Reservas de hidrocarburos le pertenecen al Estado

• Las compañías petroleras entregan la producción a YPFB

ANF.- La propiedad de las reservas petroleras y gasíferas del país es “un tema zanjado”, asegura el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Carlos Delius, al dejar en claro que así lo establecen la Ley 3058 y el decreto 28701 con sus reglamentos.

“Consideramos estéril la discusión de la propiedad”, pues es un asunto “superado por los operadores, quienes se adaptaron a las nuevas reglas establecidas por el Estado”, remarcó el máximo representante del sector petrolero privado en una publicación de la CBHE.

Así puntualizó Delius al lamentar que “en medio del despegue de inversiones del sector urjan voces respecto a la propiedad de las reservas de gas, sobre su control por parte de empresas extranjeras y el escaso rol del Estado boliviano”.

Tanto en la Ley de Hidrocarburos, en vigor desde abril del 2005, como en el decreto de nacionalización, de mayo del 2006, se establece “con mayor claridad que la propiedad de las reservas de gas, en el subsuelo y sobre la superficie, son estatales”.

Delius aclara recordando que esta misma “figura también existió en el pasado, excepto que las empresas tenían derecho de desarrollo y comercialidad de las mismas”. En la actualidad, con las modificaciones legales, “es YPFB quien tiene la iniciativa y el derecho de comercializar los hidrocarburos que se producen”.

Las compañías petroleras que están trabajando en el país bajo contratos de operación, “entregan toda la producción a YPFB para que ésta venda y de ello pague los servicios a los operadores de acuerdo a su Contrato de Operación”.

El dirigente recuerda que recién desde el año pasado, y después de varias gestiones “de sequía de inversiones en el sector hidrocarburos” se retomaron éstas y “han logrado un desarrollo que se prolongará hasta 2014, aunque con mayor impulso hasta 2012”.

Destacando que “las inversiones que se lograrán este año superarán las de la gestión anterior y con ello”, puntualiza que esto implica “contratos para empresas bolivianas de servicios, la generación de mano de obra y movimiento económico relacionado a la actividad”.