miércoles, 10 de junio de 2015

Demanda en contra del decreto que autoriza exploración en áreas protegidas

El exconsejero departamental Roberto de la Cruz, el exmagistrado Gualberto Cusi y el dirigente de la central Securé, Youci Fabricano, anunciaron una alianza para impugnar legalmente el decreto supremo 2366.

Dicha norma fue firmada por el gabinete el 20 de mayo pasado. En ella se autoriza el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas de Bolivia. La única restricción establecida en el decreto es que no pueden afectar áreas consideradas como "monumentos o santuarios naturales", aunque no se especifica cuáles serían. Se calcula que el daño a la naturaleza llegaría a 11 de las 22 áreas protegidas.

De la Cruz anunció que preparan un recurso de inconstitucionalidad, porque el decreto atenta contra principios de la Carta Magna aprobada en referéndum en 2009. Cusi recordó que la norma aprobada atropella los derechos de los pueblos indígenas, consagrados como ley nacional en 2007. Se refirió específicamente al derecho a la consulta previa, libre e informada, que forma parte de varios convenios internacionales de los cuales el país es signatario. "Antes de aprobar cualquier norma administrativa o legal, se debe consultar a los interesados", dijo Cusi. De la Cruz recordó que solo las labores de exploración ya implican un daño al medio ambiente, porque se realizan mediante explosivos. Fabricano agregó que tras la expansión de la frontera agrícola cocalera en el Chapare, la fauna se refugió en el Territorio Indígena Parque Isiborio Securé (TIPNIS), que es otra zona vulnerable por la anunciada construcción de la carretera y por la posibilidad de que también se hagan prospección petrolera. "Se trata de uno de los últimos refugios de la vida silvestre", aseguró. El dirigente informó que en este momento los habitantes del TIPNIS reciben el respaldo constante de comunidades de 8 países, que se han propuesto defender el área.

Los tres entrevistados expresaron que con respecto al TIPNIS, la construcción de la vía y el ingreso de las petroleras es parte de un solo paquete, que apuntala un modelo de desarrollo orientado a pisotear los derechos de la Madre Tierra.

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