YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), empresa creada por Santos Ramírez, desaparecerá a causa de las irregularidades constatadas en su constitución, hace seis meses y 15 días, y en dos contratos firmados. La Fiscalía no encuentra al Gerente de esta firma, quien, se sospecha, se encuentra en la clandestinidad.
Así lo confirmó ayer el actual presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas Quiroga. “Así es, SIPSA desaparece”, declaración vertida en su segunda conferencia informativa luego de la intervención en YPFB el 31 de enero de este año.
La autoridad explicó que después de la investigación a esta firma se llegó a la conclusión de que es una empresa ilegal, que tiene un sinnúmero de “irregularidades y anomalías”.
El 14 de febrero, La Prensa reveló que la empresa suscribió un contrato con YPFB por 1,8 millones de dólares para la recalificación o reacondicionamiento de garrafas.
La auditoría técnico-legal realizada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción encontró anomalías en su constitución y un posible daño económico al Estado de 60,7 millones de dólares ocasionado por la firma de dos contratos, la compra de las acciones a los propietarios de Full Industry y los elevados salarios de sus ejecutivos, que superaban los 23.000 bolivianos.
La Prensa reveló ayer que el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, emitió la Resolución 0895, que favorece a SIPSA con el alza de precios para la recalificación hasta en un 68,1 por ciento.
El fiscal Erwin Sarmiento confirmó que el Ministerio Público cambió la situación del funcionario de “testigo” a “sospechoso” por haber aprobado esta norma, por lo cual la próxima semana prestará sus declaraciones.
El segundo contrato fue firmado por el representante legal de YPFB Andina S.A., Mario Arenas Aguado, y el gerente general de YPFB-SIPSA, Rogelio Ashimine Oshiro, el 16 de diciembre de 2008. Esto por el alquiler y servicio de perforación en los pozos 34D y 35H del campo Víbora, en la provincia cruceña Cordillera.
De acuerdo con el documento, existían al menos nueve tarifas, una de 26.000 dólares cuando el equipo estuviese en operación y otra de 18.200 dólares, en stand by, es decir, por estar en el lugar en espera de orden de inicio de actividad.
Villegas aseveró que sobre esta obligación la posición inicial es que otra empresa asuma el compromiso contractual con Andina. La definición aún se analiza.
YPFB-SIPSA también tenía una planilla salarial elevada, en la que el gerente Ashimine figura con un salario de 23.500 bolivianos; el gerente de Operaciones, Alfonso Arias Anaya, con 22.500 bolivianos, y otros funcionarios con 13.000 bolivianos.
Además, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, observó que YPFB pudo haber pagado 216.000 dólares por las acciones adquiridas, contrariamente a lo dicho por la ex propietaria Lucy Barberí.
YPFB-SIPSA tenía acuerdos con otras empresas de servicios. Según Villegas, éstos también quedan nulos al ser ilegales “porque ni siquiera hay contratos”.
Las otras irregularidades surgen de su constitución, esto porque nació sobre la base de Full Industry, una firma dedicada a la fabricación y recalificación de garrafas y a punto de quebrar.
El 25 de agosto de 2008, Ramírez compró las 220 acciones de esa empresa a nombre de YPFB, de las que se hizo con 218 y puso una a nombre de Lucy Barberí y otra al de Nilda Domínguez. Ambas fueron socias de la recalificadora vendida.
Barberí explicó a La Prensa que los representantes de YPFB le pidieron que asumiera este rol nominalmente y que duraría poco tiempo. El objetivo era formar una sociedad anónima.
Según expertos del área, YPFB no podía formar parte de este tipo de empresas porque son de carácter privado y quedan fuera del control de la Ley Safco. Además se observó que no tenía una norma legal de respaldo para su creación, que debía ser un decreto o una ley.
Misael Gemio era el presidente y Esther Carmona la vicepresidenta del Directorio, ambos acusados por la Fiscalía. Todas estas causas desembocaron en que Villegas presentara una querella por la creación de esa empresa; entre los acusados figura Santos Ramírez.
Buscado
Dentro de la investigación que conduce el Ministerio Público sobre SIPSA, el fiscal Sarmiento informó que no se descarta la posibilidad de que Ashimine esté en la clandestinidad, porque no fue encontrado en el allanamiento a las oficinas en Santa Cruz y a otros dos domicilios.
El primero de éstos fue vendido hace cuatro años, y el segundo, hace cuatro meses. El acusado tampoco se presentó ante la Fiscalía para asumir defensa. Ashimine fue destituido de Obras Públicas en 2006.
El taladro pertenece a PDVSA
El equipo de perforación PDV 08 de procedencia venezolana es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. Servicios (PDVSA) y fue cedido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un costo de alquiler preferencial. Se espera que opere en unas semanas.
El presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, no precisó el costo del arriendo, pero dijo que fue para que la estatal petrolera lo pueda utilizar en actividades propias. Aseguró que el equipo “es nuevo y flamante”, contrariamente a las versiones de que era un equipo usado.
El PDV 08 llegó al país el 30 de julio de 2008 y fue trasladado al campo Víbora, en Santa Cruz, para la perforación de los campos 34D y 35H. En diciembre pasado, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez Valverde cedió la administración de la maquinaria a YPFB-Servicios e Industrias petroleras S.A., que firmó un contrato con YPFB-Andina para alquilarle el equipo. Villegas informó que se buscará otra empresa que asuma este contrato.
En un acta de reunión entre PDVSA, YPFB y YPFB-SIPSA, durante la gestión de Ramírez, se buscó un acuerdo para constituir una sociedad entre PDVSA Servicios y YPFB-SIPSA para administrar este equipo, sin embargo Villegas informó que no existe tal empresa.
En el campo Víbora se encuentra en la actualidad personal de nacionalidades china y venezolana para garantizar el funcionamiento del taladro. De esos empleados quedarán sólo los necesarios para cuidar el equipo y ponerlo en funcionamiento.
Fortaleza rechazó a Catler
El Grupo Financiero Fortaleza rechazó trabajar con Catler-Uniservice para otorgarle una garantía de seriedad de propuesta por ocho millones de dólares debido a la falta de respaldo y experiencia del consorcio para encarar un proyecto de la naturaleza de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
El gerente general de Fortaleza, Nelson Hinojosa, señaló que una vez que al consorcio se le hubo adjudicado el proyecto solicitaron que se les extendiera la boleta, pero luego del análisis se determinó que la propuesta no se enmarcaba en las políticas del grupo.
“La propuesta no se enmarcaba en políticas autorizadas por el Directorio, las garantías no satisfacían, no había experiencia y hubo cambios, porque para obtener el proyecto se presentó un grupo y se adjudica (la obra) a otro”.
A Fortaleza le interesa ver si el proponente tiene la experiencia para realizar las obras, si cuenta con las garantías para solucionar potenciales problemas y si el proyecto es el original. Hinojosa cree que, descubiertas ya irregularidades en YPFB desde enero, el Grupo Fortaleza tomó una buena decisión.
Estatal inicia reestructuración
La reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contará con el apoyo de Noruega, Canadá y Holanda y de los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM), que se reunirán la próxima semana para diagnosticar a la compañía.
El presidente de la estatal, Carlos Villegas, aseguró que se despolitizará a la empresa, que aún funciona con normalidad a pesar de los hechos de corrupción surgidos por el manejo de la anterior gestión, presidida por Santos Ramírez Valverde.
Explicó que, de los 1.436 funcionarios recibidos al 31 de enero, hasta el 15 de marzo se redujo a 960, pero la petrolera requerirá 800 empleados. Por lo tanto, “vamos a continuar haciendo los ajustes”.
El plan abarca un “diagnóstico integral” de la empresa, la elaboración de un plan de desarrollo empresarial para los próximos diez años. Las referencias de gestión empresarial serán “las aplicadas en empresas exitosas de la región, de América Latina y del mundo”.Se definirá el diseño para la casa matriz y las empresas subsidiarias de YPFB.
Carta de crédito viola una ley
La apertura de la carta de crédito para la empresa estadounidense Gulsby Process System con garantía de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) violó la Ley de Inversiones, porque el Estado no puede otorgar este tipo de garantías a una compañía con la que no tiene un acuerdo contractual.
La explicación fue otorgada por el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas: “Hemos detectado en la evaluación y en la investigación que hemos realizado que hay una orden de apertura de una carta de crédito por parte de YPFB a favor de Gulsby a nombre de Catler (Uniservice), es una carta de garantía irrevocable de 35 millones (de dólares); éste es un hecho y una decisión que viola el artículo 15 de la Ley de Inversiones”.
Recalcó que el Estado no puede emitir una carta de crédito irrevocable. “Por lo tanto aquí hay una irregularidad”. Pese a ello, YPFB negocia con la firma para que concluya la planta separadora de líquidos y le garantiza seguridad jurídica.
Villegas compareció ayer ante la Fiscalía para que aclare la solicitud de renovación de la póliza de garantía a Catler-Uniservice que, según su explicación, sólo fue por un trámite administrativo.
La carta de crédito salió del fideicomiso de 45 millones de dólares de YPFB para la instalación de una planta de extracción de gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) que debió instalarse en Río Grande, en Santa Cruz. El proyecto fue adjudicado a la sociedad accidental Catler-Uniservice por un costo de 86,3 millones de dólares. Esta firma subcontrató a Gulsby, y no YPFB como correspondía.
En una entrevista con La Prensa, la gerente general del Banco Unión S.A., Marcia Villarroel, que actúa como fiduciario (administrador) del fideicomiso, afirmó que cualquiera de las dos empresas que forman parte del contrato podía abrir la carta de crédito, sea la estatal petrolera o la sociedad privada.
A pesar de esto, Villegas dijo que la intención del Gobierno es salvar el proyecto de la planta, por eso iniciaron un proceso de auditoría técnica y de capacidad a las empresas subcontratadas por Catler-Uniservice que fabrican las piezas. Añadió que no hay ingeniería del proyecto, ni la gerencia y tampoco existe una supervisora de obra, funciones que serán conseguidas a través de convocatorias públicas.
Arce da por cerrado el fideicomiso
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, cerró la discusión sobre la constitución del fideicomiso del que es el fideicomitente (el que pone el dinero). “No vamos a establecer más criterios, está suficientemente discutido y esclarecida la participación de nuestro Ministerio”.
Antecedentes
La firma YPFB- SIPSA fue creada por el ex presidente de la estatal Santos Ramírez.
Su gerente Rogelio Ashimine percibía un salario de 23.500 bolivianos, más que Evo Morales.
YPFB se querelló por la creación de esta empresa contra Santos Ramírez.
La Fiscalía inició una investigación particular sobre esa entidad creada en septiembre de 2008.
Su Directorio estaba presidido por Misael Gemio y María Esther Carmona, amigos de Ramírez.
El Ministerio de Transparencia halló un daño económico de 60 millones de dólares.
Así lo confirmó ayer el actual presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas Quiroga. “Así es, SIPSA desaparece”, declaración vertida en su segunda conferencia informativa luego de la intervención en YPFB el 31 de enero de este año.
La autoridad explicó que después de la investigación a esta firma se llegó a la conclusión de que es una empresa ilegal, que tiene un sinnúmero de “irregularidades y anomalías”.
El 14 de febrero, La Prensa reveló que la empresa suscribió un contrato con YPFB por 1,8 millones de dólares para la recalificación o reacondicionamiento de garrafas.
La auditoría técnico-legal realizada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción encontró anomalías en su constitución y un posible daño económico al Estado de 60,7 millones de dólares ocasionado por la firma de dos contratos, la compra de las acciones a los propietarios de Full Industry y los elevados salarios de sus ejecutivos, que superaban los 23.000 bolivianos.
La Prensa reveló ayer que el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, emitió la Resolución 0895, que favorece a SIPSA con el alza de precios para la recalificación hasta en un 68,1 por ciento.
El fiscal Erwin Sarmiento confirmó que el Ministerio Público cambió la situación del funcionario de “testigo” a “sospechoso” por haber aprobado esta norma, por lo cual la próxima semana prestará sus declaraciones.
El segundo contrato fue firmado por el representante legal de YPFB Andina S.A., Mario Arenas Aguado, y el gerente general de YPFB-SIPSA, Rogelio Ashimine Oshiro, el 16 de diciembre de 2008. Esto por el alquiler y servicio de perforación en los pozos 34D y 35H del campo Víbora, en la provincia cruceña Cordillera.
De acuerdo con el documento, existían al menos nueve tarifas, una de 26.000 dólares cuando el equipo estuviese en operación y otra de 18.200 dólares, en stand by, es decir, por estar en el lugar en espera de orden de inicio de actividad.
Villegas aseveró que sobre esta obligación la posición inicial es que otra empresa asuma el compromiso contractual con Andina. La definición aún se analiza.
YPFB-SIPSA también tenía una planilla salarial elevada, en la que el gerente Ashimine figura con un salario de 23.500 bolivianos; el gerente de Operaciones, Alfonso Arias Anaya, con 22.500 bolivianos, y otros funcionarios con 13.000 bolivianos.
Además, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, observó que YPFB pudo haber pagado 216.000 dólares por las acciones adquiridas, contrariamente a lo dicho por la ex propietaria Lucy Barberí.
YPFB-SIPSA tenía acuerdos con otras empresas de servicios. Según Villegas, éstos también quedan nulos al ser ilegales “porque ni siquiera hay contratos”.
Las otras irregularidades surgen de su constitución, esto porque nació sobre la base de Full Industry, una firma dedicada a la fabricación y recalificación de garrafas y a punto de quebrar.
El 25 de agosto de 2008, Ramírez compró las 220 acciones de esa empresa a nombre de YPFB, de las que se hizo con 218 y puso una a nombre de Lucy Barberí y otra al de Nilda Domínguez. Ambas fueron socias de la recalificadora vendida.
Barberí explicó a La Prensa que los representantes de YPFB le pidieron que asumiera este rol nominalmente y que duraría poco tiempo. El objetivo era formar una sociedad anónima.
Según expertos del área, YPFB no podía formar parte de este tipo de empresas porque son de carácter privado y quedan fuera del control de la Ley Safco. Además se observó que no tenía una norma legal de respaldo para su creación, que debía ser un decreto o una ley.
Misael Gemio era el presidente y Esther Carmona la vicepresidenta del Directorio, ambos acusados por la Fiscalía. Todas estas causas desembocaron en que Villegas presentara una querella por la creación de esa empresa; entre los acusados figura Santos Ramírez.
Buscado
Dentro de la investigación que conduce el Ministerio Público sobre SIPSA, el fiscal Sarmiento informó que no se descarta la posibilidad de que Ashimine esté en la clandestinidad, porque no fue encontrado en el allanamiento a las oficinas en Santa Cruz y a otros dos domicilios.
El primero de éstos fue vendido hace cuatro años, y el segundo, hace cuatro meses. El acusado tampoco se presentó ante la Fiscalía para asumir defensa. Ashimine fue destituido de Obras Públicas en 2006.
El taladro pertenece a PDVSA
El equipo de perforación PDV 08 de procedencia venezolana es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. Servicios (PDVSA) y fue cedido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un costo de alquiler preferencial. Se espera que opere en unas semanas.
El presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, no precisó el costo del arriendo, pero dijo que fue para que la estatal petrolera lo pueda utilizar en actividades propias. Aseguró que el equipo “es nuevo y flamante”, contrariamente a las versiones de que era un equipo usado.
El PDV 08 llegó al país el 30 de julio de 2008 y fue trasladado al campo Víbora, en Santa Cruz, para la perforación de los campos 34D y 35H. En diciembre pasado, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez Valverde cedió la administración de la maquinaria a YPFB-Servicios e Industrias petroleras S.A., que firmó un contrato con YPFB-Andina para alquilarle el equipo. Villegas informó que se buscará otra empresa que asuma este contrato.
En un acta de reunión entre PDVSA, YPFB y YPFB-SIPSA, durante la gestión de Ramírez, se buscó un acuerdo para constituir una sociedad entre PDVSA Servicios y YPFB-SIPSA para administrar este equipo, sin embargo Villegas informó que no existe tal empresa.
En el campo Víbora se encuentra en la actualidad personal de nacionalidades china y venezolana para garantizar el funcionamiento del taladro. De esos empleados quedarán sólo los necesarios para cuidar el equipo y ponerlo en funcionamiento.
Fortaleza rechazó a Catler
El Grupo Financiero Fortaleza rechazó trabajar con Catler-Uniservice para otorgarle una garantía de seriedad de propuesta por ocho millones de dólares debido a la falta de respaldo y experiencia del consorcio para encarar un proyecto de la naturaleza de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
El gerente general de Fortaleza, Nelson Hinojosa, señaló que una vez que al consorcio se le hubo adjudicado el proyecto solicitaron que se les extendiera la boleta, pero luego del análisis se determinó que la propuesta no se enmarcaba en las políticas del grupo.
“La propuesta no se enmarcaba en políticas autorizadas por el Directorio, las garantías no satisfacían, no había experiencia y hubo cambios, porque para obtener el proyecto se presentó un grupo y se adjudica (la obra) a otro”.
A Fortaleza le interesa ver si el proponente tiene la experiencia para realizar las obras, si cuenta con las garantías para solucionar potenciales problemas y si el proyecto es el original. Hinojosa cree que, descubiertas ya irregularidades en YPFB desde enero, el Grupo Fortaleza tomó una buena decisión.
Estatal inicia reestructuración
La reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contará con el apoyo de Noruega, Canadá y Holanda y de los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM), que se reunirán la próxima semana para diagnosticar a la compañía.
El presidente de la estatal, Carlos Villegas, aseguró que se despolitizará a la empresa, que aún funciona con normalidad a pesar de los hechos de corrupción surgidos por el manejo de la anterior gestión, presidida por Santos Ramírez Valverde.
Explicó que, de los 1.436 funcionarios recibidos al 31 de enero, hasta el 15 de marzo se redujo a 960, pero la petrolera requerirá 800 empleados. Por lo tanto, “vamos a continuar haciendo los ajustes”.
El plan abarca un “diagnóstico integral” de la empresa, la elaboración de un plan de desarrollo empresarial para los próximos diez años. Las referencias de gestión empresarial serán “las aplicadas en empresas exitosas de la región, de América Latina y del mundo”.Se definirá el diseño para la casa matriz y las empresas subsidiarias de YPFB.
Carta de crédito viola una ley
La apertura de la carta de crédito para la empresa estadounidense Gulsby Process System con garantía de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) violó la Ley de Inversiones, porque el Estado no puede otorgar este tipo de garantías a una compañía con la que no tiene un acuerdo contractual.
La explicación fue otorgada por el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas: “Hemos detectado en la evaluación y en la investigación que hemos realizado que hay una orden de apertura de una carta de crédito por parte de YPFB a favor de Gulsby a nombre de Catler (Uniservice), es una carta de garantía irrevocable de 35 millones (de dólares); éste es un hecho y una decisión que viola el artículo 15 de la Ley de Inversiones”.
Recalcó que el Estado no puede emitir una carta de crédito irrevocable. “Por lo tanto aquí hay una irregularidad”. Pese a ello, YPFB negocia con la firma para que concluya la planta separadora de líquidos y le garantiza seguridad jurídica.
Villegas compareció ayer ante la Fiscalía para que aclare la solicitud de renovación de la póliza de garantía a Catler-Uniservice que, según su explicación, sólo fue por un trámite administrativo.
La carta de crédito salió del fideicomiso de 45 millones de dólares de YPFB para la instalación de una planta de extracción de gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) que debió instalarse en Río Grande, en Santa Cruz. El proyecto fue adjudicado a la sociedad accidental Catler-Uniservice por un costo de 86,3 millones de dólares. Esta firma subcontrató a Gulsby, y no YPFB como correspondía.
En una entrevista con La Prensa, la gerente general del Banco Unión S.A., Marcia Villarroel, que actúa como fiduciario (administrador) del fideicomiso, afirmó que cualquiera de las dos empresas que forman parte del contrato podía abrir la carta de crédito, sea la estatal petrolera o la sociedad privada.
A pesar de esto, Villegas dijo que la intención del Gobierno es salvar el proyecto de la planta, por eso iniciaron un proceso de auditoría técnica y de capacidad a las empresas subcontratadas por Catler-Uniservice que fabrican las piezas. Añadió que no hay ingeniería del proyecto, ni la gerencia y tampoco existe una supervisora de obra, funciones que serán conseguidas a través de convocatorias públicas.
Arce da por cerrado el fideicomiso
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, cerró la discusión sobre la constitución del fideicomiso del que es el fideicomitente (el que pone el dinero). “No vamos a establecer más criterios, está suficientemente discutido y esclarecida la participación de nuestro Ministerio”.
Antecedentes
La firma YPFB- SIPSA fue creada por el ex presidente de la estatal Santos Ramírez.
Su gerente Rogelio Ashimine percibía un salario de 23.500 bolivianos, más que Evo Morales.
YPFB se querelló por la creación de esta empresa contra Santos Ramírez.
La Fiscalía inició una investigación particular sobre esa entidad creada en septiembre de 2008.
Su Directorio estaba presidido por Misael Gemio y María Esther Carmona, amigos de Ramírez.
El Ministerio de Transparencia halló un daño económico de 60 millones de dólares.
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