El monto total adeudado es de $us 515.273 por 10 meses de transporte
• El Ministerio de Hidrocarburos argumenta que carecen de autorización de la ‘Súper’
• Buscan alternativas de solución, pero en ellas no está el pago por parte de YPFB
• Cívicos porteños se encuentran en estado de alerta por resolución de diferencias
La fronteriza localidad de Puerto Suárez, así como la de Puerto Quijarro, ven en riesgo su provisión normal de energía eléctrica, ya que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), adeuda desde marzo del año pasado la suma de 515.273 dólares a Petrobras Transporte Bolivia (PTB), por el servicio de transporte de gas natural con destino a la generación térmica.
En efecto, una carta enviada por PTB a la Superintendencia de Hidrocarburos da cuenta que dicha empresa tiene el deseo de continuar la normal provisión de gas a los municipios de Puerto Suárez y Quijarro a través de los clientes Termoeléctrica CRE y empresa Gravetal, “bajo el principio de continuidad establecido en la ley”.
Sin embargo, también da cuenta que en marzo del 2007 recibieron la solicitud de YPFB para enviar una propuesta de Contrato de Transporte de acuerdo al nuevo marco legal que establece que es el único usuario o cargador de los ductos operados por PTB.
Sin embargo, PTB solicitó que previamente se honre los pagos por el transporte de gas, pero en abril se ratificó que el envío del Contrato de Transporte quedaba en statuo quo.
Luego de un intercambio de correspondencia, YPFB comunicó formalmente que se encuentra imposibilitada de realizar el pago por los servicios de transporte sin que exista una autorización del Ministerio de Hidrocarburos.
Finalmente, se conoció que YPFB ha manifestado que se encuentran imposibilitados de realizar ese pago que podría generar problemas para la estatal.
En ese entendido, PTB ha hecho conocer que la deuda de los 515.273 dólares la deja “expuesta a la quiebra técnica”, al haber superado las pérdidas más del 50 por ciento del patrimonio de la sociedad.
De la misma manera, da cuenta que se expone a “un paro operativo”, toda vez que no cuenta con el flujo de efectivo para mantener el servicio de transporte.
Posición oficial
En conferencia de prensa, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas Quiroga, afirmó que efectivamente estaría pendiente de pago una deuda por transporte de gas con destino a la generación termoeléctrica en esas poblaciones fronterizas, pero al mismo tiempo dejó abiertas algunas interrogantes respecto a la legalidad de ese servicio y el elevado monto que implica ese servicio.
En ese marco, sostuvo que efectivamente PTB opera ese gasoducto y que el mismo en el momento no sería rentable debido al escaso volumen que transporta, así como que existiría un “canon de alquiler” que no fue autorizado por la Superintendencia del sector, situación que deja en entredicho la situación de la transportadora brasileña.
“No está contemplado en la regulación boliviana (el canon), se estableció sin autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos”, dijo el Ministro de Hidrocarburos.
En ese sentido, al considerar el Gobierno boliviano que se trata de un “costo elevado” el mismo será sometido a análisis; para lo cual han solicitado de Petrobras-Bolivia sus Estados Financieros “para conocer el costo real de funcionamiento”
No obstante, al ministro Villegas argumentó que están en “conversaciones” y entre las alternativas “viables” se halla establecer una “tarifa de transporte”, pero bajo costos reales regulado por la Superintendencia de Transportes.
De la misma manera, el Ministro de Hidrocarburos, ante una eventual interrupción del suministro, advirtió que esa provisión de gas con destino a la frontera con Brasil es considerada “un servicio público” que no puede ser suspendido so pena de aplicar la Ley en estas situaciones.
PTB
En Petrobras-Transporte efectivamente reconocen que se trata de “un tramo pequeño y de un tubo ancho” y que, en consecuencia, el Gobierno debería pensar en incorporarlo a todo el sistema tarifario para ponerle punto final a esta polémica causada –en criterio de la empresa– por el desconocimiento del sistema de transporte y sus sistema de tarifas, que es en dólares.
“Deberían comprarlo y se acabó, y no hacerse más líos. O que lo nacionalicen y vean la forma en que lo van a pagar. Además, como está el decreto de Nacionalización y todo es del Estado, entonces que procedan, lo ponen dentro del sistema tarifario y se acabó”, afirmó una fuente de esa empresa.
Cívicos
Por su parte, Antonio Tudela, del Comité Cívico de la Provincia Germán Busch, del departamento de Santa Cruz de la Sierra, afirmó que los pobladores de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, no pueden ser víctimas de las imprevisiones del Gobierno ni tampoco de las exigencias de la empresa PTB.
“Que la empresa no nos amenace ni el Gobierno sea pasivo. Los perjudicados somos nosotros, no sabemos el tratamiento que ha tenido la empresa para la provisión de gas en anteriores gestiones gubernamentales, nos estamos desayunando creyendo que esa es una empresa transportadora para suministros de la Cooperativa Rural Eléctrica (CRE), creíamos que era otra. Nos ha caído como un balde a de agua fría”, dijo Tudela en contacto con este matutino.
De esa manera explicó que ellos no pueden ser los perjudicados por los desentendimientos actuales existentes entre YPFB y Petrobras Transporte Boliviano.
Según se conoció, PTB luego de la Nacionalización de los Hidrocarburos decidió suspender la subvención que otorgaba a YPFB en el transporte de gas con destino a la generación eléctrica en la frontera.
En ese entendido, el Comité Cívico antes mencionado anunció que este martes 21 realizará una reunión con todos sus miembros para analizar la actual situación y no permitir el corte de suministro, toda vez que en esa frontera se instalará el futuro polo de desarrollo en la industrialización del hierro de El Mutún.
• El Ministerio de Hidrocarburos argumenta que carecen de autorización de la ‘Súper’
• Buscan alternativas de solución, pero en ellas no está el pago por parte de YPFB
• Cívicos porteños se encuentran en estado de alerta por resolución de diferencias
La fronteriza localidad de Puerto Suárez, así como la de Puerto Quijarro, ven en riesgo su provisión normal de energía eléctrica, ya que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), adeuda desde marzo del año pasado la suma de 515.273 dólares a Petrobras Transporte Bolivia (PTB), por el servicio de transporte de gas natural con destino a la generación térmica.
En efecto, una carta enviada por PTB a la Superintendencia de Hidrocarburos da cuenta que dicha empresa tiene el deseo de continuar la normal provisión de gas a los municipios de Puerto Suárez y Quijarro a través de los clientes Termoeléctrica CRE y empresa Gravetal, “bajo el principio de continuidad establecido en la ley”.
Sin embargo, también da cuenta que en marzo del 2007 recibieron la solicitud de YPFB para enviar una propuesta de Contrato de Transporte de acuerdo al nuevo marco legal que establece que es el único usuario o cargador de los ductos operados por PTB.
Sin embargo, PTB solicitó que previamente se honre los pagos por el transporte de gas, pero en abril se ratificó que el envío del Contrato de Transporte quedaba en statuo quo.
Luego de un intercambio de correspondencia, YPFB comunicó formalmente que se encuentra imposibilitada de realizar el pago por los servicios de transporte sin que exista una autorización del Ministerio de Hidrocarburos.
Finalmente, se conoció que YPFB ha manifestado que se encuentran imposibilitados de realizar ese pago que podría generar problemas para la estatal.
En ese entendido, PTB ha hecho conocer que la deuda de los 515.273 dólares la deja “expuesta a la quiebra técnica”, al haber superado las pérdidas más del 50 por ciento del patrimonio de la sociedad.
De la misma manera, da cuenta que se expone a “un paro operativo”, toda vez que no cuenta con el flujo de efectivo para mantener el servicio de transporte.
Posición oficial
En conferencia de prensa, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas Quiroga, afirmó que efectivamente estaría pendiente de pago una deuda por transporte de gas con destino a la generación termoeléctrica en esas poblaciones fronterizas, pero al mismo tiempo dejó abiertas algunas interrogantes respecto a la legalidad de ese servicio y el elevado monto que implica ese servicio.
En ese marco, sostuvo que efectivamente PTB opera ese gasoducto y que el mismo en el momento no sería rentable debido al escaso volumen que transporta, así como que existiría un “canon de alquiler” que no fue autorizado por la Superintendencia del sector, situación que deja en entredicho la situación de la transportadora brasileña.
“No está contemplado en la regulación boliviana (el canon), se estableció sin autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos”, dijo el Ministro de Hidrocarburos.
En ese sentido, al considerar el Gobierno boliviano que se trata de un “costo elevado” el mismo será sometido a análisis; para lo cual han solicitado de Petrobras-Bolivia sus Estados Financieros “para conocer el costo real de funcionamiento”
No obstante, al ministro Villegas argumentó que están en “conversaciones” y entre las alternativas “viables” se halla establecer una “tarifa de transporte”, pero bajo costos reales regulado por la Superintendencia de Transportes.
De la misma manera, el Ministro de Hidrocarburos, ante una eventual interrupción del suministro, advirtió que esa provisión de gas con destino a la frontera con Brasil es considerada “un servicio público” que no puede ser suspendido so pena de aplicar la Ley en estas situaciones.
PTB
En Petrobras-Transporte efectivamente reconocen que se trata de “un tramo pequeño y de un tubo ancho” y que, en consecuencia, el Gobierno debería pensar en incorporarlo a todo el sistema tarifario para ponerle punto final a esta polémica causada –en criterio de la empresa– por el desconocimiento del sistema de transporte y sus sistema de tarifas, que es en dólares.
“Deberían comprarlo y se acabó, y no hacerse más líos. O que lo nacionalicen y vean la forma en que lo van a pagar. Además, como está el decreto de Nacionalización y todo es del Estado, entonces que procedan, lo ponen dentro del sistema tarifario y se acabó”, afirmó una fuente de esa empresa.
Cívicos
Por su parte, Antonio Tudela, del Comité Cívico de la Provincia Germán Busch, del departamento de Santa Cruz de la Sierra, afirmó que los pobladores de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, no pueden ser víctimas de las imprevisiones del Gobierno ni tampoco de las exigencias de la empresa PTB.
“Que la empresa no nos amenace ni el Gobierno sea pasivo. Los perjudicados somos nosotros, no sabemos el tratamiento que ha tenido la empresa para la provisión de gas en anteriores gestiones gubernamentales, nos estamos desayunando creyendo que esa es una empresa transportadora para suministros de la Cooperativa Rural Eléctrica (CRE), creíamos que era otra. Nos ha caído como un balde a de agua fría”, dijo Tudela en contacto con este matutino.
De esa manera explicó que ellos no pueden ser los perjudicados por los desentendimientos actuales existentes entre YPFB y Petrobras Transporte Boliviano.
Según se conoció, PTB luego de la Nacionalización de los Hidrocarburos decidió suspender la subvención que otorgaba a YPFB en el transporte de gas con destino a la generación eléctrica en la frontera.
En ese entendido, el Comité Cívico antes mencionado anunció que este martes 21 realizará una reunión con todos sus miembros para analizar la actual situación y no permitir el corte de suministro, toda vez que en esa frontera se instalará el futuro polo de desarrollo en la industrialización del hierro de El Mutún.
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