Al conmemorarse dos años de la nacionalización de los hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aún no logró establecer un equipo sólido de profesionales con experiencia para dirigir la industria petrolera los próximos 30 años —tiempo en el que se ejecutarán los contratos de operación— y superar la burocracia que la se envuelve.
Ésa es la percepción de tres expertos en el área, luego de identificar los problemas que tuvo la empresa para asumir el control de la cadena productiva (exploración, explotación, transporte, comercio e industrialización), tal como estableció el Decreto Supremo 28701 de nacionalización, dictado el 1 de mayo de 2006.
Debido a que la petrolera estatal no logró cumplir esas metas, faltaron diésel y gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado interno. Además incidió en que Bolivia no pueda cumplir los compromisos de suministro de gas natural a Argentina.
Sin embargo, ejecutivos de la petrolera estatal aseguraron que la compañía está en un proceso de reingeniería, camino a convertirse en una empresa corporativa, líder del sector y que esas fallas serán revertidas de forma paulatina.
Para eso, por ejemplo, recordaron que Yacimientos inició un proceso de contratación pública de personal. Además, revelaron que tramitan ante firmas internacionales de prestigio la adquisición de un sistema informático de avanzada, aplicado en otras petroleras de la región, para agilizar las actividades y los procesos que requiere el sector.
A esas iniciativas se suma la implementación de los servicios de una consultora europea, experta en gobiernos corporativos, para que capacite a todos los funcionarios.
Yacimientos aplicará esos procesos en el marco del decreto de nacionalización y de los que el Gobierno aprobó el 9 de abril, que convierten a la petrolera en una empresa corporativa, facultada para asociarse con otras firmas, con el fin de operar en toda la cadena productiva.
Podrá acelerar también las contrataciones de bienes y servicios sin necesidad de cumplir la Ley Safco, que impone plazos.
Según Enrique Martínez, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, YPFB es una empresa burocrática, ya que los trámites de importación de diésel demoran entre 15 y 20 días, cuando la necesidad del mercado es inmediata.
Ariel Aparicio, miembro de la Cámara del Chaco tarijeño, aseguró que su sector “está paralizado desde diciembre porque YPFB no le está facturando”. “Mientras no se tenga una orden (de YPFB) para recoger los volúmenes, nosotros no hacemos nada… Estamos a la espera”.
La situación de las estaciones de servicio es la misma. Germán Bojanic, representante del surtidor Kantutani, uno de los más grandes de La Paz, contó que YPFB factura únicamente en Senkata y que ellos tienen que madrugar y hacer fila para esto. Antes, dijo, los mayoristas habilitaban cuentas en cualquier banco para agilizar los trámites.
Hugo del Granado, ex ejecutivo de la petrolera; Guillermo Torres, ex ministro de Hidrocarburos, y Hugo de la Fuente, ex superintendente del ramo, coincidieron en que muchas de las fallas en la empresa se derivaron de la falta de personal idóneo.
También compartieron la idea de que la empresa se politizó y demostró mucha inestabilidad en los puestos jerárquicos.
La petrolera tuvo ya cuatro presidentes ejecutivos continuos: Jorge Alvarado, Juan Carlos Ortiz, Manuel Morales Olivera, Guillermo Aruquipa, y recientemente fue designado el ex presidente del Senado Nacional y hombre fuerte del oficialista MAS Santos Ramírez.
Para los expertos, una clara falta de criterio la demostró Guillermo Aruquipa, quien en lugar de trabajar en la parte estructural de la empresa se ocupó de entregar personalmente garrafas de GLP a las amas de casa de La Paz y Santa Cruz.
Aruquipa, un licenciado en Informática que no tenía experiencia en el sector, llevó a YPFB a sus ex colaboradores en el Senado Édgar Trujillo, ex secretario de Hacienda del Sindicato de Choferes de Villa Victoria, para que asumiera como Gerente Nacional de Finanzas de la petrolera, y Sabino Carme, como jefe de Recursos Humanos.
La Federación de Trabajadores de YPFB denunció que Aruquipa bajó de rango a los profesionales destacados, de jefes a técnicos de base, y otros fueron “confinados a lugares alejados”, como de Santa Cruz a Potosí.
La Federación de Trabajadores Petroleros denunció que, por esos cambios, una estación de servicios explotó en Potosí, ya que era operada por campesinos.
Los ejecutivos de YPFB no se refirieron a ese caso, pero explicaron que todas las personas tienen derecho al trabajo.
De acuerdo con las planillas de personal eventual que emitió la Dirección de Recursos Humanos de la empresa y a las accedió La Prensa, 92 de 288 personas ingresaron con convocatoria entre noviembre y diciembre de 2007, 193 fueron incorporadas directamente, y tres, designadas “por la dirección” (no precisa a cuál se refiere).
Otros documentos prueban que MAS Petrol, grupo afín al oficialista MAS, metió 17 personas en Yacimientos.
La estatal tiene varias deudas
Según Hugo del Granado, ex ejecutivo de la petrolera, todavía no ha ocurrido “ninguna refundación” de la petrolera. “La empresa está sin poder arrancar, no hay capacidad de gestión y, lo más importante, contrajo deudas con Venezuela por la importación del diésel, con las empresas petroleras por concepto de costos recuperables (gastos operativos) y otras con la Aduana y el mismo Tesoro General de la Nación”. No pudo precisar los montos, pero aseguró que eran millonarios.
Fuentes del ramo informaron que la estatal adeuda a las compañías unos 300 millones de dólares por costos recuperables, cuando la empresa estima que sólo tiene pendientes por 10 millones.
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente informó que YPFB tiene millonarios compromisos con la empresa Gas Trans Boliviano (GTB), que opera el gasoducto a Brasil. La petrolera estatal dijo que concilia cuentas y otras son de 1995.
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