Se reduce a uno la lista de sospechosos de presunta corrupción en las licitaciones de los megaproyectos de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
En 2012, la Fiscalía inició la investigación de presuntos negociados a favor de las empresas AESA y Técnicas Reunidas, que supuestamente ganaron los proyectos de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande y Gran Chaco, pagando a los ejecutivos Gerson Rojas Terán y Agustín Ugarte.
Más de 10 personas fueron excluidas de la investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Todos, menos Rojas, fueron excluidos por la Fiscalía de la denuncia por falta de pruebas.
De acuerdo a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los primeros delitos se enmarcan en el tipo penal de Corrupción.
Otros siguen investigados. Entre las persona excluidas figuran altos ejecutivos de YPFB como Marcelo Canseco, director jurídico de Yacimientos; Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas, y Mario Salazar Gonzales, actual gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos.
Sin embargo, ellos deberán seguir un proceso de legitimación de ganancias ilícitas, en La Paz.
La investigación surge luego de que Rojas, en su declaración ampliatoria, indicara que los ejecutivos tenían más poder e influencia que él en la empresa Estatal.
Incluso un informe de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros (UIF) determinó que en el patrimonio de los ejecutivos existían varios Reportes de Operaciones Sospechosas.
"Estos son indicios de legitimación de ganancias ilícitas. Con ese informe, se realizará otro proceso, porque teníamos el tiempo vencido para dictar el requerimiento conclusivo, en el primer caso", dijo Rosmery Barrientos, miembro de la Comisión de Fiscales de que investiga este caso.
Juicio seguirá. Con relación a la situación jurídica de Rojas, Barrientos dijo que el exejecutivo "va a ir a juicio" porque a la fecha no logró explicar el origen de 90.000 dólares, que se le encontraron en una caja fuerte a su nombre en una institución financiera.
Añadió que fueron sobreseídos algunos delitos contra esta persona como: beneficios en razón del cargo, y negociaciones incompatibles, con el ejercicio de funciones públicas.
Agregó que otros involucrados en el caso también fueron favorecidos con el sobreseimiento de sus procesos por cumplirse el plazo dado para la investigación.
No hay coherencia. David Quio, abogado de Rojas, señaló que la determinación de la Fiscalía no tiene sentido, porque se deja de lado a las empresas que supuestamente habían originado los actos del ilícito que se investiga.
"Si la empresa que originó los actos de corrupción es absuelta, la acusación no tiene sentido", dijo.
Añadió que el informe de la UIF, no menciona a su defendido.
"La UIF dice que los que cometieron legitimación de ganancias ilícitas fueron los ejecutivos de YPFB".
Con relación al traslado del proceso contra los funcionarios a La Paz, que con esto se busca resguardarlos. "El afán es mostrar a un chivo expiatorio. Hasta ahora no se demostró nada", dijo.
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