YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) cobra 18.200 dólares diarios a YPFB-Andina S.A. por el alquiler del equipo de perforación PDV 08 que se encuentra en el pozo 34d del campo petrolero Víbora. Ello conforme al contrato firmado entre ambas empresas el 16 de diciembre de 2008 y que está en plena vigencia. Fuentes del sector, sin embargo, aseguraron que la empresa aún no entregó un centavo.
El documento contractual publicado por HidrocarburosBolivia.com establece la tarifa C, “de stand-by con personal en locación” bajo el concepto, “se pagará (…) por cada día o fracción que permanezca el equipo y su personal en locación y en condiciones de reanudar tareas, en espera de órdenes, materiales, trabajos de otras Contratistas, que no sean de su responsabilidad”.
El contrato establece en su cláusula undécima que, mientras se eleve a instrumento público, tendrá validez como documento privado “con todos los efectos legales con el solo reconocimiento de sus firmas y rúbricas”.
Los firmantes son Mario Arenas Aguado, como representante legal de YPFB-Andina, y Rogelio Ashimine Oshiro, por YPFB-SIPSA. Su duración es de seis meses.
El equipo de perforación fue traído de Venezuela por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como parte del acuerdo binacional de cooperación energética y fue entregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a cambio de un alquiler de 12.500 dólares diarios.
Sin embargo, la petrolera estatal cedió la administración de la maquinaria a YPFB-SIPSA mediante una adenda, según se señala en la minuta de reunión entre representantes de PDVSA Servicios, YPFB y YPFB-SIPSA del 14 de noviembre de 2008.
La firma administradora fue intervenida el 31 de enero reciente por la nueva administración de YPFB bajo la presidencia de Carlos Villegas.
El 12 de febrero, la autoridad instruyó al entonces Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (hoy Ministerio) una auditoría técnico-legal a YPFB-SIPSA.
Una semana después, este Ministerio informó de un posible daño económico de 30 millones a 60 millones de dólares por el alquiler de este equipo a PDVSA. Además confirmó que existen reportes de que el equipo está en operación.
En un reportaje en la zona, El Deber constató que el taladro no inició la perforación en el campo petrolero.
El viernes pasado, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, afirmó que el único que puede decidir si YPFB-SIPSA continúa operando será el Directorio de YPFB.
El contrato además define otras ocho tarifas: la primera, la A, por 26.000 dólares diarios si el equipo empieza a operar con uso de barras de sondeo que proporcionará la firma contratista.
Fuentes del sector afirmaron a La Prensa que el arriendo de un taladro completo de este tipo depende de las características del proyecto para el que se lo requiere. Se debe tomar en cuenta el tipo de pozo, si pertenece a un campo con alta capacidad productiva, la profundidad que se quiere alcanzar en la perforación y el tiempo que necesitará ejecutar este proyecto.
Sin embargo, el precio diario varía entre 11.000 dólares, por un equipo pequeño con un alcance de 2.000 metros de profundidad, y 80.000 dólares, por una perforadora grande con capacidad de hasta de 6.000 metros.
Según reportes periodísticos, el taladro arribado a La Paz el 30 de julio de 2008 (PDV 08, de fabricación china) es del modelo ZTJ 70BB, tiene un peso de 1.500 toneladas, una potencia de 2.000 HP (horsess power o caballos de fuerza) y puede alcanzar una profundidad de 3.000 metros en la perforación.
El analista Hugo del Granado explicó que el costo promedio de compra de un taladro similar es de 23 millones de dólares, pero los precios han bajado en los meses recientes por la fuerte caída internacional del petróleo.
De acuerdo con el contrato con YPFB Andina, la tarifa B, de operación en el pozo sin uso de barras de sondeo, disminuye la oferta a 25.300 dólares diarios.
La tarifa D (stand-by), sin personal en locación, es de 15.600 dólares por día. La E, por fuerza mayor, señala 18.200 dólares por día bajo las causales de la cláusula decimoctava, inexistente en el contrato original, que contiene sólo 12.
La F, por movilización y montaje del equipo de perforación y sus accesorios, se fijó en 120.000 dólares diarios.
La tarifa G, por desmovilización, establece 250.000 dólares y se refiere a que el taladro será llevado de la última locación hasta una base de YPFB-SIPSA como contratista.
La tarifa H, de 50.000 dólares al día, fue fijada para el desmontaje, transporte y montaje del equipo de un lugar a otro a menos de 15 metros. Y la última, por la misma tarea pero que considere menos de 15 kilómetros, fue establecida en 85.000 dólares diarios.
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres aseguró que, por las características del campo Víbora, éste no necesita una perforación profunda para su exploración, por lo tanto el equipo traído de Venezuela sobrepasa las necesidades operativas.
Sin embargo, precisó, es posible que el taladro sea utilizado en otros pozos, pero con costos más elevados.
YPFB-SIPSA tiene una deuda con PDVSA de 6,3 millones de dólares por el transporte marítimo de este equipo de perforación desde Venezuela hasta el puerto de Arica y por tierra hasta la provincia Cordillera, en Santa Cruz.
Aparecen más anomalías
La aprobación del financiamiento de 90 millones de dólares para la construcción de la planta separadora de líquidos, encargada al consorcio Catler- Uniservice, se hizo con la presentación de un simple perfil del proyecto del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez.
Así lo reveló ayer el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Javier Fernández, quien desde esa cartera de Estado debe buscar en el exterior el 50 por ciento restante para la obra porque el fideicomiso aprobado por el Gobierno sólo es de 45 millones de dólares.
Para obtener estos recursos, la autoridad recordó que se ha solicitado a la estatal petrolera que se le adjuntara el proyecto. “Lo que nos han entregado (los ejecutivos de YPFB) es un resumen, no conocemos el proyecto en su integridad, por lo que estamos solicitando nuevamente que nos adjunten el documento global; de tal manera que nosotros, con un documento concluido, es decir, completo, podríamos hacer las gestiones correspondientes”.
Agregó que en su momento se solicitó esa información a Ramírez porque es la única forma en la que los financiadores podrán evaluar la canalización de los recursos.
“No podemos acercarnos a los financiadores porque nos van a decir que les entreguemos el proyecto global”.
Abogado dice que Carrasco llegó a YPFB en la gestión de Aruquipa
Gary Peña, abogado defensor del ex gerente Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Rodrigo Carrasco, aseguró una vez más ayer que su cliente fue contratado por la estatal petrolera en virtud de su capacidad y conocimiento del área, por invitación formulada por la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
Esa repartición era conducida por Sabino Carme, persona de confianza del ex presidente de la estatal petrolera Guillermo Aruquipa y quien continuó en funciones cuando Santos Ramírez asumió la conducción de Yacimientos.
Carme fue quien cursó la invitación a Carrasco para que asumiera la mencionada gerencia y fue destituido por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Sabino Carme, ex colaborador de Aruquipa, montó en el interior de la empresa una estructura denominada MAS Petrol, que estaba formada, según denunció La Prensa el 14 de marzo de 2008, por militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y tuvo la responsabilidad de efectuar las designaciones en cargos jerárquicos en la estatal.
Con el visto de bueno de MAS Petrol, por ejemplo, fue designado como gerente de Finanzas el ex secretario ejecutivo del Sindicato de Choferes de Villa Victoria Édgar Trujillo, quien luego sería destituido.
Fiscalía ignoraba traslado del Rufo
Ni la Fiscalía de Homicidios ni Jorge Gutiérrez, abogado defensor de Rufino Rodríguez Coca, sabían que el viernes el acusado de ser autor material del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach sería trasladado al penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.
Sin embargo, una orden emitida por las magistradas Nuria González y Carolina Almaraz, del Tribunal Segundo de Sentencia de Cochabamba, instruyó que el “Rufo” fuese llevado a la capital cochabambina para ser procesado por el atraco a una remesa de la cervecería Taquiña el 19 de septiembre de 2006.
Ese Juzgado revocó la libertad condicional que había concedido al reo porque violó las condiciones bajo las cuales había quedado fuera del penal de El Abra. Como consecuencia de ello, Rodríguez Coca fue nuevamente internado en el recinto carcelario de máxima de seguridad de Cochabamba.
Sin embargo, el fiscal de Homicidios de La Paz, Luis Mamani, exteriorizó su extrañeza, y añadió: “Esperamos que el Director de Régimen Penitenciario rinda el informe sobre el tema. En caso de ser ilegal el traslado, nosotros interpondremos los recursos que nos franquea la ley para lograr su retorno al panóptico de San Pedro”.
Mamani aseguró que Rodríguez Coca será nuevamente conducido a La Paz cuando sea necesario, pues hay muchos actos pendientes dentro de la investigación por el asesinato del empresario.
Entre estos actos se cuenta la ampliatoria de declaración del acusado y un careo al que debía ser sometido junto con Luis Fernando Córdoba, a quien Rodríguez Coca acusó en su primera confesión de ser junto con su hermano Ernesto el autor intelectual del golpe que segó la vida de O’Connor D’Arlach y de apropiarse de 450.000 dólares, acciones que serán suspendidas indefinidamente.
El defensor del “Rufo” refirió que al dialogar con el juez Williams Dávila, quien dispuso la detención preventiva de su cliente, comprendió que éste se encuentra extrañado por el hecho. “Me reuní con el Gobernador del penal de San Pedro, quien me mostró los documentos que dieron lugar al traslado de mi defendido a Cochabamba. Con base en esos documentos solicitaré al juez Dávila que ordene su regreso a La Paz, porque su ida nos coarta el derecho a la defensa”.
Cronología de los hechos
Información recopilada por Hidrocarburos Bolivia.com establece que el taladro llegó a Bolivia en el marco del Acuerdo de Integración Energética entre Bolivia y Venezuela, firmado el 23 de enero de 2006 (inciso b del artÌculo 2) y ratificado en Bolivia por la Ley 3430 del 21 de junio de 2006.
El 20 de agosto de 2008, YPFB adquirió 218 de las 220 acciones de la empresa Full Industry S.A., dedicada a la fabricación y recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), dejó una acción a nombre de Lucy Barbery y otra para Nilda Domínguez, quienes son dos particulares.
En una Junta General extraordinaria de accionistas del 25 de agosto, Full Industry pasa
a denominarse YPFB Servicios e Industrias Petroleras S.A.
El 26 de agosto fue designado el primer directorio por un año.
La nueva sociedad fue inscrita en Fundempresa el 12 de septiembre con el número de registro 77066 del Libro N.º 09.
El 19 de septiembre se designa como gerente general a Rogelio Ashimine, ex viceministro de Transporte cuestionado por actos de corrupción, quien recibió la autorización para suscribir un contrato de recalificación de garrafas de 10 y 45 kg con YPFB por un monto de 1.892.000 dólares.
El 30 de octubre se suscribió en las oficinas de YPFB en Santa Cruz un acta en que se anunciaba el inicio del traspaso de acciones de Lucy Barbery y Nilda Domínguez en YPFB-SIPSA a YPFB Refinación y YPFB Transporte.
En la reunión, Ashimine propone la creación de una empresa mixta para operar el equipo de perforación entregado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Servicios desde Venezuela hasta campo Víbora.
El 12 de noviembre en las oficinas de PDVSA Bolivia S.A. en La Paz se analiza la opción de que YPFB ceda derechos y obligaciones a YPFB-SIPSA, toda vez que YPFB como tal no estaba
en condiciones de ejecutar el contrato de perforación con Andina S.A.
Mediante la licitación ANDI-GED-083/08, emitida por YPFB-Andina S.A., a YPFB-SIPSA se le adjudica el contrato de alquiler del taladro
PDV-08 para el campo Víbora.
La Gerencia y Presidencia del Directorio de Andina, ambas dirigidas por Mario Arenas, informan que dos empresas se excusaron en el proceso: Nabors Drilling y Helmerich Payne Pride, y otras dos, NLHD y Parker Drilling, rechazaron la licitación.
El contrato establece una duración de seis meses a partir del 16 de diciembre de 2008.
El contrato de alquiler del taladro PDV-08 contiene nueve tarifas bajo distintos conceptos.
El documento contractual publicado por HidrocarburosBolivia.com establece la tarifa C, “de stand-by con personal en locación” bajo el concepto, “se pagará (…) por cada día o fracción que permanezca el equipo y su personal en locación y en condiciones de reanudar tareas, en espera de órdenes, materiales, trabajos de otras Contratistas, que no sean de su responsabilidad”.
El contrato establece en su cláusula undécima que, mientras se eleve a instrumento público, tendrá validez como documento privado “con todos los efectos legales con el solo reconocimiento de sus firmas y rúbricas”.
Los firmantes son Mario Arenas Aguado, como representante legal de YPFB-Andina, y Rogelio Ashimine Oshiro, por YPFB-SIPSA. Su duración es de seis meses.
El equipo de perforación fue traído de Venezuela por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como parte del acuerdo binacional de cooperación energética y fue entregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a cambio de un alquiler de 12.500 dólares diarios.
Sin embargo, la petrolera estatal cedió la administración de la maquinaria a YPFB-SIPSA mediante una adenda, según se señala en la minuta de reunión entre representantes de PDVSA Servicios, YPFB y YPFB-SIPSA del 14 de noviembre de 2008.
La firma administradora fue intervenida el 31 de enero reciente por la nueva administración de YPFB bajo la presidencia de Carlos Villegas.
El 12 de febrero, la autoridad instruyó al entonces Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (hoy Ministerio) una auditoría técnico-legal a YPFB-SIPSA.
Una semana después, este Ministerio informó de un posible daño económico de 30 millones a 60 millones de dólares por el alquiler de este equipo a PDVSA. Además confirmó que existen reportes de que el equipo está en operación.
En un reportaje en la zona, El Deber constató que el taladro no inició la perforación en el campo petrolero.
El viernes pasado, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, afirmó que el único que puede decidir si YPFB-SIPSA continúa operando será el Directorio de YPFB.
El contrato además define otras ocho tarifas: la primera, la A, por 26.000 dólares diarios si el equipo empieza a operar con uso de barras de sondeo que proporcionará la firma contratista.
Fuentes del sector afirmaron a La Prensa que el arriendo de un taladro completo de este tipo depende de las características del proyecto para el que se lo requiere. Se debe tomar en cuenta el tipo de pozo, si pertenece a un campo con alta capacidad productiva, la profundidad que se quiere alcanzar en la perforación y el tiempo que necesitará ejecutar este proyecto.
Sin embargo, el precio diario varía entre 11.000 dólares, por un equipo pequeño con un alcance de 2.000 metros de profundidad, y 80.000 dólares, por una perforadora grande con capacidad de hasta de 6.000 metros.
Según reportes periodísticos, el taladro arribado a La Paz el 30 de julio de 2008 (PDV 08, de fabricación china) es del modelo ZTJ 70BB, tiene un peso de 1.500 toneladas, una potencia de 2.000 HP (horsess power o caballos de fuerza) y puede alcanzar una profundidad de 3.000 metros en la perforación.
El analista Hugo del Granado explicó que el costo promedio de compra de un taladro similar es de 23 millones de dólares, pero los precios han bajado en los meses recientes por la fuerte caída internacional del petróleo.
De acuerdo con el contrato con YPFB Andina, la tarifa B, de operación en el pozo sin uso de barras de sondeo, disminuye la oferta a 25.300 dólares diarios.
La tarifa D (stand-by), sin personal en locación, es de 15.600 dólares por día. La E, por fuerza mayor, señala 18.200 dólares por día bajo las causales de la cláusula decimoctava, inexistente en el contrato original, que contiene sólo 12.
La F, por movilización y montaje del equipo de perforación y sus accesorios, se fijó en 120.000 dólares diarios.
La tarifa G, por desmovilización, establece 250.000 dólares y se refiere a que el taladro será llevado de la última locación hasta una base de YPFB-SIPSA como contratista.
La tarifa H, de 50.000 dólares al día, fue fijada para el desmontaje, transporte y montaje del equipo de un lugar a otro a menos de 15 metros. Y la última, por la misma tarea pero que considere menos de 15 kilómetros, fue establecida en 85.000 dólares diarios.
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres aseguró que, por las características del campo Víbora, éste no necesita una perforación profunda para su exploración, por lo tanto el equipo traído de Venezuela sobrepasa las necesidades operativas.
Sin embargo, precisó, es posible que el taladro sea utilizado en otros pozos, pero con costos más elevados.
YPFB-SIPSA tiene una deuda con PDVSA de 6,3 millones de dólares por el transporte marítimo de este equipo de perforación desde Venezuela hasta el puerto de Arica y por tierra hasta la provincia Cordillera, en Santa Cruz.
Aparecen más anomalías
La aprobación del financiamiento de 90 millones de dólares para la construcción de la planta separadora de líquidos, encargada al consorcio Catler- Uniservice, se hizo con la presentación de un simple perfil del proyecto del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez.
Así lo reveló ayer el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Javier Fernández, quien desde esa cartera de Estado debe buscar en el exterior el 50 por ciento restante para la obra porque el fideicomiso aprobado por el Gobierno sólo es de 45 millones de dólares.
Para obtener estos recursos, la autoridad recordó que se ha solicitado a la estatal petrolera que se le adjuntara el proyecto. “Lo que nos han entregado (los ejecutivos de YPFB) es un resumen, no conocemos el proyecto en su integridad, por lo que estamos solicitando nuevamente que nos adjunten el documento global; de tal manera que nosotros, con un documento concluido, es decir, completo, podríamos hacer las gestiones correspondientes”.
Agregó que en su momento se solicitó esa información a Ramírez porque es la única forma en la que los financiadores podrán evaluar la canalización de los recursos.
“No podemos acercarnos a los financiadores porque nos van a decir que les entreguemos el proyecto global”.
Abogado dice que Carrasco llegó a YPFB en la gestión de Aruquipa
Gary Peña, abogado defensor del ex gerente Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Rodrigo Carrasco, aseguró una vez más ayer que su cliente fue contratado por la estatal petrolera en virtud de su capacidad y conocimiento del área, por invitación formulada por la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
Esa repartición era conducida por Sabino Carme, persona de confianza del ex presidente de la estatal petrolera Guillermo Aruquipa y quien continuó en funciones cuando Santos Ramírez asumió la conducción de Yacimientos.
Carme fue quien cursó la invitación a Carrasco para que asumiera la mencionada gerencia y fue destituido por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Sabino Carme, ex colaborador de Aruquipa, montó en el interior de la empresa una estructura denominada MAS Petrol, que estaba formada, según denunció La Prensa el 14 de marzo de 2008, por militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y tuvo la responsabilidad de efectuar las designaciones en cargos jerárquicos en la estatal.
Con el visto de bueno de MAS Petrol, por ejemplo, fue designado como gerente de Finanzas el ex secretario ejecutivo del Sindicato de Choferes de Villa Victoria Édgar Trujillo, quien luego sería destituido.
Fiscalía ignoraba traslado del Rufo
Ni la Fiscalía de Homicidios ni Jorge Gutiérrez, abogado defensor de Rufino Rodríguez Coca, sabían que el viernes el acusado de ser autor material del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach sería trasladado al penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.
Sin embargo, una orden emitida por las magistradas Nuria González y Carolina Almaraz, del Tribunal Segundo de Sentencia de Cochabamba, instruyó que el “Rufo” fuese llevado a la capital cochabambina para ser procesado por el atraco a una remesa de la cervecería Taquiña el 19 de septiembre de 2006.
Ese Juzgado revocó la libertad condicional que había concedido al reo porque violó las condiciones bajo las cuales había quedado fuera del penal de El Abra. Como consecuencia de ello, Rodríguez Coca fue nuevamente internado en el recinto carcelario de máxima de seguridad de Cochabamba.
Sin embargo, el fiscal de Homicidios de La Paz, Luis Mamani, exteriorizó su extrañeza, y añadió: “Esperamos que el Director de Régimen Penitenciario rinda el informe sobre el tema. En caso de ser ilegal el traslado, nosotros interpondremos los recursos que nos franquea la ley para lograr su retorno al panóptico de San Pedro”.
Mamani aseguró que Rodríguez Coca será nuevamente conducido a La Paz cuando sea necesario, pues hay muchos actos pendientes dentro de la investigación por el asesinato del empresario.
Entre estos actos se cuenta la ampliatoria de declaración del acusado y un careo al que debía ser sometido junto con Luis Fernando Córdoba, a quien Rodríguez Coca acusó en su primera confesión de ser junto con su hermano Ernesto el autor intelectual del golpe que segó la vida de O’Connor D’Arlach y de apropiarse de 450.000 dólares, acciones que serán suspendidas indefinidamente.
El defensor del “Rufo” refirió que al dialogar con el juez Williams Dávila, quien dispuso la detención preventiva de su cliente, comprendió que éste se encuentra extrañado por el hecho. “Me reuní con el Gobernador del penal de San Pedro, quien me mostró los documentos que dieron lugar al traslado de mi defendido a Cochabamba. Con base en esos documentos solicitaré al juez Dávila que ordene su regreso a La Paz, porque su ida nos coarta el derecho a la defensa”.
Cronología de los hechos
Información recopilada por Hidrocarburos Bolivia.com establece que el taladro llegó a Bolivia en el marco del Acuerdo de Integración Energética entre Bolivia y Venezuela, firmado el 23 de enero de 2006 (inciso b del artÌculo 2) y ratificado en Bolivia por la Ley 3430 del 21 de junio de 2006.
El 20 de agosto de 2008, YPFB adquirió 218 de las 220 acciones de la empresa Full Industry S.A., dedicada a la fabricación y recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), dejó una acción a nombre de Lucy Barbery y otra para Nilda Domínguez, quienes son dos particulares.
En una Junta General extraordinaria de accionistas del 25 de agosto, Full Industry pasa
a denominarse YPFB Servicios e Industrias Petroleras S.A.
El 26 de agosto fue designado el primer directorio por un año.
La nueva sociedad fue inscrita en Fundempresa el 12 de septiembre con el número de registro 77066 del Libro N.º 09.
El 19 de septiembre se designa como gerente general a Rogelio Ashimine, ex viceministro de Transporte cuestionado por actos de corrupción, quien recibió la autorización para suscribir un contrato de recalificación de garrafas de 10 y 45 kg con YPFB por un monto de 1.892.000 dólares.
El 30 de octubre se suscribió en las oficinas de YPFB en Santa Cruz un acta en que se anunciaba el inicio del traspaso de acciones de Lucy Barbery y Nilda Domínguez en YPFB-SIPSA a YPFB Refinación y YPFB Transporte.
En la reunión, Ashimine propone la creación de una empresa mixta para operar el equipo de perforación entregado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Servicios desde Venezuela hasta campo Víbora.
El 12 de noviembre en las oficinas de PDVSA Bolivia S.A. en La Paz se analiza la opción de que YPFB ceda derechos y obligaciones a YPFB-SIPSA, toda vez que YPFB como tal no estaba
en condiciones de ejecutar el contrato de perforación con Andina S.A.
Mediante la licitación ANDI-GED-083/08, emitida por YPFB-Andina S.A., a YPFB-SIPSA se le adjudica el contrato de alquiler del taladro
PDV-08 para el campo Víbora.
La Gerencia y Presidencia del Directorio de Andina, ambas dirigidas por Mario Arenas, informan que dos empresas se excusaron en el proceso: Nabors Drilling y Helmerich Payne Pride, y otras dos, NLHD y Parker Drilling, rechazaron la licitación.
El contrato establece una duración de seis meses a partir del 16 de diciembre de 2008.
El contrato de alquiler del taladro PDV-08 contiene nueve tarifas bajo distintos conceptos.
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ResponderEliminarEl Artículo original menciona a HidrocarburosBolivia.com y el artículo que copiaste y pegaste de El Deber menciona a
ResponderEliminarHidrocarburos(espacio)Bolivia.com
¿RARO NO?
En La Prensa tienen el mismo error.
saludos