Indígenas rechazaron la construcción por falta de consulta previa.
YPFB-Andina desalojó el predio donde se debe construir la planta separadora de líquidos de Río Grande, Santa Cruz, por la presión ejercitada por los guaraníes de la comunidad Tacobo Mora.
Integrantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) dieron plazo de dos horas para que la subsidiaria desocupe el área, plazo que fue cumplido.
Medio centenar de trabajadores realizó el dasalojo.
Los indígenas dijeron que no están en contra de la construcción de la planta, pero el Gobierno no hizo la consulta pertinente.
El presidente de la APG, Celso Padilla, dijo que el Gobierno “burló” a las comunidades.
“Nosotros estamos exigiendo anular las licencias ambientales y queremos proteger así los pueblos guaraníes”.
A principios el día, un grupo de personas logró romper el cerco policial de custodia. El área está asentada en el municipio Cabezas, Santa Cruz.
Eran tres mujeres y dos varones quienes ingresaron, sin embargo, la discusión entre los policías y otras personas que pretendían entrar a los predios se prolongaba hasta el cierre de la edición.
Los indígenas indicaron que es el quinto día que se hace la vigilia, sin encontrar solución a su demanda, además de que no contaban con agua ni alimentos para continuar el desarrollo de esta medida de presión en esta región del Chaco cruceño.
El RECORDATORIO. En diciembre, el Tribunal Agrario Nacional falló a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pues rechazó la impugnación que llevó adelante el pueblo guaraní tacobo mora a la construcción de la planta de Río Grande, y dio paso a la obtención directa de la licencia ambiental para el proyecto.
Respecto de las demandas del pueblo guaraní, dijo que todos los pueblos indígenas tienen derechos y sus demandas son legítimas, “pero bajo los lineamientos marcados por la Constitución Política del Estado y la ley, bajo esos términos atenderemos sus demandas”.
La comunidad Tacobo Mora exige la realización de la consulta previa, y niega haber pedido una compensación económica para autorizar la planta.
350 millones de dólares se pretende generar anualmente por la planta, que cubrirá la demanda de carburantes del país.
El ministro de hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, aseguró que todas las medidas para iniciar la construcción de la Planta separadora de Río Grande, en el departamento de Santa Cruz, se realizan en el marco de la legalidad.
"Si no se da una solución al pueblo guaraní, la novena marcha podría adelantarse. El Gobierno nacional debe darse cuenta de que el proyecto de Río Grande puede ser una bomba de tiempo, porque los hermanos ya se han movilizado”.
Adolfo Chávez / PRESIDENTE DE LA CIDOB
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