"El DS 2366 que termina por “legalizar” el trastocamiento de las áreas protegidas, riqueza natural y patrimonio de los bolivianos, en áreas destinadas al extractivismo", apunta Campanini, al referirse a la aprobación y los alcances generales que cita la norma.
Según el Cedib, actualmente de las 18.271.699 hectáreas (ha) de superficie protegida existente a nivel nacional, 3.043.797 ha son afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de YPFB3 que están a disposición de las petroleras extranjeras. Es decir que cerca al 17% de lo que constituye el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) es ahora una zona de extractivismo o donde ya se realizan actividades petroleras.
Para el analista Hugo del Granado, la norma se trata del anuncio hecho por el Gobierno el 2013 y recién se concretó; lo cual facilitará las inversiones en áreas protegidas con el ingreso de las petroleras. "Es una modernización del régimen que hay con las áreas protegidas. Aquello de considerar 'santuarios' estas áreas, en realidad es un extremo; hay maneras modernas de proteger la naturaleza y para ello hay suficiente tecnología para hacerlo", señaló.
Un debate en dos frentes. El argumento del Gobierno y el DS 2366 es que con esta medida se aprovechará los recursos hidrocarburíferos para reducir la extrema pobreza en las comunidades que habitan las áreas protegidas, a cuyo efecto se destinarán 1% de la inversión total que se haga en trabajos de exploración en zonas intervenidas, cuyos recursos irán a beneficiar sobre todo a las comunidades indígenas.
Al respecto, Marco Gandarillas, Director del Cedib, señala que el Decreto es nefasto en este sentido, por un lado es un golpe más a los derechos de los pueblos indígenas pues dispone ya mismo que se hace la actividad hidrocarburífera a cambio de ese 1%; por el otro, se omite por completo la consulta previa y por supuesto no hay posibilidad de negarse a la actividad extractiva así estén en juego impactos que pueden hacer desaparecer a dichos pueblos.
"Las actividades extractivas no benefician a las comunidades todo lo contrario: desarticulan la organización comunal y/o indígena originaria, dejan los daños ambientales a los pobladores, destruyen su base de economía local. Eso lo vemos a lo largo y ancho de todo el país en donde se realiza este tipo de actividad", señaló.
Por su parte Francesco Zaratti, analista energético, ve la normativa como una medida desesperada del Gobierno por captar inversiones, a falta de un plan estratégico sostenible a largo plazo, al saberse que el país, por la actual coyuntura mundial de la desaceleración económica como efecto de la caída de los precios del petróleo, ya no es un atractivo a las nuevas inversiones.
"Pienso que la causa original del DS 2366 es la urgencia, casi desesperación, diría yo, de facilitar las inversiones para reponer reservas con el mínimo esfuerzo, seguir exportando gas y produciendo mayores volúmenes de crudo; o sea, para seguir con el modelo económico rentista actual. Lo novedoso es que para seguir por esa senda ahora el Gobierno está dispuesto a rifar la protección del ambiente en áreas altamente vulnerables a ciertas actividades económicas", apuntó.
En cambio, Armando Méndez, experto en economía, hace mención a que el país debe salir del discurso romántico y radical en defensa del medio ambiente. Sostiene que la única manera de eliminar la pobreza es generando inversiones, lo cual implica ciertos costos que la normativa debe proteger de manera racional. "Esos radicales medioambientalistas son peligrosos. En el fondo quieren que no se haga nada, que se pare el mundo y el desarrollo de un país. En economía todo beneficio tiene costos y la norma recientemente aprobado, busca proteger racionalmente las áreas protegidas en tener riquezas bajo tierra, tomando todos los recaudos posibles", dijo.
Un aspecto más complejo. Del Granado describe otro aspecto más preocupante que el Gobierno de Evo Morales afronta con el tema energético del país, donde durante 10 años las nuevas exploraciones han sido escasos, a falta de nuevas inversiones. "En los nueve años de gobierno se han obstaculizado labores exploratorias, en ese lapso apenas dos empresas han ingresado para invertir al país. Una fue la venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela), que más ha primado la afinidad política entre los gobiernos que al deseo de hacer un negocio petrolero. Y la segunda fue Gasprom, que desde el 2008 se ha demorado hasta el 2014 en que se firmó el contrato, se peregrinó seis años", describió.
Entendido así, el experto señaló que bajo esos antecedentes, con la actual normativa, las únicas inversiones que pueden dinamizar las condiciones exploratorias en áreas protegidas, son esas dos empresas y las que tradicionalmente se encuentran en el país desde el periodo de la capitalización. "No creo que haya nuevas inversiones de empresas extranjeras, dado que el Gobierno ha impuesto disposiciones restrictivas en todo este periodo, tales como la obligación de asociarse, la prohibición de repatriar utilidades y la libertad económica, evitaron esas inversiones", argumenta Del Granado.
Alejamiento de las inversiones. Según el Cedib, lo de las inversiones es una falsa ilusión primero porque históricamente las medidas favorables a las empresas tomadas por los gobiernos han servido únicamente para darles facilidades en lo que a ellas interesa: la extracción de hidrocarburos para su exportación.
Asimismo, argumenta que la mayor inversión en el sector es la que hace YPFB matriz y sus subsidiarias y la inversión en exploración es básicamente la inversión Estatal. "Las empresas hacen inversiones de desarrollo a efectos de extraer más hidrocarburos y exportar más, es decir, no contribuyen a incrementar las reservas, sino a consumirlas", señala el informes del Cedib.
En el análisis, el Cedib señala que la nueva frontera petrolera del país abarca cerca del 22% del territorio, equivalente a 24 millones de hectáreas puestas a disposición de la actividad petrolera, cuyo objetivo es extraer más hidrocarburos para exportar cada vez más. "No existe la más mínima planificación. No existe, por ejemplo, una política seria para que los recursos energéticos del país estén al servicio de alcanzar la soberanía energética", fundamenta, Campanini.
Según Méndez, el hecho de que el país no haya generado condiciones para atraer inversiones, más aún en un momento de auge económico de los últimos tres años, se debe a un modelo económico manejado todo por el Estado, cuya mística no es propio del país, sino también de toda la región de Latinoamérica.
"América Latina y sobre todo el país, han profundizado su modelo hacia la dependencia de las materias primas. Eso es preocupante. Ahora que las mismas han perdido los buenos precios, por tanto ya no es negocio invertir en países como el nuestro. En eso, Bolivia debe cambiar su mirada y orientar hacia un modelo de mercado abierto. Lo cual por el momento es más difícil que antes", señaló.
Por su parte, Roberto Laserna, economista de la Fundación Milenio, señaló que la reprimarización de la economía se vio agravada por la caída de los precios internacionales de las materias primas, lo cual ahora hace difícil las condiciones favorables para que nuevas empresas extranjeras se animen a invertir en Bolivia. "La contracción del mercado de materias primas nos ha puesto en un momento difícil al país. En todo este tiempo la bonanza se ha desaprovechado en atraer nuevos capitales de inversión", finalizó.
Contexto
Campanini observa cinco contratos
Primero. El firmado con la transnacional francesa Total E&P Bolivie, que se adjudicó el bloque Azero, está ubicado principalmente en el departamento de Chuquisaca y una parte en Santa Cruz. Dicho bloque ocupa una superficie de 785.625 ha y cubre un 90% de lo que viene a ser el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Iñao, reserva natural de vida silvestre.
Segundo. Es el que adjudicó a la empresa china Eastern Petroleoum and Gas, la zona de Sanandita, correspondiente al parque nacional Aguarague. Dicha reserva ha sido golpeada constantemente por la actividad petrolera.
Tercero. Se tiene aprobada la autorización de firma de los contratos Astillero y San Telmo donde la protagonista es Petrobras Bolivia S.A. y cuya afectación va directamente sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. También se suma, aunque en parte, la gigante Britich Gas con un contrato de gran proporción en Huacareta.
Cuarto. El Parque Nacional Madidi (Norte La Paz) está siendo intervenida en un 75% con la presencia de Petroandina, Repsol y Petrobras Bolivia.
Quinto. En el Tipnis, centro de Bolivia, Petrobras Bolivia y Petroandina ocupan un 35%.
Apuntes
Los mayores impactos ambientales por superar
Efectos. Según expertos, cualquier intervención antrópica deja impactos al medio ambiente, las escalas son diferentes en cuanto a las actividades. En el caso de la exploración petrolera se toman en cuenta impactos a partir de la erosión, deforestación (considerar kilómetros lineales deforestados), el uso de explosivos, impactos en las aguas subterráneas, cambios en las propiedades geológicas, además de todo lo que implica una intervención antrópica a la fauna y flora del lugar.
Reservas. Muchas de las áreas protegidas se crearon para proteger muestras de biodiversidad y ecosistemas específicos, muchos de ellos con alta fragilidad y por albergar especies únicas o en peligro de extinción. Según Georgina Jiménez, investigadora de estos temas, introducir un agente foráneo en estas zonas sensibles trae consigo una serie de impactos, basta mencionar el caso del PNAMI Aguarague, donde existe, y existió, una actividad petrolera intensa. "Esta reserva ha perdido muchas de sus características y se pone en riesgo su carácter de regulador hídrico en el Chaco, además de una importante muestra de transición entre el bosque tucumano – boliviano y el Chaco serrano. Pasa que han sido entregadas ya a la actividad extractiva de hidrocarburos ahora oficializada con el decreto", dijo.
Francesco Zaratti
Experto Energético
"El Decreto solo busca recursos para gastar'
“El DS 2366 se inscribe en la política de otorgar incentivos a la actividad exploratoria, “liberando” áreas que son potencialmente interesantes, especialmente en cuanto a líquidos.
La norma aprobada tiene pros económicos y contras ambientales, pero es una muestra de cuánto ha retrocedido el Gobierno desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos 3058, cuando se opuso terminantemente a cualquier flexibilización de los artículos que, manteniendo la protección a los llamados “santuarios de biodiversidad”, permitían, sin embargo, actividad exploratoria en otros espacios, menos relevantes.
Entonces el MAS buscaba votos y apoyo de la sociedad civil (ONG’s) para su proyecto de ley; ahora busca recursos para gastar. El objetivo ha cambiado, pero la lógica es la misma: más que la suerte de las áreas protegidas les mueve el interés político.
Además, existen dos concepciones antitéticas sobre el uso de la tierra: la que solo busca explotar su riqueza económica y la que le reconoce un valor intrínseco en el marco de la conservación de la vida de todos sus habitantes. Entre estos dos extremos hay que buscar un equilibrio que favorezca al país sin destruir la riqueza de la biodiversidad de esas áreas.
Me temo que el verdadero objetivo del Gobierno es generar recursos para seguir gastándolos en proyectos faraónicos, como ha sucedido hasta ahora con la renta gasífera”.
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