La Superintendencia de Hidrocarburos controla de forma periódica la distribución de combustibles en las gasolineras de las ciudades de La Paz y El Alto mediante técnicos de la Oficina de Defensa de Consumidor (Odeco), entidad que vigila también que estos puntos de distribución cumplan con todas las normas establecidas.
Estos controles se los realiza con el objetivo de que los usuarios, conductores de movilidades públicas o privadas tengan la garantía de que compran la cantidad de combustible que requieren y no sean víctimas de engaños.
Pero no sólo el control es hacia los trabajadores de las estaciones de servicio, sino también a los usuarios, sobre todo a los del transporte público que por lo general cargan combustible a sus movilidades con pasajeros a bordo de las mismas, hecho que está completamente prohibido.
En caso de verificar irregularidades de cualquier tipo, la entidad reguladora ejecuta sanciones con multas económicas por incumplimiento.
EL DIARIO participó de una inspección en distintas distribuidoras de combustibles de la ciudad de La Paz en las que el encargado de Odeco, Agustín Galarza, realizó el control riguroso en la distribución de combustible.
Para hacer estos controles la entidad reguladora utiliza los “serafines” equipo específicamente diseñado para realizar la medición de la cantidad exacta del combustible.
Este control es efectuado en todas las mangueras que tiene una isla de carga que son los lugares donde se estacionan las movilidades para abastecerse de combustible.
Estas islas tienen la función de atender el requerimiento de las movilidades en ambos lados de los medidores de combustible.
El “serafín” es un contenedor especial que en su interior almacena 20 litros de combustible, tiene una boquilla larga en la que está instalada un medidor milimétrico, semejante a la romana tradicional.
Este medidor especifica con claridad si la cantidad de combustible sobrepasa más o menos de los mililitros aceptados.
Por cada veinte litros despachados ya sea de gasolina, diesel o gasolina especial el déficit o excedente no puede pasar más de cien mililitros que es la tolerancia máxima.
Para hacer este control se hacen dos pruebas, una referencial para que el “serafín” se adapte a la temperatura que tiene el combustible en los tanques de reservas.
En caso de que sobrepase esta cantidad, la estación de servicio es sancionada por la Superintendencia de Hidrocarburos por vender menos combustible.
Tras un proceso de verificación que lleva adelante la entidad reguladora, se somete a una multa equivalente a 30 días de comisión, es decir, la ganancia de toda la venta del mes.
“Si ellos (los de las gasolineras) venden en cantidades menores a lo que dice el reglamento, entonces, la sanción es de 30 días de su comisión que son alrededor de 100 mil bolivianos”, explicó Galarza.
Para evitar este tipo de sanciones, las estaciones de combustible o las “gasolineras” deben hacer una autoinspección a sus mangueras con los medidores serafines que son regulados por el Instituto Boliviano de Metrología (Inmetro), entidad que es encargada de ajustar el medidor.
Condiciones de seguridad
Las estaciones de servicio deben cumplir mínimas condiciones de seguridad que controla la Superintendencia de Hidrocarburos como por ejemplo que todos los dispensadores tiene que tener sus válvulas de seguridad y de corte inmediato.
Cada isla tiene que contar también con extintores en caso de incendio. De la misma manera el uso del teléfono celular está prohibido a momento de comprar combustible ya que este aparato produce corriente estática.
Se debe evitar también el uso de prendas de vestir con material sintético como poliester, especialmente los conductores de movilidades que las abastecen de combustible.
Y una de las principales recomendaciones es que las movilidades públicas no se abastezcan de combustible cuando están en servicio y transportando pasajeros.
Sin embargo, es casi común ver en las distribuidoras de combustible a movilidades públicas con personas cargando combustible, lo que este hecho es sancionado con el cobro de tres días de comisión a cargo de la Superintendencia de Hidrocarburos.
De acuerdo al representante de Odeco, Agustín Galarza, en las ciudades de La Paz y El Alto es donde se ve este problema con frecuencia, no así en las otras ciudades del país, porque los transportistas de esta región objetan una y mil excusas a momento de cargar combustible a sus vehículos cuando llevan pasajeros, sin embargo, la norma esta vigente.
Estos controles se los realiza con el objetivo de que los usuarios, conductores de movilidades públicas o privadas tengan la garantía de que compran la cantidad de combustible que requieren y no sean víctimas de engaños.
Pero no sólo el control es hacia los trabajadores de las estaciones de servicio, sino también a los usuarios, sobre todo a los del transporte público que por lo general cargan combustible a sus movilidades con pasajeros a bordo de las mismas, hecho que está completamente prohibido.
En caso de verificar irregularidades de cualquier tipo, la entidad reguladora ejecuta sanciones con multas económicas por incumplimiento.
EL DIARIO participó de una inspección en distintas distribuidoras de combustibles de la ciudad de La Paz en las que el encargado de Odeco, Agustín Galarza, realizó el control riguroso en la distribución de combustible.
Para hacer estos controles la entidad reguladora utiliza los “serafines” equipo específicamente diseñado para realizar la medición de la cantidad exacta del combustible.
Este control es efectuado en todas las mangueras que tiene una isla de carga que son los lugares donde se estacionan las movilidades para abastecerse de combustible.
Estas islas tienen la función de atender el requerimiento de las movilidades en ambos lados de los medidores de combustible.
El “serafín” es un contenedor especial que en su interior almacena 20 litros de combustible, tiene una boquilla larga en la que está instalada un medidor milimétrico, semejante a la romana tradicional.
Este medidor especifica con claridad si la cantidad de combustible sobrepasa más o menos de los mililitros aceptados.
Por cada veinte litros despachados ya sea de gasolina, diesel o gasolina especial el déficit o excedente no puede pasar más de cien mililitros que es la tolerancia máxima.
Para hacer este control se hacen dos pruebas, una referencial para que el “serafín” se adapte a la temperatura que tiene el combustible en los tanques de reservas.
En caso de que sobrepase esta cantidad, la estación de servicio es sancionada por la Superintendencia de Hidrocarburos por vender menos combustible.
Tras un proceso de verificación que lleva adelante la entidad reguladora, se somete a una multa equivalente a 30 días de comisión, es decir, la ganancia de toda la venta del mes.
“Si ellos (los de las gasolineras) venden en cantidades menores a lo que dice el reglamento, entonces, la sanción es de 30 días de su comisión que son alrededor de 100 mil bolivianos”, explicó Galarza.
Para evitar este tipo de sanciones, las estaciones de combustible o las “gasolineras” deben hacer una autoinspección a sus mangueras con los medidores serafines que son regulados por el Instituto Boliviano de Metrología (Inmetro), entidad que es encargada de ajustar el medidor.
Condiciones de seguridad
Las estaciones de servicio deben cumplir mínimas condiciones de seguridad que controla la Superintendencia de Hidrocarburos como por ejemplo que todos los dispensadores tiene que tener sus válvulas de seguridad y de corte inmediato.
Cada isla tiene que contar también con extintores en caso de incendio. De la misma manera el uso del teléfono celular está prohibido a momento de comprar combustible ya que este aparato produce corriente estática.
Se debe evitar también el uso de prendas de vestir con material sintético como poliester, especialmente los conductores de movilidades que las abastecen de combustible.
Y una de las principales recomendaciones es que las movilidades públicas no se abastezcan de combustible cuando están en servicio y transportando pasajeros.
Sin embargo, es casi común ver en las distribuidoras de combustible a movilidades públicas con personas cargando combustible, lo que este hecho es sancionado con el cobro de tres días de comisión a cargo de la Superintendencia de Hidrocarburos.
De acuerdo al representante de Odeco, Agustín Galarza, en las ciudades de La Paz y El Alto es donde se ve este problema con frecuencia, no así en las otras ciudades del país, porque los transportistas de esta región objetan una y mil excusas a momento de cargar combustible a sus vehículos cuando llevan pasajeros, sin embargo, la norma esta vigente.
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