Un costo de 11,3 millones de dólares es el precio estimado que YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) cobraría a YPFB-Andina S.A. por el alquiler del equipo PDV-08 para la perforación de los pozos 34D y 35H del Campo Víbora.
SIPSA se conformó como una sociedad anónima de tres socios: Santos Ramírez Valverde, como representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el 99 por ciento de las acciones, y dos particulares, Lucy Barbery y Nylda Domínguez.
Tras el escándalo de corrupción que rodeó al contrato irregular entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice para la instalación de una planta de separación de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz, siguió el descubrimiento de esta firma. El costo de 11,3 millones de dólares se encuentra en el Contrato de Servicios de Alquiler de un Equipo de Perforación y Completación para el Área Víbora ANDI 070/08, del 16 de diciembre de 2008, en el Anexo 3 referente al Alcance del Servicio.
Además programa su ejecución en 52 días para el primer caso y 68 para el segundo, tiempo sobrepasado desde la firma del documento contractual.
Para el pozo 34D se calculó un costo total de 5.335.000 dólares. Y el pozo 35H demandaría 6.058.100 dólares, la perforación tendría una duración de 16 días más que el primero.
De acuerdo con los términos generales del contrato, el incumplimiento en el inicio, la ejecución y la conclusión de las obligaciones adquiridas serán pasibles a multas automáticas que van desde los 500 dólares o el 0,5 por ciento del costo diario.
Las tarifas fijadas por ambas empresas, en el caso de que el taladro empiece a operar, es de 26.000 dólares por día y en stand by o en espera de una orden para empezar la perforación de 18.200 dólares diarios.
El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción hizo una auditoría técnico-legal porque había irregularidades en su constitución y deudas en sus finanzas. La investigación concluyó que existía un posible daño económico al Estado de 60,7 millones de dólares.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, presentó una querella ante el Ministerio Público en contra de Ramírez por las irregularidades cometidas en la creación de la firma.
Más datos
YPFB compró las acciones en 216.000 dólares para conformar YPFB-SIPSA.
SIPSA se conformó como una sociedad anónima de tres socios: Santos Ramírez Valverde, como representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el 99 por ciento de las acciones, y dos particulares, Lucy Barbery y Nylda Domínguez.
Tras el escándalo de corrupción que rodeó al contrato irregular entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice para la instalación de una planta de separación de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz, siguió el descubrimiento de esta firma. El costo de 11,3 millones de dólares se encuentra en el Contrato de Servicios de Alquiler de un Equipo de Perforación y Completación para el Área Víbora ANDI 070/08, del 16 de diciembre de 2008, en el Anexo 3 referente al Alcance del Servicio.
Además programa su ejecución en 52 días para el primer caso y 68 para el segundo, tiempo sobrepasado desde la firma del documento contractual.
Para el pozo 34D se calculó un costo total de 5.335.000 dólares. Y el pozo 35H demandaría 6.058.100 dólares, la perforación tendría una duración de 16 días más que el primero.
De acuerdo con los términos generales del contrato, el incumplimiento en el inicio, la ejecución y la conclusión de las obligaciones adquiridas serán pasibles a multas automáticas que van desde los 500 dólares o el 0,5 por ciento del costo diario.
Las tarifas fijadas por ambas empresas, en el caso de que el taladro empiece a operar, es de 26.000 dólares por día y en stand by o en espera de una orden para empezar la perforación de 18.200 dólares diarios.
El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción hizo una auditoría técnico-legal porque había irregularidades en su constitución y deudas en sus finanzas. La investigación concluyó que existía un posible daño económico al Estado de 60,7 millones de dólares.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, presentó una querella ante el Ministerio Público en contra de Ramírez por las irregularidades cometidas en la creación de la firma.
Más datos
YPFB compró las acciones en 216.000 dólares para conformar YPFB-SIPSA.
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