jueves, 13 de febrero de 2014

UIF investigó a tercer ejecutivo de YPFB por “ganancias ilícitas”

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investigó a un tercer alto ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por "legitimación de ganancias ilícitas”. Se trata de Mario Salazar Gonzales, gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos.
De profesión ingeniero químico, Salazar tendría ingresos mensuales de 15.382 bolivianos hasta 16.592, además de 400 dólares por el alquiler de un bien inmueble y no tiene actividad comercial, lo que no guarda relación con los movimientos de dinero registrados en sus cuentas.
El documento de la UIF hace una relación de todos los movimientos bancarios de Salazar, sus depósitos bancarios, retiros, créditos, amortizaciones y bienes adquiridos.
Entre abril y agosto de 2009, entre transferencias, depósitos y abonos de crédito, venta de un inmueble y de un terreno urbano movió más de 60.000 dólares.

Se advierte que en agosto de 2009, Salazar adquirió un crédito del Banco Mercantil de 50.000 dólares para la compra de una vivienda valuada en 70.000, de los cuales 20.000 serían su aporte. Sin embargo, en el informe se señala que sólo sacó de su cuenta 5.000 dólares, por lo que se desconoce el origen de los fondos para pagar el saldo de 15.000 dólares.

En otra caja de ahorro, el informe destaca una transferencia de 73.961 bolivianos.
En el Banco Nacional, Salazar tiene otra cuenta de ahorro y un crédito de 29.400 bolivianos para la compra de un vehículo marca Chery, tipo QQ3, año 2011, e hizo otros movimientos desde 500 hasta más de 2.200 bolivianos.
En el Banco de Crédito, el ejecutivo de YPFB tiene a su nombre cuatro cuentas de ahorros, en las que se registran depósitos entre julio y diciembre de 2007 de 13.750 bolivianos. Se desconoce la identidad de los depositantes, aunque se presume que pueden ser recursos de su cuenta del Banco Unión.
En otra cuenta destaca un depósito de 29.641 bolivianos en julio de 2008 y tampoco se conoce el nombre del depositante. También hubo otros movimientos importantes sin explicación.
El informe advierte que las transacciones podrían estar relacionadas "a las señales de alerta de tipologías Gafisud 2008 (organización intergubernamental para combatir el lavado de dinero), referido a los "aumentos sustanciales en los depósitos en efectivo de personas naturales físicas o jurídicas sin causa aparente (...) cuando las transferencias son en un breve espacio de tiempo”.

No declaró cuatro cuentas bancarias
Según la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) , el ejecutivo de YPFB Mario Salazar Gonzales habría omitido declarar sobre cuatro de sus cuentas bancarias: una en moneda extranjera del Banco Mercantil Santa Cruz; dos cuentas del Banco de Crédito –una en moneda nacional y otra en moneda extranjera–, y una cuenta en la Cooperativa Jesús Nazareno Ltda.
Sus movimientos financieros se realizaron a través de 12 cuentas en entidades bancarias, dice la UIF.
De acuerdo con los documentos de la UIF, Salazar tiene seis cuentas en el Banco Mercantil, una cuenta en el Banco Nacional de Bolivia, otra en el Banco Unión y cuatro cuentas en el Banco de Crédito.
Sus cuentas son en moneda nacional, en dólares y también en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).
Los movimientos son desde montos menores hasta montos significativos; la mayoría no identifica a los depositantes.

Tiene cuatro bienes inmuebles e igual número de vehículos
El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) señala que Mario Salazar tiene la titularidad de cuatro bienes inmuebles y cuatro vehículos.
De acuerdo con la Contraloría General del Estado, de 2007 a 2011 Salazar declaró en Santa Cruz como bienes inmuebles el terreno B-Estación Argentina, con un valor de 300 mil bolivianos; un terreno en el Parque Urbano y en la avenida Capitán Arrien, con el valor desde 371 mil y 765.600 bolivianos, respectivamente, aunque éstos no habrían sido reportados por el sistema Temis del Consejo de la Magistratura.
El gobierno municipal de Santa Cruz informa sobre la titularidad de cuatro inmuebles.
De acuerdo con el Organismo Operativo de Tránsito de La Paz y Cochabamba, Salazar tiene registrada la propiedad de cuatro vehículos a su nombre.
"Hemos recibido ciertas pruebas contra funcionarios de YPFB donde hubiera habido lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas (...) vamos a hacer la investigación”, declaró el diputado Luis Felipe Dorado.

Salazar, Marcelo Canseco y Edwin Aldunate, todos funcionarios de la empresa petrolera, fueron investigados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), cuyo informe fue enviado al Ministerio Público de Santa Cruz, donde se instruyó que los fiscales Mabel Andrade y Olvis Égüez abran una investigación.

UIF cuestiona 2 movimientos bancarios de Salazar

Los ingresos de Mario Salazar por concepto de sueldos como funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron de 950.922 bolivianos entre julio de 2007 hasta julio de 2012, dice el informe de la UIF. La transferencia de este dinero fue de carácter automático a su cuenta del Banco Unión. Hasta acá, nada fuera de lo normal.
Sin embargo, existen dos retiros observados por la UIF. Uno de 92.000 bolivianos, del que se desconoce el motivo, y otro de 69.000 bolivianos, cuyo destino habría sido para la compra de un terreno; sin embargo, la información no está registrada en el sistema del Consejo de la Magistratura.
Página Siete se comunicó con el director de Comunicación de YPFB para obtener la versión del Salazar, pero el comunicador no devolvió la llamada telefónica, como prometió.
Investigación
El diputado de CN Luis Felipe Dorado dijo que no descarta una petición de informe al presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, para que explique la situación de los ejecutivos Marcelo Canseco, Edwin Aldunate y Mario Salazar, que son investigados por "legitimación de ganancias ilícitas”, y que pese a estas circunstancias, continúan en cargos jerárquicos.
"El señor (Carlos) Villegas ojalá no esté encubriendo”, dijo Dorado, y lo criticó por decir (a la red ERBOL) que desconocía el caso de los cuatro funcionarios de YPFB, que tienen declaraciones juradas observadas por el Ministerio de Transparencia.

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