renta Dignidad, se suma también esta preocupación, información que Yacimientos (YPFB) les debe a las compañías productoras una deuda acumulada que suma 316 millones dólares hasta febrero de este año, entonces, uno se pregunta: ¿dónde está la plata del gas?”, asevera el legislador representante por el departamento de Tarija.
No obstante, anticipa que, con seguridad, parte de esos recursos está en los ‘spots’ publicitarios, “en pagar a los movimientos sociales, en la campaña de la Constituyente que ya se ha iniciado, y que es ilegal, porque hay una Ley que establece que la única que puede hacer propaganda es la Corte Nacional Electoral (CNE)”.
Pérdida de credibilidad
El senador por Podemos, también puntualiza que el país “está pagando”, “con el incumplimiento del compromiso con Brasil y Argentina, el manejo político que se ha hecho de este tema al firmar el decreto de nacionalización y el contrato de venta de gas con Argentina a un buen precio, por el cual todos nos alegramos, con el único fin de capturar votos para los constituyentes y ganar los dos tercios en esa Asamblea y evitar el ‘SÍ’ en el referéndum a las autonomías”.
Agrega que a eso se ha sumado que en agosto del año pasado, hubo “un recocido del contrato con Argentina”, dos meses antes de la elección de la ahora presidenta, Cristina Martina de Kirchner.
“En otras palabras, se ha coadyuvado a la elección de la señora Cristina en Argentina, manejando este contrato del gas diciéndole a la Argentina: ‘no hay que preocuparse, vamos a cumplir con el compromiso’; para ir apenas seis meses después a decir: ‘no vamos a poder cumplir con esos compromisos tan serios’”, asevera D’Arlach.
Y sentencia: “han echado por la borda nuestra credibilidad en cuanto a proveedores de gas seguro, que habíamos ganado en años con Argentina y Brasil”.
Inversiones inciertas
Otro aspecto que preocupa a la oposición de Gobierno son las inversiones anunciadas por el Gobierno y los deslices que comete en la valoración de las mismas.
En su reciente visita a Buenos Aires, en febrero pasado, el ministro de Hidrocarburos y Energía boliviano, Carlos Villegas Quiroga, destacó la inversión millonaria de 1.266.053.715 dólares en el área de hidrocarburos para la gestión 2008 entre las 12 empresas petroleras extranjeras que operan en Bolivia y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el pico histórico registrado en la gestión de 1999 en la época de la capitalización que alcanzó los 700 millones de dólares.
“Después de este proceso de cambios en el escenario hidrocarburífero en Bolivia (después de la nacionalización), a partir del 2008 hemos ingresado a un nuevo ciclo de inversiones”, destacó el Ministro en entrevista concedida en esa oportunidad a la cadena televisiva Telesur.
Observaciones
Desde el sector petrolero, ayer recordaron que en las cifras anticipadas por el Ministro de Hidrocarburos se cometen dos deslices en los cuales se incorpora a los OPEX (Gastos Operativos) en la cantidad de 189.7 millones de dólares y, la joya: 354.5 millones en cargo de depreciación.
“Que desde ningún punto de vista técnico, financiero o contable pueden ser considerados ‘inversión’, lo que deja como inversión programada –no necesariamente comprometida– el monto de algo más de 330 millones de dólares, similar a lo obtenido los años 2005, 2006 y 2007”, aseguró una fuente del sector.
La ausencia de transparencia en la obtención de recursos económicos como consecuencia de la venta de gas y de petróleo, es cuestionada porque a un año y nueve meses se desconoce la cantidad de recursos que ha recibido el estado boliviano a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero parte de los mismos han sido distribuidos en bonos, como el denominado “Juancito Pinto”.
El reclamo corresponde al senador Carlos D’Arlach O’Connor de Poder Democrático y Social (Podemos), quien a propósito del Decreto 29.444, que redistribuye los ingresos de los licuables que se cobrará al Brasil, pone en el tapete de la discusión: “¿dónde está la plata del gas?”.
“Hace poco se ha lanzado un Decreto Supremo (29.444), donde se confisca parte de las regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); que corresponden a los departamentos por los licuables del gas, esto se suma a la captura del IDH que se ha hecho también con el pretexto de la Renta Dignidad, se suma también esta preocupación, información que Yacimientos (YPFB) les debe a las compañías productoras una deuda acumulada que suma 316 millones dólares hasta febrero de este año, entonces, uno se pregunta: ¿dónde está la plata del gas?”, asevera el legislador representante por el departamento de Tarija.
No obstante, anticipa que, con seguridad, parte de esos recursos está en los ‘spots’ publicitarios, “en pagar a los movimientos sociales, en la campaña de la Constituyente que ya se ha iniciado, y que es ilegal, porque hay una Ley que establece que la única que puede hacer propaganda es la Corte Nacional Electoral (CNE)”.
Pérdida de credibilidad
El senador por Podemos, también puntualiza que el país “está pagando”, “con el incumplimiento del compromiso con Brasil y Argentina, el manejo político que se ha hecho de este tema al firmar el decreto de nacionalización y el contrato de venta de gas con Argentina a un buen precio, por el cual todos nos alegramos, con el único fin de capturar votos para los constituyentes y ganar los dos tercios en esa Asamblea y evitar el ‘SÍ’ en el referéndum a las autonomías”.
Agrega que a eso se ha sumado que en agosto del año pasado, hubo “un recocido del contrato con Argentina”, dos meses antes de la elección de la ahora presidenta, Cristina Martina de Kirchner.
“En otras palabras, se ha coadyuvado a la elección de la señora Cristina en Argentina, manejando este contrato del gas diciéndole a la Argentina: ‘no hay que preocuparse, vamos a cumplir con el compromiso’; para ir apenas seis meses después a decir: ‘no vamos a poder cumplir con esos compromisos tan serios’”, asevera D’Arlach.
Y sentencia: “han echado por la borda nuestra credibilidad en cuanto a proveedores de gas seguro, que habíamos ganado en años con Argentina y Brasil”.
Inversiones inciertas
Otro aspecto que preocupa a la oposición de Gobierno son las inversiones anunciadas por el Gobierno y los deslices que comete en la valoración de las mismas.
En su reciente visita a Buenos Aires, en febrero pasado, el ministro de Hidrocarburos y Energía boliviano, Carlos Villegas Quiroga, destacó la inversión millonaria de 1.266.053.715 dólares en el área de hidrocarburos para la gestión 2008 entre las 12 empresas petroleras extranjeras que operan en Bolivia y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el pico histórico registrado en la gestión de 1999 en la época de la capitalización que alcanzó los 700 millones de dólares.
“Después de este proceso de cambios en el escenario hidrocarburífero en Bolivia (después de la nacionalización), a partir del 2008 hemos ingresado a un nuevo ciclo de inversiones”, destacó el Ministro en entrevista concedida en esa oportunidad a la cadena televisiva Telesur.
Observaciones
Desde el sector petrolero, ayer recordaron que en las cifras anticipadas por el Ministro de Hidrocarburos se cometen dos deslices en los cuales se incorpora a los OPEX (Gastos Operativos) en la cantidad de 189.7 millones de dólares y, la joya: 354.5 millones en cargo de depreciación.
“Que desde ningún punto de vista técnico, financiero o contable pueden ser considerados ‘inversión’, lo que deja como inversión programada –no necesariamente comprometida– el monto de algo más de 330 millones de dólares, similar a lo obtenido los años 2005, 2006 y 2007”, aseguró una fuente del sector.
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